El Gobierno ha encargado a Enagás, el gestor técnico del sistema gasista, que en el plazo de seis meses remita al Ministerio para la Transición Ecológica la documentación técnica para proceder al sellado definitivo del almacén subterráneo de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaroz (Castellón).

El Consejo de Ministros, a propuesta del departamento que encabeza Teresa Ribera, ha acordado este jueves poner fin a la hibernación del almacén y sellar de forma permanente sus pozos como primera fase del proceso de desmantelamiento.

El Ministerio ha informado de que los trece pozos del almacenamiento están sellados de forma temporal desde abril de 2016 mediante dos tapones mecánicos colocados a diferentes profundidades. La vida útil de estos dispositivos, de entre dos y cuatro años, está a punto de completarse.

Según el acuerdo adoptado por el Gobierno, el proyecto Castor "no es viable ni necesario a la vista de los consumos actuales y futuros de gas natural" en España. Por lo tanto -añade el Ministerio- mantener las instalaciones en la situación actual de hibernación "solo aplazaría la ejecución del abandono definitivo y prolongaría los costes de vigilancia y mantenimiento".

El Gobierno considera que no existen garantías de que el almacén pueda seguir operando en condiciones de seguridad y cree que no se trata de una infraestructura necesaria para el funcionamiento del sistema gasista. En la misma línea, la vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, Carmen Calvo, ha recalcado la necesidad de "evitar" los costes de la instalación, que, ha dicho, ya no presta ningún servicio al sistema gasista.

"La situación que ahora debemos resolver es que no haya costes de mantenimiento" y "que se cierre también por mayor seguridad", ha explicado Calvo en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Todas las labores de desmantelamiento se encomiendan a Enagás, que en un plazo de seis meses deberá remitir a Transición Ecológica la documentación técnica necesaria para iniciar la tramitación del expediente de autorización de los trabajos de sellado y abandono definitivo de los pozos. El Consejo de Ministros habilita, además, al Ministerio a dar las instrucciones necesarias para cumplir lo acordado y a ordenar las fases sucesivas del desmantelamiento.

Coincidiendo con la decisión del Gobierno, la empresa promotora de Castor, Escal UGS (participada por ACS y por la compañía canadiense Escal), había presentado un escrito al Ministerio para la Transición Ecológica en el que pide que no se cierre de forma definitiva el almacén submarino. Fuentes conocedoras de ese escrito han confirmado a Efe la información que adelanta Cinco Días, según la cual Escal UGS ha instado al ministerio a recapacitar y a realizar nuevos estudios "antes de tomar una decisión irreversible".

La decisión de hibernar el almacén Castor se tomó en 2014 después de los seísmos registrados en la zona en septiembre de 2013. n 2017, el Gobierno, entonces del PP, decidió no reabrir las instalaciones ante el riesgo de nuevos terremotos tras recibir un informe encargado al MIT y a la Universidad de Harvard.