El Gobierno da un golpe al tablero del sector de las renovables en pleno boom del negocio (un boom en el que muchos, también las empresas de energías verdes ven una sombra de especulación). El Ejecutivo ahora da un primer paso para poner orden y pretende ejecutar avales millonarios presentados por compañías que ganaron en las subastas de nuevas renovables de 2017 y que no han ido cumpliendo hasta ahora los plazos intermedios impuestos por las normas de la puja.

El Gobierno de Mariano Rajoy impulsó dos megasubastas en 2017 que se saldaron con la adjudicación de algo más de 8.100 megavatios (MW) de nueva potencia renovable, más o menos repartidos a partes iguales entre eólica (4.108 MW) y fotovoltaica (4.009 MW). A los ganadores se les garantizaba un precio suelo de la electricidad durante 25 años.

Las empresas adjudicatarias debían cumplir diferentes hitos intermedios para demostrar que avanzaban en la puesta en marcha de los proyectos. No todas lo han hecho, y el Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado expedientes para ejecutar una parte de los avales presentados por las compañías, confirman a El Independiente fuentes del departamento que dirige Teresa Ribera.

Transcurridos seis meses de las subastas, los grupos ganadores debían identificar los proyectos concretos en los que la potencia renovable obtenida en la puja. Y a los doce meses tenían que demostrar que habían obtenido la autorización administrativa de construcción de la instalación. El primer requisito lo superaron la práctica totalidad de los adjudicatarios, pero el segundo hito fueron muchos los que lo incumplieron.

A final de año deberían estar funcionando 8.100 MW de las subastas. El sector teme que un tercio no cumplirá el plazo

El Gobierno ahora pretende ejecutar los avales parciales correspondientes a algo más de 1.000 MW adjudicados que no confirmaron a la Dirección General de Política Energética haber avanzado en el proceso administrativo para poder construir las nuevas plantas. Las garantías que el Ministerio puede incautar gracias a estos expedientes iniciados pueden superar los 18 millones de euros.

"Se trata de un proceso garantista y, tras el análisis de las alegaciones de las empresas, podría acabar en una resolución de incautación de los avales", explican desde el Ministerio para la Transición Ecológica. "Una vez completado el trámite quedará fijada la cantidad final incautada. En cualquier caso, una resolución de incautación no implica la desestimación del proyecto, cuyo desarrollo sigue su curso".

Según datos que manejan empresas del sector y a los que ha tenido acceso El Independiente, sólo cumplieron con estos hitos intermedios alrededor de 6.900 megavatios repartidos en 182 instalaciones (104 parques eólicos con algo más 3.000 megavatios y 78 plantas fotovoltaicas con unos 3.900 megavatios).

Esto es, cerca de 1.200 MW ya incumplieron con los requisitos previos y es a ellos a los que Ministerio para la Transición Ecológica se dispone a ejecutar de manera parcial los avales presentados. Unos avales que las compañías podrán recuperar si cumplen con el gran el requisito final al que obligaban las megasubastas: tener operativas las plantas eólicas y fotovoltaicas antes del 1 de enero de 2020.  

La gran criba, en dos meses

El último día de este año expira el plazo obligatorio para que estén en marcha los cientos de proyectos renovables que surgieron al calor de las megasubastas de 2017 organizadas por el entonces Ministerio de Energía, comandado por Álvaro Nadal. Y éste sí que es el gran requisito que deben cumplir las compañías que ganaron las pujas y el que, de no hacerlo, se juegan un zarpazo millonario.

El anterior Gobierno les exigió a los grupos avales de 60.000 euros por cada megavatio adjudicado para asegurar el cumplimiento de los plazos que les obligaba a tener las plantas en funcionamiento al inicio de 2020.  Pero parte de las instalaciones ni están ni se les espera: a poco más de dos meses de cumplirse la fecha tope, algunas plantas incluso no han empezado la construcción y otras no van a llegar a tiempo.

Las estimaciones que manejan las compañías del sector anticipan que entre 2.400 y 2.650 megavatios adjudicados  pueden acabar no cumpliendo los plazos, casi un tercio del total, según explican fuentes empresariales conocedoras de la evolución del proceso. Una vez incumplido el plazo el Gobierno deberá afrontar la ejecución de avales por un importe que se situaría entre los 145 y los 160 millones de euros por los proyectos fallidos.

Fuentes del sector energético señalan a Forestalia (el principal adjudicatario de la primera de las subastas), a Cobra, del grupo ACS (que se impuso en la segunda puja), y también a la saudí Alfanar como las compañías que acumulan mayores retrasos en parte de sus proyectos y los que se pueden ver más afectados por la ejecución de avales por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.

El sector exige ejecutar avales a los que incumplan

En el sector de las renovables no quieren oír hablar de ningún tipo de medida de gracia por parte del Gobierno para salvar estos proyectos fallidos y se rechaza la posibilidad de aplicar algún tipo de aplazamiento para no ejecutar de manera inmediata los avales comprometidos por las compañías adjudicatarias. Desde el Ministerio se esgrimen los expedientes abiertos por los incumplimientos parciales como garantía de su intención de hacer valer los requisitos a los que se comprometieron los adjudicatarios.

"El sector necesita seguridad jurídica. Y si no se cumplen las normas, no la hay", avisan desde la asociación Anpier

“El sector necesita seguridad jurídica. Y si no se cumplen las normas, no la hay. Indiscutiblemente hace falta que se ejecuten los avales de las compañías que no cumplan”, sentencia Juan Castro-Gil, secretario de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier). “Este sector es muy dado a que se metan algunos que quieren especular. Si sale mal el negocio, pagas. Si no se cumplen las normas el sector no saldrá nunca del hoyo”.

“Hay que defender la profesionalidad y la seriedad en el sector de las renovables”, subraya en el mismo sentido también José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). “Nuestra opinión es clara, si no hay una causa justificada del retraso que sea ajena a las empresas, los avales habrá que ejecutarlos”.

En paralelo, varias fuentes del sector advierten de que, si el Gobierno finalmente optara por dar más tiempo a los proyectos fallidos o decidiera no ejecutar los avales, se expone a demandas en los tribunales de otras compañías que decidieron no optar a las subastas porque no les cuadraba las condiciones y los plazos fijados.