La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso el pasado mayo un multazo a grandes eléctricas por alterar el funcionamiento del mercado eléctrico para elevar el precio de la luz. Un golpe a las compañías tras más de dos años de investigación por parte de los técnicos del organismo.

El supervisor aprobó dos sanciones a Endesa por un importe de 5,8 millones de euros y ocho multas a Naturgy por un valor conjunto de 19,5 millones de euros al considerar probado que ambas compañías manipularon las ofertas de electricidad que presentaron al mercado varias de sus centrales de gas para conseguir acabar cobrando mucho más. Una práctica que acabó provocando un encarecimiento global de la electricidad entre octubre de 2016 y enero de 2017, coincidiendo con un pico de la demanda por una ola de frío.

Las dos compañías siguen desmintiendo los hechos que les imputa la CNMC y ambas han presentado sendos recursos ante la Audiencia Nacional para tumbar las sanciones del supervisor. Y también los dos grupos energéticos solicitaron en los tribunales suspender de manera cautelar la ejecución de las resoluciones de la CNMC y aplazar el pago de las sanciones hasta que los jueces se pronuncien sobre el fondo del caos y decidan sobre el recurso contra todo el expediente.

Pero el resultado para ambas ha sido diferente en la reclamación de estas medidas cautelares. La Audiencia Nacional ha accedido a paralizar el pago de las multas por 19,5 millones que debía afrontar Naturgy y les permite simplemente presentar un aval para garantizar el pago futuro en caso de que finalmente desestime el recurso, según confirman a El Independiente fuentes jurídicas conocedoras del proceso legal.

Sin embargo,  Endesa no se libra de pagar ya las dos multas por 5,8 millones en sanciones que le impuso la CNMC. La sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia, en una sentencia dictada el mes pasado, ha rechazado las medidas cautelares reclamadas por Endesa para posponer el pago de las multas (una de 1,69 millones y otra de 2,2 millones más) y le obliga a que abone ya el importe reclamado a modo de sanción por la CNMC.

Endesa alegaba para conseguir aplazar el abono de las multas que su “muy elevada cuantía” provocaría “graves perjuicios” a las plantas barcelonesas de gas de Besós 3 y Besós 5, las que asumirán formalmente el pago y que –alertaba la compañía- han registrado un resultado negativo de explotación en el primer semestre de este año de 17,7 millones de euros.

La eléctrica advertía, además, de los “efectos irreversibles” para la actividad de ambas plantas ya que la carga de las multas condicionaría sus ofertas en el mercado eléctrico y, en caso de que la Audiencia Nacional acabe tumbando las sanciones, “resultaría imposible volver atrás y hacer generar a centrales que no fueron casadas en el mercado”.

En paralelo, la compañía subraya que la “manifiesta apariencia de invalidez” de las sanciones al considerar que no se puede probar que la compañía manipulara los precios de mercado. La CNMC acusó a la compañía de presentar ofertas desproporcionadas por su alto precio para vender la electricidad de sus centrales en el mercado, para luego acabar colocando esa producción en el servicio de restricciones técnicas (que sirve para casar los desajustes del mercado entre oferta y demanda y que compra la electricidad a un precio superior).

La Audiencia Nacional, en cambio, considera que no hay irreversibilidad alguna en los efectos que puede provocar el pago de las multas, porque en caso de que se estime el recurso de Endesa valdrá con devolverle las cantidades abonadas. La Sala critica que Endesa Generación no haya aportado documentación alguna sobre su situación patrimonial y financiera o sobre la imposibilidad de acudir a financiación externa para pagar.

Asimismo, la Audiencia rechaza la “manifiesta apariencia de invalidez” de la resolución de la CNMC que argumenta Endesa y se encomienda a la sentencia con la que resolverá el recurso de la eléctrica para pronunciarse sobre si han quedado probados los comportamientos ilícitos que detecta el supervisor para alterar los precios de la electricidad y, con ello, de la luz que pagan los clientes en sus recibos.