El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar el próximo viernes, 22 de noviembre, a los representantes de FCC Construcción SA, FCC Construcción América SA y Construcciones Hospitalarias SA por presunta corrupción en contratos adjudicados a la compañía española en Panamá entre 2009 y 2015.

El pasado 30 de octubre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 pasó a investigar como persona jurídica a la compañía por su actividad en el país latinoamericano bajo la presidencia de Esther Alcocer Koplowitz y bajo el control del magnate mexicano Carlos Slim.

Construcción de líneas de metro

El instructor imputa a FCC delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por el pago de 82 millones de euros de comisiones a políticos para la adjudicación de la construcción de líneas del metro y de la ciudad de la Salud de Panamá.

Según investigan Fiscalía Anticorrupción y el juez Moreno, directivos de FCC y la multinacional brasileña Odebrecht habrían pactado la adjudicación de contratos entre 2009 y 2015 en el país latinoamericano.

La compañía española está investigada a través de las mercantiles FCC Construcción S.A., FCC Construcción Centroamérica S.A. y Construcciones Hospitalarias S.A. a las que el juez cita ahora a declarar. Según el auto de inicio de investigación, estas tres sociedades constituyeron un contrato con consorcio con la multinacional Odebrecht para participar en el concurso de obras de Panamá que resultó el adjudicatario único de la contratación de dos líneas de metro previo pago, presuntamente, del pago de sobornos a políticos del país latinoamericano de 82 millones de euros.

Declaraciones de ex directivos

El juez Moreno interrogó a cuatro ex directivos que participaron en los contratos denunciados y que presuntamente encubrieron pagos de dádivas bajo supuestos trabajos de consultoría comercial entre los años 2010 y 2014.

Sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda corresponder a estas personas, el juez argumentó en su auto que la misma “debe trascender a la compañía (FCC) porque no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa”.

El truco del acero

Según los indicios de la investigación, corroborada por autoridades suizas en información aportada en comisiones rogatorias, los directivos de FCC y Odebrecht diseñaron, según relata Anticorrupción en un escrito, un «esquema de corrupción repetido y que consistió en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá y en facturarlo al doble de su precio».

De esta forma, según el juez, se obtuvieron los fondos para pagar dádivas a empleados y dirigentes políticos de Panamá. El desvío de dinero se hacía a través de sociedades pantalla administradas por directivos de ambas compañías.

Los hechos investigados se iniciaron, según informó el juzgado, a raíz de una querella contra un asesor jurídico de Odebrecht por posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal cometidos entre 2009 y 2015. Un banco de Lugano (Suiza) remitió la juez los perfiles de riesgo de las operaciones realizadas por los grupos empresariales de los investigados. El banco percibió que «gestionaban un grupo de cuentas, sociedades y clientes con indicios de autocontratación entre ellos y con un perfil instrumental, sin recursos ni trabajadores y ejecutaban un millonario volumen de facturación cuyos fondos circulaban por sus cuentas».

FCC aporta facturas

La propia multinacional española FCC presentó dos denuncias ante Anticorrupcióin sobre los acuerdos comerciales investigados tres meses después de arrancar la investigación de la Audiencia Nacional contra ella. Aportó 38 facturas y transferenccias libradas desde la compañía al entramado investigado por importe de 82,8 millones de euros entre los años 2010 y 2014 por servicios no prestados . Es decir, facturas falsas que, según la compañía, se hicieron para dar cobertura a pagos por presunta corrupción.