Los daños provocados por casi una semana de disturbios en Cataluña van a pasar una factura millonaria. Las algaradas y los sabotajes tendrán un coste para el erario público de 7,3 millones de euros por los datos en la red de infraestructuras y en los servicios de transporte, según las estimaciones que maneja el Ministerio de Fomento.

“Los datos son de esos 7 millones de euros, pero los problemas de costes más graves son otros y ésos son más difícil de cuantificar”, ha apuntado el propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en un desayuno informativo organizado por El Economista, en referencia al impacto a la imagen exterior o el golpe para la actividad económica en general.

El informe elaborado por Fomento -con datos aportados por Renfe, Adif, Aena, Enaire y Puertos del Estado y al que ha tenido acceso El Independiente-, se limita a cuantificar los daños materiales provocados en las infraestructuras y el coste de las pérdidas de los diferentes servicios de transporte.

El Gobierno cuantifica los costes derivados de las reparaciones motivadas por actos vandálicos (singularmente por la reposición de los equipos e instalaciones afectados) en más de 2,1 millones de euros. Dentro de esta factura, Fomento incluye los datos en el de Barcelona-El Prat daños por 1,2 millones de euros, especialmente en las instalaciones del aparcamiento; 600.000 euros en daños en la infraestructura ferroviaria; y más de 360.000 euros en carreteras y autopistas.

En paralelo, Fomento calcula que son 4 millones de euros los que las empresas de su grupo industrial han dejado de ingresar. De hecho, como consecuencia de los cortes en las infraestructuras, el Ministerio estima que hasta el momento se han visto afectados más de 190.000 viajeros, bien sea porque sus vuelos o trenes han sido cancelados (166 vuelos, 243 trenes cancelados y 4 escalas de cruceros), bien sea por los retrasos excesivos derivados de dichos cortes.

Asimismo, Renfe tendrá que afrontar costes extra de 1,2 millones de euros en indemnizaciones en los próximos meses, como consecuencia de los compromisos de servicio y puntualidad en materia ferroviaria.