El Gobierno tiene que fijar antes de que acabe este año la retribución que cobrarán las instalaciones de energías renovables entre 2020 y 2025 para garantizar una rentabilidad razonable protegida por ley.

La situación de bloqueo político, con un Ejecutivo eternamente en funciones y la convocatoria de nuevas elecciones para el 10-N, ha dejado en punto muerto la aprobación del nuevo marco regulatorio y está desatando una ola de incertidumbre en el sector sobre qué panorama van a encontrarse las compañías el próximo 1 de enero.

Y es que todo son dudas acerca de qué sucederá si el Gobierno no saca adelante una norma con rango de ley estableciendo la nueva rentabilidad razonable para las renovables. Las asociaciones empresariales del sector y el propio Ministerio para la Transición Ecológica han solicitado informes jurídicos sobre cómo quedaría la retribución de las plantas si no se aprueba el cambio legal, para saber si se mantendría como hasta ahora o si sufriría un drástico recorte de los pagos a las renovables.

Dudas e incertidumbre en el Gobierno. Dudas e incertidumbre en el sector. La rentabilidad razonable de las renovables está fijada actualmente en el 7,39% y ahora toca revisarla para los próximos seis años. Una rentabilidad que es resultado de sumar el interés del bono español a diez años más 300 puntos básicos. A la espera de los informes jurídicos, aún se desconoce si se mantendría en ese 7,39% sin cambios o si se hundiría hasta el entorno del 4,5% por la caída del interés de los bonos estatales.

Varios informes de despachos de abogados encargados por asociaciones empresariales renovables apuntan a que, si el Gobierno no aprueba la nueva retribución, se mantendría en el 7,39% actual durante los próximos seis años. La Abogacía del Estado sostenía, en informes encargados por el anterior Gobierno comandado por Mariano Rajoy, que si el Ejecutivo no actuaba la rentabilidad razonable de las instalaciones de energía verde automáticamente se reduciría por caída del bono de deuda pública española.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya empezó a finales del año pasado a tramitar un anteproyecto de ley en el que se recogía una ligera rebaja de la rentabilidad de las plantas renovables desde el 7,39% actual hasta el 7,09% en los próximos años. Pero lo que era más importante para los empresarios era que a las instalaciones que ya se vieron afectadas por los recortes del Gobierno de Rajoy, en 2013, se les mantenía congelada y sin cambios la retribución actual.

La rentabilidad del 7,4% se mantendría hasta 2031 para evitar más litigios internacionales por el hachazo a las renovables, por el que se acumulan pleitos con inversores internacionales que exigen al Estado español más de 8.000 millones en indemnizaciones. Con la convocatoria de elecciones para el 28-A el anteproyecto de ley quedó en nada y ahora en camino hacia el 10-N sigue congelado.

Ante esta situación, las patronales del sector de renovables exigen al Gobierno que mueva ficha y que apruebe un real decreto ley para establecer la nueva retribución de las plantas hasta 2025. Desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) se reclama  al Ministerio para la Transición Ecológica que lo haga, aún estando en funciones, bajo el amparo de tratarse de una cuestión de “urgente necesidad” al caducar el marco regulatorio en tres meses.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica no se desvelan cuáles son sus planes y no se confirma que vaya a activar el proceso legal para sacar adelante un real decreto ley antes de fin de año. El texto debería ser aprobado por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para salir adelante.

Entre los partidos de oposición, en principio, existe un consenso generalizado para respaldar la nueva remuneración de las renovables, pero en plena disputa electoral el temor a que el Gobierno socialista se apuntara la medida como un tanto propio en campaña deja en el aire el apoyo en el Congreso del decreto, según confirman varias fuentes políticas.

El Gobierno no sólo debe aprobar una norma con rango de ley para fijar la nueva retribución para los próximos seis años, también ha de elaborar una orden ministerial en la que se fije específicamente la retribución para los miles de instalaciones tipo que existen en España en base a la nueva rentabilidad establecida.

Así que, según anticipan desde las empresas renovables, un escenario más que probable es que el Gobierno en funciones actual no apruebe el real decreto ley con la nueva remuneración y que tampoco publique la orden ministerial para cada planta renovable. Con ello, el 1 de enero las instalaciones de energías verdes seguirían cobrando lo mismo que hasta ahora, pero lo estarían cobrando sólo a cuenta.

Y es que, cuando se aprobara la nueva retribución inferior a la actual, las empresas de renovables tendrían que devolver lo ingresado de más en las siguientes liquidaciones de pagos, explican varias fuentes jurídicas. Un escenario que obligaría a un enorme trabajo burocrático en los meses posteriores.

En paralelo, este escenario en que se tuvieran que hacer reliquidaciones posteriores para ajustar lo cobrado de más, provoca inquietud no sólo en los productores de electricidad renovable también en otros agentes del sector.

Desde la Asociación de Representantes en el Mercado Ibérico Eléctrico (Armie) se apunta el temor a que el efecto retroactivo del recorte de la retribución suponga un golpe para las compañías que ejercen de intermediarios para la venta de la electricidad en el mercado mayorista al tener que cargar, en algunas circunstancias, con la diferencia entre una y otra remuneración. Entre los asociados de Armie se encuentran grandes grupos como Cepsa, Engie, Feníe o Gesternova.