La red de cabinas telefónicas de España se va a encontrar, otra vez, con un indulto inesperado. Condenados a la desaparición por su bajo uso y por la extensión del móvil, los teléfonos públicos perviven por estar incluidos en el servicio universal obligatorio que ofrece Telefónica de manera forzosa. Y así va a seguir siendo durante un tiempo más.

La obligatoriedad de Telefónica de mantener las cabinas telefónicas en activo expira el próximo 31 de diciembre. Pero con total seguridad se va a prolongar para 2020 porque la situación de bloqueo político hace inviable sacar adelante antes de fin de año la ley que utilizará el Gobierno para excluir a las cabinas del servicio universal.

El Ministerio de Economía pretende utilizar la transposición a la legislación española del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas para reformar la regulación sobre el servicio universal y dejar así fuera a las cabinas.

Pero para transponer la regulación comunitaria hace una norma con rango de ley y su tramitación parlamentaria es inviable en la actual situación de interinidad política: con las Cortes disueltas, con pocas posibilidades de que haya un nuevo Gobierno de manera inmediata tras el 10-N y con el tiempo que necesitan las Cámaras para echar a funcionar de manera efectiva tras las elecciones.

“Aún no podemos saber cuándo podrá transponerse de manera efectiva el Código Europeo de Comunicaciones electrónicas. El Gobierno trabaja en ello estando en funciones, pero hace falta aprobar una ley y para su tramitación parlamentaria sí que hace falta tener un Gobierno con plenas competencias”, explican a El Independiente fuentes de la Secretaría de Estado de Avance Digital, dependiente del Ministerio de Economía.

Telefónica se ha visto forzada a mantener el servicio de teléfonos públicos por las varias prórrogas aprobadas por los dos últimos Gobiernos, después de renunciar a convocar nuevos concursos públicos en busca de empresa que siempre quedaban desiertos ante el desinterés de las operadoras.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya tenía decidido poner fin a la obligación de mantener las cabinas el pasado 1 de enero mediante un real decreto, pero en un giro in extremis se optó por esperar a trasponer el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, para lo que aún hay de plazo hasta final de 2020. El Ejecutivo sí que aprobó el año pasado sacar del servicio universal la obligatoriedad del reparto de guías telefónicas y la consulta de sobre números de abonados.

El uso de cabinas ha caído en picado en un país con casi 54 millones de líneas de teléfono móvil  y es un servicio claramente deficitario. El actual servicio universal garantiza que tiene que haber como mínimo un teléfono público en cada municipio de 1.000 o más habitantes, a los que se sumaría uno más por cada 3.000 habitantes.

En España, según los datos de Telefónica,  actualmente quedan algo menos de 16.000 cabinas, apenas un tercio del máximo histórico de 55.000 teléfonos en la vía pública que se alcanzó en 1999. De ellas, 12.000 dejaron hace años de ser rentables y las que lo son no cubren la rentabilidad del conjunto del servicio (alrededor de la mitad de las cabinas repartidas por España no cursan ni una sola llamada, ninguna, nunca). Telefónica pierde más de 3 millones de euros cada año por ellas, según las estimaciones de varias fuentes del sector.