El Gobierno de Canarias tardará un mes en concluir el expediente abierto para investigar apagón total que afectó a Tenerife durante nueve horas el domingo pasado, pero los primeros indicios que ha recabado apuntan que no se trata de "un mero accidente fortuito".

Parece que ha habido "anomalías y deficiencias" en las instalaciones de Red Eléctrica de España y "se aleja" la impresión de que se trata de un "accidente estadístico", ha dicho el portavoz del ejecutivo, Julio Pérez, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

También ha recordado que en función del resultado del expediente, las sanciones pueden ir desde seis hasta sesenta millones de euros.

El Ejecutivo canario ha acordado implantar a partir de ahora un plan de inspección directa sobre el estado de las instalaciones de suministro eléctrico. "El Gobierno de Canarias tiene un enorme disgusto" por el apagón general del domingo en la isla de Tenerife y no está dispuesto a que quede como "una deficiencia admisible que de vez en cuando ocurre", ha enfatizado Julio Pérez, portavoz y consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Por el momento, se ha reclamado tanto a Endesa, responsable de la generación, como a Red Eléctrica, que se ocupa del transporte, toda la documentación sobre la revisión de sus instalaciones y sus planes de mantenimiento.

Red Eléctrica de España reconoció el pasado lunes un fallo en el transformador de tensión en la subestación de Granadilla de Abona que califica de "fortuito", pero considera que no debería ser suficiente para tirar abajo el conjunto del sistema eléctrico de Tenerife. Por su parte, Endesa se ha desmarcado y sostiene que el fallo fue ajeno a esta empresa.

Julio Pérez indicó que incluso en el supuesto de que finalmente se concluyera que todo fue un accidente fortuito, será necesario actuar para que no se repitan episodios como el del 29 de septiembre.