Airbnb es un auténtico gigante del alquiler turístico mundial y en España es, con mucho la mayor plataforma de alquiler de intermediación online entre dueños de pisos y turistas, controlando cerca del 80% del negocio. La compañía cobra comisión tanto a los propietarios de las casas como los viajeros, pero de cada a la Hacienda española ese negocio no existe y a efectos fiscales en nuestro país es apenas una empresa mediana.

Airbnb al propietario del piso turístico una comisión del 3% del importe del alquiler y a los inquilinos les aplica otra comisión de entre el 6% y el 15% en función de la duración de la estancia. En España la plataforma comercializa más de 200.000 alojamientos y gestiona las reservas de más de 5,5 millones de turistas al año y su actividad no ha dejado de crecer en los últimos años en pleno boom del turismo.

Pero la Hacienda de España no ve nada del enorme negocio, porque la compañía traslada esos ingresos a su matriz central para Europa, con sede en Irlanda, donde se beneficia de las ventajas fiscales que el país ofrece a las multinacionales. Airbnb sólo tiene en España una filial que se encarga de realizar labores de marketing y publicidad para la matriz irlandesa y para la corporación global.

Airbnb Marketing Services SL, con sede en Barcelona, no tiene a efectos fiscales ninguna actividad relacionada con el alquiler turístico. La plataforma online desembarcó en España en 2012 con la constitución de esa filial y desde entonces el pago acumulado en impuestos es más que modesto.

En los siete años transcurridos, gracias a su estrategia de ingeniería fiscal, Airbnb sólo ha pagado en estos siete años 452.850 euros en concepto de impuesto de sociedades y ha declarado un beneficio acumulado de menos de un millón de euros (en concreto, 996.800 euros en siete ejercicios), según las cuentas depositadas por la compañía en el Registro Mercantil.

El año pasado, la filial española de Airbnb obtuvo un beneficio neto el pasado año de 263.572 euros, un 23% más que en el año anterior. La compañía declaró unos ingresos de 5,61 millones de euros, creciendo casi en la misma proporción que la facturación, un 22% más. La inmensa mayoría de esos ingresos procede de los servicios de marketing prestados a su matriz irlandesa Airbnb Holding LLC.

La aportación directa de la filial local de Airbnb a las arcas públicas españolas en 2018 se limita, según la memoria de resultados, al pago de 86.226 euros en concepto de Impuesto de Sociedades en el ejercicio. Una discreta factura fiscal fruto de una estructura societaria que le permite trasladar el grueso de los ingresos reales del grupo a otro país. Una estrategia de optimización fiscal que una de las razones que esgrime el propio Ministerio de Hacienda para defender la creación de la denominada tasa Google para gravar determinados servicios digitales y hacer que los gigantes tecnológicos tributen allá dónde operan.

Airbnb, agencia de publicidad

Según las cuentas anuales de la compañía española, su objeto social “se limita a prestar servicios de marketing y de objetivos de mercado”. De hecho, para dejar claro que la labor de la filial española es puramente la de ayudar en labores publicitarias,  en enero de 2015 el grupo cambió la denominación de la empresa para dejar claro su labor.

La redenominación social se hizo “para evitar generar confusión en el mercado en relación con el objeto social y actividad de la compañía, que no está relacionada con la gestión de plataformas ni con la prestación de servicios online, sino, única y exclusivamente, con la prestación de servicios de marketing y análisis de mercados”, subraya el grupo en su memoria.

Con esta estructura societaria, la compañía ha conseguido trasladar los ingresos millonarios obtenidos por las comisiones del alquiler de viviendas durante los años del boom del turismo en España. Desde la compañía siempre se ha insistido que “cumple con la regulación y paga los impuestos correspondientes en los lugares donde opera. La oficina en España ofrece servicios de marketing y paga todos los impuestos aplicables, incluido el IVA”. Y es que su estrategia fiscal en efecto es plenamente legal.

Airbnb defiende que la mayor parte de los ingresos del alquiler turístico van parar a las personas y comunidades locales, que ya están sujetas a impuestos locales y tributan en el país. El argumento es que los ingresos de Airbnb vía comisión se centralizan en otro país (hasta un máximo del 18% del importe del alquiler), pero el 82% restante que se queda en manos del dueño del piso sí tributa en España.