El litigio dura ya más de seis años. Abengoa presentó en 2013 una demanda ante la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC) contra el Reino de España por el impacto en su negocio del recorte a la retribución de las renovables que aprobó un año antes el Gobierno de Mariano Rajoy en plena crisis económica.

En este tiempo, Abengoa ha ido redoblando su órdago contra el Estado español y ha elevado en varias ocasiones la cuantía de la indemnización reclamada por el agujero generado en la compañía por el cambio legislativo. El grupo inicialmente solicitaba una indemnización de 840 millones de euros. Ahora ha elevado la compensación solicitada hasta los 1505,7 millones de euros, tal y como adelantó El Independiente.

Ahora Abengoa cambia de estrategia y opta por hacer caja sin esperar a que se resuelva el litgio. La compañía sevillana ha alcanzado un principio de acuerdo con varios fondos de inversión para la venta de una participación en el arbitraje interpuesto contra España. El acuerdo no será definitivo hasta conseguir el permiso de los acreedores de la propia Abengoa.

El importe inicial del acuerdo es de 75 millones de euros  como una parte de los derechos de crédito que pudieran surgir de la demanda a favor de la compañía en caso de una sentencia favorable. Un importe inicial al que se sumarían cantidades adicionales en función del importe cobrado del arbitraje.

Abengoa instó en 2013 la apertura de un arbitraje internacional, una vía reservada sólo para compañías o fondos de inversión extranjeros y no para españolas, que deben recurrir a los tribunales nacionales. Pero el grupo sevillano utilizó para presentar la demanda ante la SCC una filial luxemburguesa –CSP Equity Investment-, que era la titular formal de varias plantas termosolares ubicadas en España.

La compañía sevillana, que cuenta en el litigio con el asesoramiento del despacho Cuatrecasas, entregó hace cuatro meses al tribunal de arbitraje un último escrito de réplica con nuevos datos periciales sobre el impacto en sus cuentas y sobre los intereses de demora aplicables, que le lleva a disparar la indemnización reclamada hasta casi el doble de la que solicitó en un principio.

La luxemburguesa CSP Equity Investment, propiedad al 100% de Abengoa, era titular de varias instalaciones de energía termosolar en España: Helioenergy 1 y 2, Solacor 1 y 2, y Solaben 2 y 3. Abengoa llegó a denunciar directamente haber sufrido una “expropiación” de su negocio termosolar como consecuencia de la reforma eléctrica emprendida por el Gobierno de Rajoy, según se recogía en informes remitidos a Wall Street.

España es desde hace años el país con más litigios en tribunales internacionales del planeta. Acumula un total de 52 procedimientos arbitrales en diferentes instancias (el Ciadi del Banco Mundial, la Cámara de Comercio de Estocolmo, Uncitral de la ONU…). Y la inmensa mayoría de las demandas, hasta un total de 46, tienen su origen en el recorte de la retribución de las energías renovables ejecutado por el Gobierno español hace un lustro.

De todos los procesos iniciados, quince litigios se han cerrado ya. Dos los ha ganado el Estado español (contra Charanne e Isolux), uno se cerró por desistimiento del demandante (Solarpark) y en doce se han impuesto las compañías o fondos de inversión extranjeros que denunciaron al Reino de España por los recortes a las retribuciones previstas para sus instalaciones de renovables en el país.

España acumula conjuntamente por 10 de estos 12 litigios perdidos indemnizaciones por casi 823 millones de euros y 25,5 millones más en concepto de costas o pagos de los servicios jurídicos contratados por los demandantes, en total cerca de 850 millones, según los registros del Ministerio de Justicia y del propio Ciadi.

Hay otros dos laudos arbitrales desfavorables de los que aún no se conoce la cuantía de la indemnización. Uno de los últimos litigios perdidos por España fue ante el fondo Infrared Enviromental Involving, que reclamaba 92 millones pero el importe de la compensación finalmente conseguida no ha trascendido.

Asimismo, un vehículo inversor de Deutsche Bank (RREEF) reclama 441 millones de euros de compensación y el Ciadi le ha dado parcialmente la razón, sin que haya fijado de momento el importe final. Fuentes jurídicas y del sector energético anticipan que la indemnización a estos fondos alemanes se situará en el entorno de los 150 de euros. En total, las multas impuestas al Estado español por los casos perdidos se situarían potencialmente por encima de los 1.000 millones.

La Abogacía del Estado española y los bufetes externos contratados han conseguido rebajar la factura enormemente, ya que los quince litigios ya resueltos reclamaban conjuntamente algo más de 2.300 millones de euros.

Hasta ahora España ha perdido los laudos arbitrales que le enfrentaban con Nextera (290 millones), Eiser (128 millones), Antin (101 millones), Masdar (64,5 millones), Novenergia (53,3 millones), 9REN (41,7 millones), Greentech (39 millones), Operafund (30 millones), SolEs Badajoz (41 millones) y Cube y Demeter (33,7 millones), además de los de Infrared y RREEF aún con cuantías por hacerse públicas o por establecerse, respectivamente.

España, en cualquier caso, maniobra para salvarse de este aluvión de indemnizaciones. La estrategia legal del Gobierno pasa ahora por reclamar la anulación de los pagos y de todos los procesos agarrándose a una decisión de Bruselas que obligaría a que los casos pasen sólo por el Tribunal de Justicia de la UE.

La Comisión Europea ha declarado ilegales los laudos que son resultado de acuerdos arbitrales bilaterales entre países miembros de la UE por ser contrarios al derecho comunitario y estudia también tumbar los que tienen su origen en compañías de países no comunitarios. Y a eso se agarra el Gobierno español para frenar el impacto millonario de los litigios. Los resueltos y, sobre todo, los que aún están por resolverse.

España aún tiene pendientes 32 procedimientos de arbitraje internacional por el recorte a las renovables. El Estado español se enfrenta a reclamaciones de indemnizaciones que entre todos estos casos alcanzan los 7.378 millones de euros, según un informe del Gobierno. Además, la  cifra de indemnizaciones reclamadas crecerá en breve porque Ministerio de Justicia aún desconoce la compensación reclamada por los inversores en algunas de las últimas demandas tramitadas en el Ciadi (la de la luxemburguesa Canepa y la de la belga Sapec).