La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) estudia desde hace semanas varias denuncias recibidas sobre presuntas irregularidades en el sector del transporte de viajeros por carretera, singularmente en la gestión de los concursos de concesiones públicas de líneas de autobús tanto del Gobierno central como de varias comunidades autónomas.

Se trata de seis denuncias presentadas por Eurorutas, un grupo que integra a 80 empresas de autobús de toda España, entre los meses de julio y septiembre para frenar “prácticas que tienen severas repercusiones muy negativas para el sector y que atentan frontalmente contra el libre mercado”, sostienen los denunciantes.

Las compañías, que comparten accionariado en Eurorutas, se quejan de la discrecionalidad y la falta de transparencia en los criterios utilizados para la concesión de líneas de autobús por las administraciones. Tras varias anulaciones de concursos por la justicia, el Ministerio de Fomento ha elaborado nuevos pliegos para utilizar en los concursos en los que, según se recoge en una de las denuncias, persiste la “ausencia de criterios previos, objetivos, claros y uniformes”, lo que provoca “arbitrariedades” en la aceptación o rechazo de ofertas por parte de las compañías transportistas.

En este sentido, las empresas advierten de que los nuevos pliegos recién elaborados por el Ministerio de Fomento imponen barreras de acceso desproporcionadas como exigir tres años de experiencia previos, atribuyen escaso peso al precio ofrecido por las compañías, no dividen las concesiones en lotes…

Además, Eurorutas denuncia que una vez adjudicadas las líneas la organización del sistema de concesiones incluye “directos y frontales atentados contra la libre competencia”, como las continuas prórrogas de las concesiones, que las adjudicatarias de concursos anulados han seguido explotando las líneas, que durante la última década no se han licitado los servicios por el Gobierno según orden de fecha de vencimiento…

Asimismo, se advierte de presuntas irregularidades en la gestión del transporte urbano al incluir restricciones a la competencia por las exigencias contempladas en los concurso, singularmente la experiencia previa durante un determinado número de años, lo que impide la entrada de nuevos actores y hace que un “número reducidísimo de empresas puedan participar en las licitaciones públicas, repartiéndose el mercado”. Y Eurorutas considera ilegal que los ayuntamientos otorgue licencias en exclusiva para explotar autobuses turísticos panorámicos y trenes turísticos, lo que crea una sutiación “cuasi-monopolística”.

En paralelo, en otra de las denuncias se desvelan presuntas irregularidades del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid por pretender de manera “ilícita” prorrogar a final de este año varias concesiones y mantener a sus adjudicatarios al frente. Y también denuncia la decisión del Principado de Asturias de ampliar los plazos concesionales de los servicios públicos interurbanos y de prorrogar las concesiones pese a estar caducadas. Unas concesiones que “nunca han salido a concurso público y son sustancialmente idénticas a las ya explotadas en 1947”, se quejan las compañías.

Otro asunto denunciado ante la CNMC se refiere a la gestión y explotación de las propias estaciones de autobuses e intercambiadores de titularidad pública, en relación al incumplimiento generalizada de los adjudicatarios de las condiciones exigidas por contrato, a la disparidad no justificada entre  las tasas de las diferentes estaciones, lo elevado de esas tasas o situaciones en que el gestor de la estación es también una compañía de autobús con el consiguiente conflicto de interés.

Eurorutas sostiene que ha presentado esta batería de denuncias ante la CNMC -que de momento sólo estudia las denuncias, pero no ha abierto formalmente expediente para investigar estas prácticas en profundidad- por la “cuasi-absoluta pasividad” del resto de compañías del sector y de la patronal Confebús ante estas irregularidades. “La patronal del sector jamás ha hecho nada contra esta situación que es insostenible”, se queja Adoración Navarro, asesora jurídica de Eurorutas. “Nadie protege a estas compañías, así que tienen que protegerse ellas mismas”.