El Gobierno de Pedro Sánchez da un respiro a la gran industria a unos días de las elecciones del 10-N (y, en función de los resultados electorales, también quiere hacerlo después de los comicios cuando haya un nuevo Ejecutivo). El Consejo de Ministros ha aprobado ayudas millonarias para rebajar la factura eléctrica que pagan las grandes factorías.

El Gobierno ha autorizado aumentar hasta los 172,23 millones de euros el presupuesto destinado a las subvenciones para compensar los costes de emisiones indirectas de CO2 que soportan las industrias. El Ministerio de Industria concede así ayudas extra por 81 millones de euros, que se suponen a los 91 millones aprobada ya el pasado marzo.

Desde el departamento comandad por Reyes Maroto se subraya que con las ayudas adicionales se consigue atender las 192 solicitudes presentadas por compañías industriales. El importe final de más de 172 millones se acerca al máximo que permite Bruselas para no ser considerado ayudas de estado a las industrias. Los planes del Ejecutivo pasan por efectuar los pagos antes de que termine el año.

 “Con la autorización de esta ampliación, el Gobierno cumple su compromiso de apoyar a los sectores industriales y refuerza la competitividad de las empresas más intensivas en consumo de electricidad, y por tanto más sensibles a los costes eléctricos”, ha apuntado la ministra Reyes Maroto.

A la espera del estatuto

El Ministerio de Industria destaca que una nota de prensa que en el último año y medio, desde la moción de censura que llevó a Moncloa a Pedro Sánchez, el Gobierno ha otorgado compensaciones por costes indirectos por u total de 256 millones de euros a la gran industria.

La cantidad aprobada representa, de hecho, el mayor importe anual concedido por un Gobierno a la industria electrointensiva por este tipo de ayudas, más que doblando el importe concedido en 2017 (83,8 millones). “Estas ayudas son especialmente importantes en el contexto actual, al no haberse pod8do aprobar el Estatuto del Consumo Electrointensivo por estar el Gobierno en funciones”, ha destacado Maroto.

El Gobierno ha venido confirmando en los últimos meses que su intención es  retomar en cuanto haya un nuevo Ejecutivo –porque no puede estando en funciones- el proceso de aprobación del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que contempla que la gran industria deje de pagar algunos recargos eléctricos y rebajar así su factura de luz.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya tenía listo un estatuto de grandes consumidores eléctricos, pero paralizó su aprobación por las dudas planteadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) de que las ayudas diseñadas fueran legales.

Otras ayudas cargadas al recibo de luz de todos

Desde hace más de una década, todos los clientes eléctricos pagan con su recibo de luz ayudas millonarias a la gran industria. Unas ayudas pensadas para contener la factura eléctrica que soportan las fábricas y que se denominan servicio de interrumpibilidad. Y es que el programa garantiza que grandes fábricas pararán y dejarán de consumir electricidad (o recortarán su consumo) en caso de que existan picos de demanda tales como para generar un riesgo para garantizar el suministro o para evitar fuertes subidas de luz del mercado eléctrico por desajustes de oferta y demanda.

El sistema se ha venido organizando a través de subastas en las que las fábricas presentan sus ofertas a la baja sobre el importe de las ayudas que recibirán para optar a las ayudas, y a cambio han de estar dispuestas a desconectarse de la red en caso de ser necesario. El pasado junio el Gobierno organizó la subasta que servía para cubrir el servicio de interrumpibilidad durante el segundo semestre de este año y que, en principio, iba a ser la última.

El Gobierno confirmó entonces que, cumpliendo la exigencia de la Comisión Europea de poner fin a este tipo de pujas para repartir ayudas a la gran industria, se preparaba una reforma integral de las subastas. Y se encomendó al futuro estatuto de los consumidores electrointensivos en que trabaja el Ejecutivo para articular otro tipo de bonificaciones y descuentos en la factura energética que pagan las factorías.

Pero la situación de bloqueo político, con el Gobierno en funciones a la espera de unas nuevas elecciones, impide la reforma del sistema de subastas que reclama Bruselas y la aprobación del esperado estatuto de consumidores electrointensivos.

Así que el Ministerio para la Transición Ecológica ya prepara la subasta para repartir las ayudas de interrumpibilidad en la primera mitad de 2020 y que se celebrará con las mismas reglas que había hasta ahora (en las últimas pujas se han revisado a la baja la cantidad de electricidad subastada y el precio de salida, pero en lo sustancial las normas serán las mismas).

En la anterior subasta, organizada por Red Eléctrica de España (REE) para el segundo semestre del año, se adjudicaron un total de 2.340 megavatios (MW) a 123 fábricas españolas, por los que cobrarán 95 millones de euros. En la subasta correspondiente a la primera mitad del año las ayudas alcanzaron un total de 101 millones.

Así que en el conjunto del año la gran industria percibirá por estar dispuestas a pagar sus fábricas un total de 196 millones, un 38% menos que los 316 millones del año pasado y un 63% menos que los 525 millones que se repartieron en 2017. En los años previos también rondaron siempre los 500 millones anuales.