Enfrentarse a la banca en los tribunales puede ser un proceso muy largo y tortuoso. La oleada de demandas por cláusulas abusivas de la banca que se ha producido en los últimos años ha llevado a la justicia a unos niveles de saturación que los tribunales especiales creados para atender estas cuestiones no han sido capaces de atender con celeridad.

Desde la entrada en funcionamiento de estos tribunales, en junio de 2017, y hasta el cierre del segundo trimestre del presente ejercicio, había entrado en estos juzgados un total de 431.920 demandas, de los que sólo 178.174 han sido ya resueltos, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Este atasco ha provocado un alargamiento de los plazos judiciales hasta niveles difícilmente justificables, llegando a superar, en algunos casos, los cuatro años el lapso entre la presentación de la demanda y el juicio.

Éste es el caso de una demanda presentada por la asociación Asufin contra Banco Santander, en un caso por una hipoteca multidivisas, ante el juzgado de primera instancia número 11 de Córdoba. La demanda fue presentada el pasado mes de mayo y admitida a trámite en junio, pero no fue hasta el pasado 30 de septiembre cuando la letrada de la Administración de Justicia, María Montserrat Toscano Martí, fijó fecha para una audiencia previa entre las partes en litigio, a celebrar el 19 de enero de 2023.

Éste es sólo un paso preliminar, que tiene entre sus objetivos intentar un acuerdo entre las partes, por lo que la fijación de fecha para un juicio -si procediera- se produciría a posteriori, y dilataría la resolución del proceso hasta al menos cuatro años después de la presentación de la demanda.

Esta situación no es exclusiva del juzgado especializado en cláusulas abusivas de la banca de Córdoba, sino que otros muchos, como los de Madrid, Barcelona o Sevilla, también arrastran retrasos superiores al año y, en varios casos, han optado por ni siquiera dar fechas de señalamiento, evidenciando la situación de saturación en que se encuentran.

"Es frustrante", se lamenta Patricia Suárez, presidenta de Asufin. "¿Cómo le explicas a un cliente de la banca que está reclamando legítimamente que le devuelvan un dinero que le pertenece que tiene que esperar hasta cuatro años para que se resuelva su caso?", añade.

Sobrecarga en los juzgados

En su opinión, el problema se deriva de que estos tribunales, que fueron creados para atender las demandas relacionadas con las cláusulas suelo han ido asumiendo una creciente lista de materias, como los gastos de las hipotecas o las hipotecas multidivisa que han multiplicado su carga de trabajo por encima de lo que les permiten sus medios materias y humanos. "Las administraciones tienen que aportar más dinero para dotar de medios a estos juzgados", considera Suárez, quien advierte de que la situación va a ir a peor.

Lo cierto es que en el segundo trimestre de este año, por primera vez desde la puesta en marcha de estos tribunales, se produjeron más resoluciones que entradas de nuevas demandas. "Es la primera vez, desde la puesta en marcha el 1 de junio de 2017 de estos órganos especializados, que el número de asuntos pendientes experimenta un descenso y también que la tasa de resolución de los Juzgados –que indica el número de asuntos resueltos en relación con los ingresados- se sitúa por encima del cien por cien prácticamente en todas las Comunidades Autónomas", señalaba una nota del CGPJ publicado el pasado septiembre.

Existe temor a que una nueva oleada de demandas por el IRPH agrave la situación de los juzgados

Pero varios bufetes y asociaciones especializados en este tipo de reclamaciones indican que se avecina una nueva avalancha de demandas en torno a las hipotecas vinculadas al IRPH que podrían agravar la situación. Estas demandas estarían a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre el caso, con la expectativa de que, siguiendo el criterio defendido por su abogado general, sentencien que la venta de estos productos pudo ser abusiva.

"Con nosotros ya se han puesto en contacto varios centenares de afectados por el IRPH que están a la espera de la sentencia de la Justicia europea para demandar", corrobora Suárez.

Desde algunos tribunales ya estarían alertando de que una nueva oleada de demandas contra la banca podría llevarles al colapso.

La situación de atasco de estas demandas ha llegado a tal punto que algunas entidades bancarias, generalmente acusadas de estar tratando de alargar los plazos al máximo, han solicitado en algunos casos que se de impulso procesal, para evitar que las disputas judiciales se acaben eternizando.