La Audiencia Nacional ha respaldado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos en 2017, que entre otras medidas considera que los interinos de larga duración se sometan a una fase de oposición para convertirse en funcionarios de carrera.

La Sala de lo contencioso administrativo rechaza así un recurso de la asociación de interinos y laborales ANIL contra el acuerdo para la Mejora del Empleo Público suscrito el 29 de marzo del 2017 por el ministro de Hacienda y Función Pública y los sindicatos.

ANIL alegaba en su recurso que Hacienda carecía de legitimación para cerrar el acuerdo en nombre del Gobierno y sostenía que discrimina al personal interino que ha prestado durante mucho tiempo servicios para la Administración al imponerle superar una oposición para convertirse en funcionarios de carrera.

Denunciaba asimismo que el convenio no había pasado por la Intervención General del Estado.

ANIL solicitaba por ello un concurso específico de méritos para los interinos de larga duración y también que las plazas del personal indefinido no fijo no se incluyeran en las ofertas públicas de empleo.

Pero la Sala de lo contencioso ha concluido que el acuerdo no tiene carácter normativo ni afecta a la materia presupuestaria y no requiere publicación ni informe de la Intervención General del Estado.

Además, considera que al personal interino se le reconoce "únicamente" el derecho a permanecer en su puesto de trabajo mientras no lo cubra alguno de los sistemas de provisión de empleo, pero no se le garantiza un tiempo determinado de permanencia.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), uno de los firmantes del acuerdo, ha valorado la sentencia de la Audiencia Nacional, ya que entiende que la solución para acabar con la alta tasa de temporalidad pasa por el desarrollo "urgente" de los acuerdos alcanzados en 2017 y 2018.

CCOO y UGT han valorado también la sentencia y han reclamado más agilidad en los procesos para luchar contra la precariedad.

CCOO ha pedido que se dejen de poner trabas "a la oportunidad que ofrece el acuerdo al conjunto del personal temporal, incluido el de mayor precariedad, de adquirir estabilidad en el empleo".

UGT ha urgido a las administraciones a que "se agilicen las convocatorias para dar estabilidad a los trabajadores y evitar nuevas bolsas de precariedad".