El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó muy a finales de 2018 un paquete de medidas para poner coto a la expansión de viviendas de uso turístico en pleno boom por las plataformas como Airbnb o HomeAway. El Ejecutivo aprovechó el real decreto de medidas urgentes de vivienda y alquiler para introducir algunas reformas que sirvieran para poner freno al alquiler turístico.

El Ministerio de Fomento lanzó entonces una reforma la Ley de Propiedad Horizontal para reducir la mayoría necesaria para vetar nuevos pisos turísticos en las comunidades de vecinos (hasta entonces se requería unanimidad para reformar los estatutos, y ahora es suficiente con una mayoría cualificada de tres quintos de los propietarios). Y también por esa mayoría de tres quintos, los vecinos podrán obligar a los pisos turísticos a pagar más comunidad.

El Gobierno aprovechó el mismo real decreto para reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para dejar claro que quedaban excluidas de su ámbito las viviendas de uso turístico para que pasen a estar reguladas por las normativas turísticas de cada comunidad autónoma. Una aclaración que venía a refrendar que las competencias de ordenación turística y el alquiler vacacional están en manos de las administraciones regionales.

Un reparto competencial que hace “imposible”, según subraya el propio Gobierno central ahora, que haya una normativa estatal sobre alquiler vacacional si no hay un acuerdo con todas las comunidades autónomas. Con todas. “Es muy difícil que haya una norma para todos”, explica la secretario de Estado de Turismo, Isabel Oliver.

"Es una cuestión que tiene su complejidad jurídica”, se escudaba la secretaria de Estado en el IV Congreso Nacional de Vvienda Turística Vitur Summiit. “La parte de la ordenación turística está transferida a las comunidades autónomas y otra muy importante es la ordenación territorial que comparten ayuntamientos, consejos y cabildos insulares y consejos y en algunos casos las comunidades autónomas”.

“Para que el Gobierno central haga una norma necesita del acuerdo de todas las comunidades”, sentenció Oliver. “Lo importante es el acuerdo de las comunidades, si no es imposible. Todas tienen que estar de acuerdo". Una unanimidad exigida que, en cualquier caso, hace más que improbable que haya una legislación común diseñada por el Gobierno central e implantada posteriormente en cada región.