El Gobierno de Pedro Sánchez maniobra para dar un respiro a la gran industria antes de las elecciones del 10-N y, en función de los resultados electorales, también después de los comicios cuando haya un nuevo Ejecutivo. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha comprometido ayudas millonarias para rebajar la factura eléctrica que pagan las grandes factorías.

Maroto ha aprovechado una visita a la factoría de lucense de San Cibrao de la compañía Alcoa –la única que la multinacional del aluminio mantiene operativa en España tras anunciar el cierre de otras dos plantas- para desvelar que el Consejo de Ministros de la próxima semana aprobará una inyección millonaria para compensar los costes de las emisiones indirectas de CO2 que soportan las industrias.

El Gobierno ya había garantizado 91 millones de euros para compensar esos costes por CO2, y ahora, a un mes vista de las elecciones generales, pretende elevar esa cantidad hasta los 180 millones de euros, cerca del máximo que permite Bruselas para no ser considerado ayudas de estado a las industrias pero por debajo de los 200 millones a los que aspiraba la gran industria. Los planes de Industria pasan por efectuar los pagos antes de que termine el año.

En paralelo, Maroto ha confirmado la promesa de retomar en cuanto haya un nuevo Gobierno –porque no puede estando en funciones- el proceso de aprobación del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que contempla que la gran industria deje de pagar algunos recargos eléctricos y rebajar así su factura de luz.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya tenía listo un estatuto de grandes consumidores eléctricos, pero paralizó su aprobación por las dudas planteadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) de que las ayudas diseñadas fueran legales.

Ayudas cargadas al recibo de luz de todos

Desde hace más de una década, todos los clientes eléctricos pagan con su recibo de luz ayudas millonarias a la gran industria. Unas ayudas pensadas para contener la factura eléctrica que soportan las fábricas y que se denominan servicio de interrumpibilidad. Y es que el programa garantiza que grandes fábricas pararán y dejarán de consumir electricidad (o recortarán su consumo) en caso de que existan picos de demanda tales como para generar un riesgo para garantizar el suministro o para evitar fuertes subidas de luz del mercado eléctrico por desajustes de oferta y demanda.

El sistema se ha venido organizando a través de subastas en las que las fábricas presentan sus ofertas a la baja sobre el importe de las ayudas que recibirán para optar a las ayudas, y a cambio han de estar dispuestas a desconectarse de la red en caso de ser necesario. El pasado junio el Gobierno organizó la subasta que servía para cubrir el servicio de interrumpibilidad durante el segundo semestre de este año y que, en principio, iba a ser la última.

El Gobierno confirmó entonces que, cumpliendo la exigencia de la Comisión Europea de poner fin a este tipo de pujas para repartir ayudas a la gran industria, se preparaba una reforma integral de las subastas. Y se encomendó al futuro estatuto de los consumidores electrointensivos en que trabaja el Ejecutivo para articular otro tipo de bonificaciones y descuentos en la factura energética que pagan las factorías.

Pero la situación de bloqueo político, con el Gobierno en funciones a la espera de unas nuevas elecciones, impide la reforma del sistema de subastas que reclama Bruselas y la aprobación del esperado estatuto de consumidores electrointensivos.

Así que el Ministerio para la Transición Ecológica ya prepara la subasta para repartir las ayudas de interrumpibilidad en la primera mitad de 2020 y que se celebrará con las mismas reglas que había hasta ahora (en las últimas pujas se han revisado a la baja la cantidad de electricidad subastada y el precio de salida, pero en lo sustancial las normas serán las mismas).

En la anterior subasta, organizada por Red Eléctrica de España (REE) para el segundo semestre del año, se adjudicaron un total de 2.340 megavatios (MW) a 123 fábricas españolas, por los que cobrarán 95 millones de euros. En la subasta correspondiente a la primera mitad del año las ayudas alcanzaron un total de 101 millones.

Así que en el conjunto del año la gran industria percibirá por estar dispuestas a pagar sus fábricas un total de 196 millones, un 38% menos que los 316 millones del año pasado y un 63% menos que los 525 millones que se repartieron en 2017. En los años previos también rondaron siempre los 500 millones anuales.