Telefónica está analizando la puesta en marcha de una reorganización de estructura en España con el objetivo de recentralizar la política comercial de las distintas unidades territoriales en las que se divide la empresa de telecomunicaciones en el país en busca de más eficiencias.

Según adelantan 'La Información' y 'Cinco Días', la operadora está trabajando con la consultora McKinsey en este proceso de reorganización en España, que se está llevando a cabo coincidiendo con la salida de los más de 2.600 empleados que se acogieron al plan de bajas voluntarias.

La reorganización de la filial presidida por Emilio Gayo supondrá un refuerzo del papel que desempeña la consejera delegada de Telefónica España, María Jesús Almazor, que tendrá un mayor control de las políticas comerciales llevadas a cabo en las distintas divisiones territoriales.

Telefónica implantó en 2011 una estructura comercial con cinco direcciones territoriales, Centro (Castilla La Mancha, Castilla y León y Madrid), Sur (Andalucía, Extremadura, Islas Canarias, Ceuta y Melilla), Norte (Aragón, Galicia, Cantabria, La Rioja, Navarra, País Vasco y Asturias), Este (Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Murcia) y Cataluña, aunque estas dos últimas forman parte de una división denominada Mediterráneo.

En el momento de creación de esta estructura, la operadora de telecomunicaciones explicó que todas las direcciones territoriales tendrán responsabilidad sobre la cuenta de resultados y la gestión comercial y de ventas, además de mantener la representación institucional de la compañía en sus áreas de influencia.

'Cinco días' ya adelantó que la empresa también tiene intención de centralizar las política de recursos humanos y recuerda que hace alrededor de dos años ya reunificó el área de operaciones de las distintas zonas para facilitar la gestión y los trabajos impulsado por la migración desde el cobre tradicional a la fibra.

Todos estos cambios en la estructura coinciden con la puesta en marcha de un Plan de Suspensión Individual (PSI), cuyo plazo de adhesión concluyó el pasado 31 de octubre, y al que se han apuntado un total de 2.636 trabajadores de Telefónica con 53 años o más y una antigüedad superior a 15 años.

De esta manera, se acogieron al plan en torno a la mitad de los alrededor de 5.000 empleados que cumplían las condiciones fijadas para poder suspender de forma voluntaria su relación con la compañía, con un volumen de adhesiones en el colectivo "similar al de PSI anteriores".

Quienes han optado por acogerse a este plan voluntario, universal y no discriminatorio, percibirán un 68% del salario regulador hasta la edad de 65 años, mantendrán el seguro médico y la empresa abonará el Convenio Especial con la Seguridad Social.