De un lado, promesas de subidas de pensiones, de salarios, de prestaciones. De otro, compromisos de recortes masivos de impuestos. Entre medias, ayudas a la maternidad, a desempleados, a estudiantes...

La tradicional lluvia de ofertas de la precampaña electoral ha arrojado ya sobre el terreno de la economía un variado ramillete de soluciones por parte de los distintos partidos en liza.

Promesas que se intercalan entre noticias que apuntan a una desaceleración económica que con su intensidad amenaza con superar los peores augurios y que extienden un manto de escepticismo sobre muchos de estos planes. ¿Existe realmente margen para la creatividad económica del Gobierno que salga de las próximas elecciones del 10 de noviembre?

"Tajantemente, no. No es momento de bajar impuestos ni de subir gasto, sino todo lo contrario". La respuesta es de Joaquín Maudos, director adjunto del Ivie y catedrático de la Universidad de Valencia, pero podría ser suscrita por cualquiera de los expertos consultados por El Independiente, que, con más o menos matices, coinciden en que el margen de actuación en materia económica de cualquier próximo Ejecutivo es más bien limitado.

La EPA publicada la pasada semana, la peor de los últimos siete años, ha venido a certificar el rápido frenazo de una economía que, tras disfrutar de varios años de crecimientos en el entorno del 3%, se dirige ahora hacia tasas más próximas al 1,5% y sin descartar el riesgo de que la desaceleración vaya a más.

Un frenazo aparentemente poco dramático, pero cuya gravedad se intensifica si se tiene en cuenta que cae sobre una economía afectada aún por unas elevadas tasas de desempleo, una deuda pública que apenas logra alejarse del entorno del 100% del PIB y un déficit al que no se ha logrado poner coto ni en los mejores momentos del ciclo y que aún requiere ajustes severos, como recordaba recientemente Bruselas.

Vulnerabilidades que obligan, en opinión de Gonzalo García, economista en AFI, a mantener una política fiscal cauta ante el riesgo de que la situación pueda tornar más preocupante. "No hay lugar para una expansión fiscal agresiva que reste capacidad de actuación", indica.

El Gobierno debería reservar sus escasas balas fiscales ante el riesgo de un escenario más preocupante

Lo cierto es que desde distintos ámbitos, y especialmente desde el Banco Central Europeo (BCE), se ha insistido recientemente en la necesidad de que los gobiernos europeos pongan en marcha un impulso fiscal que ayude a reactivar la economía regional. Pero el hasta hace escasos días presidente de la institución, Mario Draghi, se ha apresurado a matizar que este llamado no aplica a los países con elevadas deudas y déficits.

Y ese es el caso de España, que cerrará 2019 con un déficit público del 2,4%, según las previsiones de Funcas. En esta tesitura, el director de Coyuntura y Análisis Internacional de la fundación, Raymond Torres, considera que un futuro gobierno debería reservar cualquier bala para el impulso fiscal a un escenario de mayor emergencia y que, incluso en ese caso, cualquier medida debería plantearse con la idea de su retirada en un horizonte no demasiado lejano. Pone como ejemplo la posibilidad de adelantar inversiones cuya ejecución normal se produciría en varios años.

El riesgo de la deuda

Los economistas admiten que la economía española está hoy mejor preparada que en 2008, cuando el boom anterior tornó en una profunda depresión ante el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y su contagio al conjunto de la actividad. Pero también que el margen de respuesta a las dificultades es hoy más reducido: "La deuda ha sido un gran colchón en este periodo, pero con los niveles de deuda pública actuales el margen por ahí es muy escaso", comenta Aurelio García del Barrio, director del MBA con especialización en Finanzas del IEB.

García del Barrio reconoce que en la coyuntura actual, en la que el país puede financiarse a largo plazo sin apenas coste, el problema de la deuda puede parecer llevadero, "pero, ¿qué pasará cuando suban los tipos y haya que refinanciar toda esa deuda con un coste?", se pregunta. Cada décima de incremento del coste medio de la deuda supondría un encarecimiento de la factura superior a los 1.000 millones de euros.

Para dar respuesta a este desafío, subidas de impuestos como las que ha planteado en los últimos meses el actual gobierno en funciones no parecen la mejor opción, en opinión del experto del IEB, dado que "este tipo de medidas las acaban pagando los consumidores y eso termina afectando a la actividad económica".

Pero tampoco una rebaja masiva de impuestos es vista como una panacea: "No conozco ningún caso en que una rebaja de impuestos en desaceleración se haya visto completamente compensada por un aumento de la recaudación", observa Torres.

Y estas dudas son compartidas por Gonzalo García, quien subraya que España se enfrenta a un problema de ingresos -"incluso países de nuestro entorno como Portugal o Italia tienen mayores ingresos fiscales", comenta- que hace poco recomendable el recurso a una rebaja impositiva.

Nada de esto significa, no obstante, que el próximo Gobierno no tenga capacidad alguna de actuación en el frente económico. "El margen [de actuación fiscal] en cantidad es reducido, pero no en la composición del gasto público, que debe reorientarse hacia el que consigue ganar productividad", observa Maudos, quien recalca, a este respecto, la importancia de la inversión en I+D+i y en formación.

Más que un aumento del gasto, los expertos abogan por una mejor distribución, con vistas a impulsar la I+D+i

El director adjunto del Ivie aboga por la necesidad de abordar reformas estructurales que garanticen la sostenibilidad de las finanzas españolas. En este sentido, defiende que "es prioritaria una reforma del sistema fiscal que aumente el peso de los ingresos públicos en el PIB si queremos mantener el actual tamaño del estado del bienestar".

Pero aún más importante considera dar una respuesta al reto de las pensiones. "De momento lo que hay que hacer es no revertir las decisiones adoptadas en el pasado Pacto de Toledo, como no subir automáticamente las pensiones cada año según el IPC, sino vincular la subida a la situación financiera del sistema. Y ahora mismo no podemos permitirnos esa subida", advierte.

El de las pensiones es, además, un problema cada vez más acuciante, a medida que el envejecimiento de la población española va dibujando una estructura cada vez más difícil de sostener. Esta misma semana, la agencia Moody's advertía de que, sin medidas correctoras, este factor por sí sólo puede provocar un incremento de la deuda pública española hasta el entorno del 125% del PIB.

Es por esto que las reformas estructurales son un reclamo unánime por parte de los expertos, quienes lamentan que el país lleva ya varios años de parálisis en este sentido, en los que, como observa Gonzalo García, "se han aprovechado unos ingresos que son cíclicos para cubrir unos gastos estructurales crecientes". Con el frenazo económico este desequilibrio puede quedar patente con toda su crudeza.

Así, cuestiones como la reforma del mercado laboral, de las pensiones, del sistema fiscal o de la educación son citados entre los deberes que debe marcarse como prioritarios un próximo gobierno y que precisarían de un amplio consenso político.

Reformas que, es cierto, arrojarían sus resultados a medio y largo plazo, aunque, como indica Raymond Torres, también pueden favorecer un impulso de corto plazo si son capaces de mejorar las expectativas los agentes económicos.

Y que, en cualquier caso, se antojan esenciales para garantizar que la española sea una economía con un futuro que difícilmente pueden garantizar promesas electorales de aumentos de gastos o rebajas de impuestos.