El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha pedido este martes "reformas de calado" para garantizar la viabilidad social y financiera del sistema público de pensiones. Y ha advertido de que, "previsiblemente", se requerirán "ajustes" tanto por el lado de los ingresos como de los gastos.

Las advertencias del representante de la institución atañen directamente a una de las medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado sacar adelante: la revalorización de las pensiones teniendo en cuenta la evolución del Índice de precios al consumo (IPC).

Durante su intervención en una jornadas organizadas por BBVA, Arce ha recordado que el sistema de pensiones se enfrenta a corto y largo plazo por su situación deficitaria y la "presión al alza" sobre el gasto en pensiones que ejercerá en las próximas décadas el aumento de la tasa de dependencia, la mayor esperanza de vida y la jubilación de los baby boomers.

En su opinión, las reformas sobre el sistema llevadas a cabo en 2011 y 2013 supusieron un "avance sustancial" para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. No obstante, al haberse suspendido la aplicación de los principales elementos de la reforma de 2013 (el factor de sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones), Arce ve cuestionada la viabilidad financiera del sistema a medio y larzo plazo y cree necesario lograr acuerdos "amplios" para garantizar su viabilidad social.

El director general de Economía y Estadística del Banco de España ha explicado que el déficit de la Seguridad Social en los últimos años se debe fundamentalmente a un aumento "muy significativo" del gasto en pensiones contributivas, desde el 7,4% del PIB en 2007 al 10,6% en 2018.

En este sentido, avisa de que el factor demográfico seguirá presionando al alza el gasto en las próximas décadas, pues la población mayor de 65 años como porcentaje de la población en edad de trabajar aumentará desde el 30% actual hasta una horquilla aproximada del 50-70% en 2050.

"Manteniendo el resto de factores constantes, la evolución demográfica implicaría un aumento del gasto en pensiones de entre 5 y 7,2 puntos del PIB en 2035 y de entre 7,6 y 13,6 puntos del PIB en 2050", ha subrayado.

Incremento del gasto

La suspensión de la fórmula de revalorización de las pensiones introducida en la reforma de 2013 (que limita el alza de las mismas a un 0,25% en situaciones de déficit del sistema como el actual) ha implicado una subida de las pensiones mínimas y no contributivas del 3% en 2018 y 2019, mientras que el resto de las pensiones contributivas se revalorizaron un 1,7% el año pasado y un 1,6% en el ejercicio actual, conforme al IPC previsto.

En ausencia de medidas adicionales, el Banco de España estima que vincular nuevamente las pensiones al IPC aumentará el gasto en, aproximadamente, dos puntos del PIB en 2030 y en más de tres puntos del PIB en 2050.

Arce considera que mejorar la tasas de empleo tendría un recorrido "limitado" a la hora de compensar la presión demográfica hacia el sistema, incluso "en escenarios optimistas". Así, sostiene que una tasa de empleo del 80% en 2050 (ahora es del 61%), reduciría el aumento del gasto en pensiones debido al factor demográfico entre un 43% y un 58%.

En el escenario base de tasa de dependencia de la AIReF, una tasa de empleo del 80% recortaría el gasto en pensiones en cinco puntos, frente al aumento de gasto de 10,2 puntos debido a la demografía. No obstante, para Arce, dada la evolución histórica, una tasa de empleo por encima del 70% "constituye un objetivo ambicioso".

Ajustar la edad de jubilación

El Banco de España defiende que la futura reforma del sistema de pensiones debe sostenerse sobre dos pilares: sostenibilidad financiera y social y contributividad, predictabilidad y transparencia. En este sentido, considera fundamental contar con mecanismos automáticos que garanticen el equilibrio financiero del sistema y que los beneficiarios reciban información clara y detallada sobre sus obligaciones y derechos dentro del sistema para poder hacer planes con suficiente anticipación.

Como alternativas para reforzar la sostenibilidad del sistema, Arce ha apostado de nuevo por valorar la posibilidad de introducir "ajustes" en la edad efectiva de jubilación, que cifra en el entorno de los 64 años. Recuerda además que varios países de la UE han ligado la edad de jubilación a la esperanza de vida, como Italia, Portugal, Dinamarca y Finlandia.

Además, advierte de que suprimir el tope máximo de cotización, aunque sería una medida con un potencial recaudatorio elevado, podría afectar negativamente al empleo y generaría un aumento del gasto en pensiones a futuro salvo que se mantenga el límite impuesto por la pensión máxima, "en cuyo caso el carácter contributivo del sistema se vería minorado".

Arce cree que el aumento impositivo podría ser una alternativa, teniendo en cuenta que las cotizaciones sociales están por encima de la media de la UE, y que el tamaño de los impuestos indirectos es menor. No obstante, avisa de que esta medida podría afectar a toda la población, incluyendo a los propios pensionistas y tendría implicaciones sobre el carácter contributivo del sistema.

En cuanto al modelo de cuentas nocionales, el Banco de España recoce que incorpora algunas ventajas (una relación más estrecha entre cotizaciones y pensiones, mayor transparencia en la determinación de los derechos de pensión), pero advierte de que no elimina por sí mismo "la disyuntiva entre la suficiencia y los recursos disponibles del sistema público de pensiones".

"Los retos del envejecimiento deben afrontarse desde una estrategia amplia que incluya el diseño de un plan de consolidación fiscal a largo plazo; avanzar en reformas estructurales que permitan mejorar el empleo y la productividad; articular políticas que favorezcan la participación laboral, y diseñar políticas de inmigración flexibles y acordes con las necesidades del mercado laboral", ha concluido Arce.