El Gobierno aprobará este viernes la nueva retribución de las energías renovables para los próximos seis años. Lo hará con un real decreto del que finalmente se han caído otras reformas que iban a incluirse (singularmente los cambios legales para impulsar nuevas subastas de renovables, que se quedan fuera por no poder considerarse una medida urgente) y que sólo se recogerá la nueva tasa de rentabilidad razonable para las plantas de energías limpias.

Pero el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, quiere aprovechar también ese real decreto para poner fin de manera masiva a las decenas de litigios millonarios que acumula el Estado español por los recortes a las ayudas que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y también para evitar que otros pleitos se abran en el futuro.

Con el decreto aprobado por el Consejo de Ministros este viernes -que aún debe ser convalidado por el Congreso- el Gobierno de Pedro Sánchez aplicará con carácter general una ligera rebaja de la tasa de rentabilidad razonable de las plantas renovables, desde el 7,39% actual hasta el 7,09% en los próximos seis años.

Pero lo más importante para el sector energético es que las plantas que ya se vieron afectadas por los recortes del Gobierno de Rajoy, en 2013, se les mantendrá congelada y sin cambios la retribución actual. Y no será durante seis, sino durante 12 años, hasta 2031. Pero el mantenimiento de la rentabilidad en el 7,39% tiene condiciones, tiene letra pequeña.

Y es que las plantas que quieran mantener la retribución actual durante una docena de años han de renunciar a presentar demandas judiciales o arbitrajes internacionales para reclamar indemnizaciones por los recortes o, en caso de ya tener un litigio abierto, han de ponerle fin, según confirman a El Independiente fuentes conocedoras de la nueva normativa.

En la práctica, el Gobierno ofrece un pacto al sector para poner fin a las decenas de litigios que reclaman indemnizaciones por más de 8.000 millones de euros. Las instalaciones previas a 2013 pueden elegir entre las dos opciones: garantizarse la rentabilidad del 7,4% hasta 2031 renunciando a pleitear o quedarse con la nueva retribución del 7,1% sólo hasta 2025 y mantener la opción de reclamar compensaciones.

El Gobierno ha acelerado tras el 10-N para aprobar la nueva retribución de las renovables, que debe estar vigente el 1 de enero de 2020. Existían verdaderas dudas legales sobre qué sucedería si el ejecutivo no conseguía sacar adelante una norma con rango de ley con la nueva rentabilidad. Las asociaciones empresariales del sector y el propio Ministerio para la Transición Ecológica habían solicitado informes jurídicos sobre cómo quedaría la retribución de las plantas si no se aprueba el cambio legal, para saber si se mantendría como hasta ahora o si sufriría un drástico recorte de los pagos a las renovables de manera automática. Y no había unanimidad.

Condenas por 1.000 millones

España es desde hace años el país con más litigios en tribunales internacionales del planeta. Acumula un total de 52 procedimientos arbitrales en diferentes instancias (el Ciadi del Banco Mundial, la Cámara de Comercio de Estocolmo, Uncitral de la ONU…). Y la inmensa mayoría de las demandas, hasta un total de 46, tienen su origen en el recorte de la retribución de las energías renovables ejecutado por el Gobierno español hace un lustro.

De todos los procesos iniciados, quince litigios se han cerrado ya. Dos los ha ganado el Estado español (contra Charanne e Isolux), uno se cerró por desistimiento del demandante (Solarpark) y en doce se han impuesto las compañías o fondos de inversión extranjeros que denunciaron al Reino de España por los recortes a las retribuciones previstas para sus instalaciones de renovables en el país.

España acumula conjuntamente por 10 de estos 12 litigios perdidos indemnizaciones por casi 823 millones de euros y 25,5 millones más en concepto de costas o pagos de los servicios jurídicos contratados por los demandantes. En total cerca de 850 millones, según los registros del Ministerio de Justicia y del propio Ciadi.

Hay otros dos laudos arbitrales desfavorables de los que aún no se conoce la cuantía de la indemnización. Uno de los últimos litigios perdidos por España fue ante el fondo Infrared Enviromental Involving, que reclamaba 92 millones pero el importe de la compensación finalmente conseguida no ha trascendido.

Asimismo, un vehículo inversor de Deutsche Bank (RREEF) reclama 441 millones de euros de compensación y el Ciadi le ha dado parcialmente la razón, sin que haya fijado de momento el importe final. Fuentes jurídicas y del sector energético anticipan que la indemnización a estos fondos alemanes se situará en el entorno de los 150 de euros. En total, las multas impuestas al Estado español por los casos perdidos se situarían potencialmente por encima de los 1.000 millones.

España, de momento, no paga

La Abogacía del Estado española y los bufetes externos contratados han conseguido rebajar la factura enormemente, ya que los quince litigios ya resueltos reclamaban conjuntamente algo más de 2.300 millones de euros.

Hasta ahora España ha perdido los laudos arbitrales que le enfrentaban con Nextera (290 millones), Eiser (128 millones), Antin (101 millones), Masdar (64,5 millones), Novenergia (53,3 millones), 9REN (41,7 millones), Greentech (39 millones), Operafund (30 millones), SolEs Badajoz (41 millones) y Cube y Demeter (33,7 millones), además de los de Infrared y RREEF aún con cuantías por hacerse públicas o por establecerse, respectivamente.

España, en cualquier caso, ha venido maniobrando para salvarse de este aluvión de indemnizaciones. La estrategia legal del Gobierno ha consistido en reclamar la anulación de los pagos y de todos los procesos agarrándose a una decisión de Bruselas que obligaría a que los casos pasen sólo por el Tribunal de Justicia de la UE.

La Comisión Europea ha declarado ilegales los laudos que son resultado de acuerdos arbitrales bilaterales entre países miembros de la UE por ser contrarios al derecho comunitario y estudia también tumbar los que tienen su origen en compañías de países no comunitarios. Y a eso se agarra el Gobierno español para frenar el impacto millonario de los litigios. Los resueltos y, sobre todo, los que aún están por resolverse.

Otros 7.300 millones en juego

España aún tiene pendientes 32 procedimientos de arbitraje internacional por el recorte a las renovables. El Estado español se enfrenta a reclamaciones de indemnizaciones que entre todos estos casos alcanzan los 7.378 millones de euros, según un informe del Gobierno.

Además, la cifra de indemnizaciones reclamadas crecerá en breve porque Ministerio de Justicia aún desconoce la compensación reclamada por los inversores en algunas de las últimas demandas tramitadas en el Ciadi (la de la luxemburguesa Canepa y la de la belga Sapec).

Casi la mitad del montante total exigido por los denunciantes, se concentra en dos únicos litigios en los que los inversores han elevado la indemnización reclamada. The PV Investors –que agrupa a 88 demandantes de Alemania, Holanda, Luxemburgo y también España- ha elevado la compensación que exige en Uncitral hasta los 1.900 millones de euros.

Y la española Abengoa, que ha presentado una demanda contra el Reino de España en el Ciadi a través de su filial instrumental luxemburguesa CSP Equity Investment, también ha disparado la indemnización reclamada y ya se sitúa en los 1.505 millones, frente a la petición inicial de 840 millones, como desveló El Independiente. Abengoa ha cedido a firmas especializadas una parte de los derechos de cobro a cambio de una compensación por adelantado.

Los recortes de Zapatero y Rajoy

El último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya inicio el recorte de las ayudas a las energías renovables cuando se vio desbordado por el boom de plantas al calor de las subvenciones. Pero fue el primer Gobierno de Mariano Rajoy el que ejecutó una durísima reforma energética y asestó un auténtico hachazo a las subvenciones que recibían las energías verdes.

El entonces Ministerio de Industria, comandado por José Manuel Soria, acabó con el sistema de ayudas verdes que existía (que daba subvenciones en función de la energía que se producía) para reconvertirlo en una garantía de una “rentabilidad razonable” a los proyectos durante toda su vida. El resultado: un hachazo de unos 1.700 millones de euros al año a las subvenciones que cobraban las renovables.

El recorte fue el detonante que desató un aluvión de demandas en instancias internacionales de inversores que contaban con las ayudas que el Estado español les había garantizado durante 25 años. Ahora las demandas siguen sumándose, a modo de goteo, y la factura amenaza con acabar siendo milmillonaria. O amenazaba… si funciona la nueva maniobra del Ministerio para la Transición para cerrar todos los pleitos y evitar otros nuevos.