España sufre condenas internacionales por 1.000 millones por el recorte a renovables

España es desde hace años el país con más litigios en tribunales internacionales del planeta. Acumula un total de 52 procedimientos arbitrales en diferentes instancias (el Ciadi del Banco Mundial, la Cámara de Comercio de Estocolmo, Uncitral de la ONU…). Y la inmensa mayoría de las demandas, hasta un total de 46, tienen su origen en el recorte de la retribución de las energías renovables ejecutado por el Gobierno español hace un lustro.

De todos los procesos iniciados, quince litigios se han cerrado ya. Dos los ha ganado el Estado español (contra Charanne e Isolux), uno se cerró por desistimiento del demandante (Solarpark) y en doce se han impuesto las compañías o fondos de inversión extranjeros que denunciaron al Reino de España por los recortes a las retribuciones previstas para sus instalaciones de renovables en el país.

[infogram id="1a93770c-7da6-47e4-8494-f1d194b84091" prefix="Uo0" format="interactive" title="laudes-internacionales-ya-resueltos"]

España acumula conjuntamente por 10 de estos 12 litigios perdidos indemnizaciones por casi 823 millones de euros y 25,5 millones más en concepto de costas o pagos de los servicios jurídicos contratados por los demandantes, en total cerca de 850 millones, según los registros del Ministerio de Justicia y del propio Ciadi.

Hay otros dos laudos arbitrales desfavorables de los que aún no se conoce la cuantía de la indemnización. Uno de los últimos litigios perdidos por España fue ante el fondo Infrared Enviromental Involving, que reclamaba 92 millones pero el importe de la compensación finalmente conseguida no ha trascendido.

Asimismo, un vehículo inversor de Deutsche Bank (RREEF) reclama 441 millones de euros de compensación y el Ciadi le ha dado parcialmente la razón, sin que haya fijado de momento el importe final. Fuentes jurídicas y del sector energético anticipan que la indemnización a estos fondos alemanes se situará en el entorno de los 150 de euros. En total, las multas impuestas al Estado español por los casos perdidos se situarían potencialmente por encima de los 1.000 millones.

España, de momento, no paga

La Abogacía del Estado española y los bufetes externos contratados han conseguido rebajar la factura enormemente, ya que los quince litigios ya resueltos reclamaban conjuntamente algo más de 2.300 millones de euros.

Hasta ahora España ha perdido los laudos arbitrales que le enfrentaban con Nextera (290 millones), Eiser (128 millones), Antin (101 millones), Masdar (64,5 millones), Novenergia (53,3 millones), 9REN (41,7 millones), Greentech (39 millones), Operafund (30 millones), SolEs Badajoz (41 millones) y Cube y Demeter (33,7 millones), además de los de Infrared y RREEF aún con cuantías por hacerse públicas o por establecerse, respectivamente.

España, en cualquier caso, maniobra para salvarse de este aluvión de indemnizaciones. La estrategia legal del Gobierno pasa ahora por reclamar la anulación de los pagos y de todos los procesos agarrándose a una decisión de Bruselas que obligaría a que los casos pasen sólo por el Tribunal de Justicia de la UE.

La Comisión Europea ha declarado ilegales los laudos que son resultado de acuerdos arbitrales bilaterales entre países miembros de la UE por ser contrarios al derecho comunitario y estudia también tumbar los que tienen su origen en compañías de países no comunitarios. Y a eso se agarra el Gobierno español para frenar el impacto millonario de los litigios. Los resueltos y, sobre todo, los que aún están por resolverse.

Otros 7.300 millones reclamados

España aún tiene pendientes 32 procedimientos de arbitraje internacional por el recorte a las renovables. El Estado español se enfrenta a reclamaciones de indemnizaciones que entre todos estos casos alcanzan los 7.378 millones de euros, según un informe del Gobierno.

Además, la  cifra de indemnizaciones reclamadas crecerá en breve porque Ministerio de Justicia aún desconoce la compensación reclamada por los inversores en algunas de las últimas demandas tramitadas en el Ciadi (la de la luxemburguesa Canepa y la de la belga Sapec).

Casi la mitad del montante total exigido por los denunciantes, se concentra en dos únicos litigios en los que los inversores han elevado la indemnización reclamada. The PV Investors –que agrupa a 88 demandantes de Alemania, Holanda, Luxemburgo y también España- ha elevado la compensación que exige en Uncitral hasta los 1.900 millones de euros.

Y la española Abengoa, que ha presentado una demanda contra el Reino de España en el Ciadi a través de su filial instrumental lusemburguesa CSP Equity Investment, también ha disparado la indemnización reclamada y ya se sitúa en los 1.505 millones, frente a la petición inicial de 840 millones, como desveló El Independiente.

Los recortes

El último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya inicio el recorte de las ayudas a las energías renovables cuando se vio desbordado por el boom de plantas al calor de las subvenciones. Pero fue el primer Gobierno de Mariano Rajoy el que ejecutó una durísima reforma energética y asestó un auténtico hachazo a las subvenciones que recibían las energías verdes.

El entonces Ministerio de Industria, comandado por José Manuel Soria, acabó con el sistema de ayudas verdes que existía (que daba subvenciones en función de la energía que se producía) para reconvertirlo en una garantía de una “rentabilidad razonable” a los proyectos durante toda su vida. El resultado: un hachazo de unos 1.700 millones de euros al año a las subvenciones que cobraban las renovables.

El recorte fue el detonante que desató un aluvión de demandas en instancias internacionales de inversores que contaban con las ayudas que el Estado español les había garantizado durante 25 años. Ahora las demandas siguen sumándose, a modo de goteo, y la factura puede acabar siendo milmillonaria.