El Gobierno, aun estando en funciones, quiere apurar lo que queda del año para poner en marcha varias de las reformas en materia energética que la situación de bloqueo político ha ido dejando aparcadas. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, ultima la confección de varios reales decretos que pasarán por los próximos Consejos de Ministros y que contendrán una batería de medidas.

El programa de reformas es variado. El Ejecutivo quiere aprobar la nueva retribución de las energías renovables para los próximos seis años, la nueva tasa que pagarán las centrales nucleares para financiar la gestión de sus residuos radiactivos, la reforma de las subastas de nueva potencia renovable para los próximos años, un plan para articular la transición justa (especialmente para mantener el empleo en zonas donde se cierran centrales eléctricas), el Estatuto del Consumidor Electrointensivo para rebajar la factura energética de la gran industria, la regulación de concursos para adjudicar los cotizadísimos puntos de conexión a la red eléctrica de las grandes centrales cuando cierran…

Algunas de las medidas son de acuciante aprobación. Es el caso singularmente de la nueva retribución de las renovables y de la subida de tasas a las nucleares, porque deberían estar vigentes el 1 de enero de 2020. Para el resto de las medidas el Ministerio para la Transición Ecológica se está topando con las dudas legales de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios –el organismo que prepara los asuntos que se estudiarán en el Consejo de Ministros- y de la propia Abogacía del Estado.

Y es que no está claro que el Ministerio para la Transición Ecológica pueda utilizar la fórmula del real decreto para aprobar medidas que no es seguro que puedan considerarse urgentes. Es por eso, que el equipo del departamento de Teresa Ribera está trabajando desde hace semanas para reforzar jurídicamente los reales decretos.

Los planes del Ejecutivo pasan inicialmente por llevar este mismo viernes al Consejo de Ministros un real decreto con varias de las medidas y en las próximas semanas aprobar otro decreto para la subida de las tasas a las centrales nucleares. El Gobierno daría luz verde a los reales decretos de manera inminente y posteriormente los ha de refrendar el Congreso de los Diputados.

La rentabilidad garantizada de las renovables

El Gobierno tiene que fijar antes de que acabe este año la retribución que cobrarán las instalaciones de energías renovables entre 2020 y 2025 para garantizar una rentabilidad razonable protegida por ley. La inclusión de la nueva retribución en un real decreto de medidas urgentes, según varias fuentes oficiales, estaría pues justificada.

La situación de bloqueo político había dejado en punto muerto la aprobación del nuevo marco regulatorio y ha estado desatando una ola de incertidumbre en el sector sobre qué panorama van a encontrarse las compañías el próximo 1 de enero.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya empezó a finales del año pasado a tramitar un anteproyecto de ley en el que se recogía una ligera rebaja de la rentabilidad de las plantas renovables desde el 7,39% actual hasta el 7,09% en los próximos años. Pero lo que era más importante para los empresarios era que a las instalaciones que ya se vieron afectadas por los recortes del Gobierno de Rajoy, en 2013, se les mantenía congelada y sin cambios la retribución actual.

La rentabilidad del 7,4% se mantendría hasta 2031 para evitar más litigios internacionales por el hachazo a las renovables, por el que se acumulan pleitos con inversores internacionales que exigen al Estado español más de 8.000 millones en indemnizaciones. Con la convocatoria de elecciones para el 28-A el anteproyecto de ley ya quedó en nada y con el 10-N siguió congelado. Hasta ahora: porque se da por hecho que pasará por el Consejo de Ministros de este mismo viernes.

Todo son dudas acerca de qué sucedería si el Gobierno no consigue sacar  adelante una norma con rango de ley estableciendo la nueva rentabilidad razonable para las renovables. Las asociaciones empresariales del sector y el propio Ministerio para la Transición Ecológica han solicitado informes jurídicos sobre cómo quedaría la retribución de las plantas si no se aprueba el cambio legal, para saber si se mantendría como hasta ahora o si sufriría un drástico recorte de los pagos a las renovables de manera automática.

‘Tasazo’ a las eléctricas para pagar el apagón nuclear

No será en el Consejo de Ministros de esta semana, pero sí antes de que termine el año. El Gobierno pretende aprobar otro real decreto para aplicar una fuerte subida de las tasas que pagan las centrales nucleares para financiar la gestión de los residuos radiactivos que generan y el desmantelamiento de las plantas tras su cierre.

Los planes del Ministerio para la Transición Ecológica pasan por asumir la propuesta de Enresa –la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos nucleares- y elevar la tasa que paga cada central un 19,2% el próximo año, pasando de los actuales 6,69 euros por cada megavatio hora (MWh) producido por las nucleares hasta los 7,98 euros, tal y como adelantó El Independiente ya el pasado julio.

En los últimos años el pago de tasas por parte de las eléctricas se ha situado entre los 530 millones y los 550 millones de euros anuales, en función de la producción eléctrica de las plantas, por lo que la subida prevista para el próximo año podría traducirse en un incremento que rondará los 100 millones al año entre todos los reactores.

Aunque la subida es importante, el Gobierno mantendrá cierto margen para poder aplicar nuevas alzas (mucho más moderadas) en los próximos años. El Ejecutivo, Enresa y las grandes eléctricas firmaron el pasado marzo un protocolo sobre el calendario de cierre de todas las centrales nucleares españolas y en el que fijaban que la subida de la tasa que pagan por los residuos podía ser de un 20% como máximo.

La subida máxima pactada permitiría pues elevar la tasa hasta los 8,03 euros por MWh en próximos años, aún por encima del nivel previsto para 2020. Previendo desviaciones de costes se deja margen para nuevos incrementos de los gravámenes, pero en ningún caso se superaría la cota del 20% firmada con las grandes eléctricas con participación en las nucleares (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo).

El pasado marzo se selló la paz nuclear tras años de choques. Las grandes eléctricas, el Gobierno y la propia Enresa pactaron el calendario de cierre de cada una de las centrales. En el protocolo acordado se establece que Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo también en 2035.

Los ingresos por las tasas se destinan a un fondo específico que sirve para financiar las actuaciones de gestión de desechos radiactivos. Un fondo que a finales de 2018 contaba con 5.647 millones de euros, a pesar de que la  actual previsión oficial –que también se revisará de manera próximamente- es que el coste de las trabajos a largo plazo de gestión de residuos y desmantelamiento rondará los 14.200 millones. La subida de las tasas y la ampliación de la vida de las centrales nucleares servirá, en principio, para tapar el agujero.

Reforma de las subastas de renovables

Otra de las reformas que prepara el Gobierno –aunque aún está por ver si entrará en el inminente real decreto de medidas urgentes de esta semana- es la modificación de las normas que regulan hasta ahora las subastas de nuevas renovables.

El Gobierno ha puesto en marcha un plan para impulsar al máximo la implantación de nuevas energías renovables en España durante la próxima década, llegando a 2030 con un 35% de renovables en el consumo de energía final y un 70% de generación renovable en el sector eléctrico, y con la meta final de un sistema eléctrico 100% renovable en 2050.

Para ello, la intención del Ministerio para la Transición Ecológica es convocar de subastas de nueva potencia renovable cada año hasta 2030, en principio con un mínimo de 3.000 megavatios (MW) anuales en licitación. El Gobierno pretende reformar por completo la metodología de las pujas anteriores que organizó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2017.

El objetivo es utilizarlas no sólo para promover la implantación de nuevas renovables, sino también para hacer posible una rebaja del precio de la electricidad y, con ello, del recibo de la luz que pagan los consumidores. A la espera de conocer la regulación definitiva, la pretensión del Ministerio pasa por que las empresas compitan por los nuevos proyectos ofreciendo un precio fijo de la electricidad que se mantendría durante un periodo largo de tiempo (10, 15 o 20 años), Quien ofrezca la electricidad más barata gana.

Las compañías calculan con qué precio de venta de la electricidad su inversión en las nuevas plantas ya les resulta rentable y ofrecen mantenerlo a largo plazo. El Gobierno, en principio, fijaría un precio máximo  permitido (que se mantendría en secreto para no condicionar las ofertas de las empresas) y así asegurarse una rebaja en relación al precio de mercado. La electricidad de las plantas renovables ganadoras en la subasta siempre se vendería al mismo precio, con independencia de la evolución del mercado eléctrico (también conocido como pool).

El Estatuto de Electrointensivos, cuando haya Gobierno

Para más adelante (cuando se forme nuevo Gobierno, si PSOE y Unidas Podemos consiguen sumar apoyos suficientes para la investidura de Pedro Sánchez) se quedará el nuevo Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que contempla que la gran industria deje de pagar algunos recargos eléctricos y rebajar así su factura de luz.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya tenía listo un estatuto de grandes consumidores eléctricos, pero paralizó su aprobación por las dudas planteadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) de que las ayudas diseñadas fueran legales.