No, no es cierto, y en esta campaña es probable que el argumento vuelva a proclamarse como verdad absoluta. Los extranjeros, los inmigrantes, no se llevan la mayoría de las ayudas sociales sufragadas con fondos públicos. Tampoco son partícipes de un sistema en el que el fraude sea la norma ni que miles de ciudadanos llegan a nuestro país para limitarse a vivir de las ayudas sociales. Los datos de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) vasca, referente en el sistema de ayudas sociales en el Estado, no dejan lugar a dudas. Cada año el País Vasco concede cientos de millones -470 en 2019- para sufragar decenas de miles ayudas a perceptores en situación de vulnerabilidad. De entre todas ellas, en 6 de cada diez casos quien la recibe es un ciudadano vasco.

Tampoco es cierto que la demanda y pago de estas ayudas crezca sin parar, no al menos en la administración pública de Euskadi, la que cuenta con mayores programas de apoyo social. Sólo en los últimos cuatro años el número de beneficiarios de la RGI ha caído un 20%.

Según los últimos datos de la RGI vasca, que datan de agosto pasado, de los 54.850 perceptores la mayoría, el 60,5% -33.204 beneficiarios- son españoles. Uno de los colectivos más señalados cuando se aborda esta cuestión, los ciudadanos procedentes de países del Magreb, apenas representan el 11% -6.052 beneficiarios- y un 14% los beneficiarios de algún país de América del Sur -7.821 personas-. Junto a ellos, otro 3,2% procede de la Unión Europea y el 11% restante de otros países. 

Hace justo tres décadas que en el País Vasco se aprobó el plan de ayudas para situaciones de emergencia social. El origen de la Ley que incluyó el Plan Integral de Lucha contra la Pobreza, -aprobada en 1989-, hay que buscarlo en la crisis industrial que a mediados de esa década asoló el tejido industrial vasco y disparó los indicadores de desempleo y pobreza. La idea de plantear una renta mínima de ingresos, equiparable a la que existía en algunos países europeos, como la vecina Francia, y vincularla a acelerar con ella el regreso al mercado laboral, continúa hoy inspirando la RGI del siglo XXI.

Entre 667 y 765 euros al mes

Esta ayuda dirigida a parados, a personas con bajos ingresos, inmigrantes sin permiso de residencia y pensionistas, -siempre que cumplan unos requisitos-, fija unos importes máximos de la ayuda que oscilan entre los 667 euros al mes si se está en edad laboral y los 765 euros en caso de ser pensionista. Si la ‘unidad convivencial’ está integrada por dos personas, la horquilla de ayudas se mueve entre los 856 euros mensuales y los 956 euros si se trata de pensionistas. Se incrementa a entre 947 y 1.033 euros para cuando conviven tres o más beneficiarios en una misma vivienda. Ayudas a las que se suma en algunos casos otros complementos, como la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), 250 euros al mes, que se destinan al pago de un alquiler, o un complemento de 48 euros mensuales para las familias monoparentales.

La Administración vasca puso en marcha la ayuda hace tres décadas. Hoy el 60% de los perceptores son vascos

Actualmente de las personas reciben en Euskadi la RGI cada mes algo más de 15.000 son pensionistas. Un número elevado en una sociedad de poco más de dos millones de habitantes, pero alejado del techo que alcanzó en 2015, cuando las arcas públicas aportaban esta ayuda social a algo más de 66.000 perceptores. La Administración vasca financia la RGI desde hace tres décadas y lo hace con un importe elevado que sólo en el periodo 2012 -2019 ha supuesto un desembolso para las arcas públicas de los vascos de 3.223 millones de euros.

La RGI se concibe como un “complemento” a los ingresos. Los importes a los que se tienen derecho se entienden como una cuantía máxima a la que se descontará la parte proporcional en caso de que sí se disponga de algún tipo de ingreso. Entre los requisitos establecidos para recibir esta prestación dirigida a atender necesidades básicas de personas y familias que no dispongan de recursos suficientes figura una exigencia de estar tres años empadronado de modo ininterrumpido en el País Vasco. Se podrán acreditar únicamente un año si se demuestra al menos cinco años de vida laboral.

También se obliga a estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) y ano rechazar ofertas de empleo. La ayuda se otorga por un periodo de dos años, renovable. En caso de acceder a un empleo se debe informar para actualizar la situación y en su caso, eliminar o adaptar la prestación a la que se tiene derecho. En los requisitos se limita la posesión de bienes inmuebles a la vivienda habitual y a un patrimonio (títulos, coches o valores) de no más de 34.500 euros o de 44.000 si la unidad convivencial es de dos personas o a 49.000 euros si son tres o más.

Un 0,8% de fraude

Las polémicas sobre la falta de control que en torno a su funcionamiento se desvelaron, con casos llamativos como la de perceptores que residían fuera de Euskadi, o de incluso perceptores acusados de yihadismo o beneficiarios fallecidos en combate, fueron casos anecdóticos elevados a categoría oportunamente para el consabido “algunos viven de las ayudas sociales”, dirigidos especialmente a determinados colectivos de inmigrantes.

En el País Vasco cerca de 15.000 pensionistas reciben la RGI o ayudas para el alquiler

Formaciones como el PP o Vox han sido las más beligerantes con el modelo social promovido desde hace treinta años por las instituciones vascas y que ha permitido frenar los ratios de pobreza. Tras las últimas revisiones de los expedientes de adjudicación desde 2012, la Administración vasca detectó un fraude que apenas representaba el 0,8% del total.

La fotografía de quienes en el País Vasco, la región con menor índice de desempleo y uno de los niveles de renta más altos del Estado, se encuentran en los umbrales de la pobreza, revela que el nivel de formación académica está directamente relacionado con la situación económica. Así, tres de cada cuatro perceptores -el 76%- sólo acreditan unos estudios básicos equivalentes a la educación obligatoria. Tras ellos se sitúan los que poseen algún título de formación profesional, el 11%, los que cursaron el bachillerato (8,6%) y finalmente existen algo más de 2.000 perceptores con formación universitaria. La situación de precariedad también es mayormente femenina. En casi seis de cada diez casos la perceptora de la ayuda es mujer, el 58%, frente al 42 de hombres.