¿Por qué se produjo la caída del Banco Popular?

Como por arte de magia, uno de los principales bancos de España se esfumó en un abrir y cerrar de ojos.

El óbito del Banco Popular se produjo en la noche del 6 de junio de 2017. Habían pasado cinco años desde el hundimiento de Bankia, que supuso el punto álgido de una crisis financiera global que en España fue aún más profunda que en nuestro entorno por la mala gestión de las politizadas cajas de ahorros. Esa devastadora crisis llevó a España a pedir una línea de crédito de hasta 100.000 millones al Eurogrupo, bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Central Europeo (BCE). Mariano Rajoy, que llevaba apenas seis meses en el gobierno, se resistió a pedir un rescate para España, como ya habían hecho Grecia, Portugal o Irlanda, pero no tuvo más remedio que solicitar ayuda para salvar un sector financiero con riesgo de metástasis de un cáncer causado por el auge de los créditos al sector inmobiliario y a la compra de viviendas que se produjo durante los años del boom económico de principios de siglo.

El panorama económico en 2012 era ciertamente sombrío. La economía española había crecido sólo un 0,4% en 2011, tras haberlo hecho en un mísero 0,2% en 2010 y haber registrado un PIB negativo de un 3,8% en 2009. La debacle bancaria se enmarcaba así en una profunda recesión económica, probablemente la más dura que haya vivido España en 50 años.

Sin embargo, en 2017 la economía había salido ya del agujero, con un PIB que ese año creció al 2,9%, con lo que se crearon casi medio millón de empleos y, de nuevo, con una recuperación sorprendente del crédito, ¡que ese año aumentó por encima del 14%!

La caída del Popular se produjo, en fin, fuera de contexto, cuando la confianza de ahorradores e inversores se había recuperado y la economía había recobrado plenamente su pulso.

El entorno, interno e internacional, no tuvo nada que ver en la desaparición del banco, aunque éste siguiera lastrado por la pesada digestión de la concentración del riesgo en el sector inmobiliario. Sin embargo, el Popular aprobó sin problemas el test de estrés que había puesto en práctica el BCE entre los bancos más grandes de Europa, una especie de radiografía para comprobar si estaban bien dotados de capital para afrontar nuevos terremotos. El 26 de noviembre de 2016, el BCE comunicó al Popular (en el marco del Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora 2015) que su liquidez superaba en más de un 100% los requerimientos mínimos establecidos.

¿Qué ocurrió entonces, cuáles fueron las causas de su derrumbe?

Un alto funcionario, que vivió muy de cerca los acontecimientos, lo explica de una forma sintética: “Fue el resultado de una guerra interna por el poder, digamos que fue una guerra sucia en la que no se escatimaron medios: por una parte, la sucesión de noticias negativas, muchas de ellas falsas; por otra, el ataque a las acciones del Popular mediante posiciones cortas”.

Resumiendo: el Popular no murió de una enfermedad incurable (insolvencia o falta de recursos propios), sino de una súbita sangría (una huida de depósitos que provocó la falta de liquidez).

En mayo de 2017 Luis de Guindos le pidió a Rajoy autorización para salvar con dinero público al Popular, pero el presidente se negó argumentando que no tenía respaldo político para hacerlo: "Ni PSOE, ni Ciudadanos apoyarán nuevas ayudas a la banca"

Cuando le preguntaron al gobernador del Banco de España Luis Linde en el Congreso de los Diputados (20 de junio de 2017) si el Popular era un banco insolvente, respondió con contundencia: "La solvencia no se mide de forma poética; se mide de forma aritmética. Hay unos activos ponderados en riesgo, hay un capital, hay unas proporciones y unas ratios. Entonces, el banco que cumple esas ratios es solvente, y el que no, no. Yo puedo decir que el Banco Popular, de acuerdo con las normas en vigor y de acuerdo, no con la opinión del Banco de España, sino del Mecanismo Único de Supervisión, era solvente hasta el día 5 de junio. Eso es así, porque si no hubiera sido solvente el Banco de España no hubiera podido dar liquidez de emergencia"

Lo que le sucedió al Popular no tiene precedentes en la banca española. Desde la junta de accionistas que se celebró el 10 de abril de 2017 se produjo una galopante salida de depósitos que sumó unos 20.000 millones de euros. De esa cantidad, unos 12.000 millones se esfumaron durante el mes de mayo y ¡casi 6.000 millones durante los primeros seis días del mes de junio!

Un dato revelador es que las administraciones y empresas públicas fueron protagonistas de esa corrida bancaria. En sólo siete días distintos organismos y empresas retiraron 3.044 millones. La Tesorería de la Seguridad Social sacó 1.140 millones; la Comunidad de Canarias, 608 millones; el Ayuntamiento de Barcelona, 340 millones; la Comunidad de Madrid, 198 millones,… ¡Hasta el Ministerio de Hacienda a través de Loterías y Apuestas del Estado retiró 46 millones de euros! Es decir, que el sector público, bien porque disponía de información privilegiada o bien por prudencia, ante las informaciones negativas que aparecían en la prensa, aceleró la caída del Popular.

En paralelo a la fuga de depósitos, las acciones del banco se desplomaron en Bolsa, perdiendo, entre el 11 de mayo y el 6 de junio, la mitad de su valor. Tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) investigaron quién había detrás de las posiciones cortas (vender para hacer caer el valor y comprar después más barato), pero no fueron capaces de descubrir nada. Aunque es evidente que las sospechas apuntaban en una sola dirección: Qui prodest?

Ante la debacle, el consejo de administración del Popular se reunió de urgencia en la noche del martes del 6 de junio. Al cierre de las operaciones interbancarias, la posición de liquidez del banco (el dinero que tenía en esos momentos en caja) era de sólo 600 millones. Ello a pesar de que el Banco de España le había proporcionado desde la mañana del día anterior mediante una línea especial de crédito (conocida como ELA, la liquidez de emergencia a la que hizo referencia Linde en el Congreso) 4.000 millones.

Las peticiones acumuladas de retirada de fondos para el día 7 de junio sumaban 2.000 millones. Es decir, que el Popular hubiera tenido que dejar sin atender peticiones de desembolso de sus clientes por un total de 1.400 millones. Como dijo gráficamente el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, en una comparecencia en el Congreso, si no se hubiera producido la venta “se habrían formado colas en las oficinas del Popular para retirar dinero y el banco tendría que haber cerrado sus puertas a primera hora de la mañana”. El pánico se hubiera extendido afectando no sólo al Popular, sino al conjunto del sistema financiero. La sombra del corralito se proyectaba sobre España. No hay nada más miedoso que el dinero.

El consejero delegado del Popular, Ignacio Sánchez-Asiaín tenía preparado un plan de emergencia que consistía en el cierre de las oficinas y la desconexión de todos los cajeros automáticos. Pero eso no solucionaba nada. O se presentaba concurso de acreedores en la mañana del día 7 o bien se encontraba un comprador esa misma noche.

El consejo del Popular vivió momentos de alta tensión. Solicitar la resolución (la intervención de las autoridades europeas) significaba que el banco perdía todo su valor. Es decir, que los consejeros, que habían invertido sólo en la última ampliación de 2016 unos 500 millones de euros, lo perdían todo. Pero el gobierno se empleó a fondo. Hubo consejeros que se negaban a firmar la sentencia de muerte del banco admitiendo su "inviabilidad", pero Guindos le advirtió al entonces presidente, Emilio Saracho, que si la carta pidiendo la resolución no se firmaba en media hora, "se atuviera a las consecuencias".

Finalmente, el consejo solicitó la ayuda del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (conocido como MUS) reconociendo que, en esos momentos, su situación de falta de liquidez lo hacía "inviable". La presidenta del MUS, Danièle Nouy convocó esa misma noche un consejo del MUS que se reunió por videoconferencia, y que aprobó de inmediato una resolución en la que se vaticinaba que si no se tomaban medidas, "el banco sería insolvente en un futuro próximo". Ese era el paso previo para que la Junta Única de Resolución (JUR), presidida por la alemana Elke Köning, decidiera la "resolución" del Popular, lo que significaba destituir a toda su cúpula. Fue este organismo el que, a su vez, informó al presidente del BCE, Mario Draghi, de que se iba a adoptar la "resolución" de uno de los grandes bancos europeos. Esa era la primera vez que se ponía en práctica dicho mecanismo, creado tras la crisis bancaria que asoló a Europa y Estados Unidos entre 2009 y 2011.

La pelota del Popular había pasado desde Madrid a Francfort (sede del MUS), luego a Bruselas (sede de la JUR), para volver momentáneamente a Francfort (BCE), y recalar, en la madrugada del día 7 de junio, otra vez en Madrid, sede del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El FROB, creado durante la crisis bancaria, actúa en España como entidad delegada del Mecanismo Único de Resolución (MUR), encargado de poner en marcha las medidas de salvamento para bancos en crisis.

Jaime Ponce, entonces presidente del FROB, se hizo cargo de la patata caliente. Ponce y el ministro de Economía llevaban semanas buscando un comprador para el Popular, con escaso éxito.

El ministro de Economía, que ya había sufrido en carne propia la crisis financiera que se precipitó tras la caída de Bankia, no quería volver a pasar por el mismo trance. En los meses de abril y mayo hubo un concurso público para ver quien se hacía cargo del banco. La oferta fue preparada por JP Morgan y a ella se acercaron los cinco grandes: Santander, BBVA, Caixabank, Sabedell y Bankia. El precio de salida rondaba los 1.800 millones, pero todos estimaban que las necesidades de saneamiento superaban los 5.000 millones. La situación se iba deteriorando por momentos y nadie hizo una oferta en firme.

A pesar de todo, cuando se produjo la resolución, el Popular seguía valiendo dinero. Su capitalización en Bolsa era superior a los 1.300 millones y su patrimonio neto era de 11.000 millones.

Guindos quería evitar a toda costa un nuevo golpe a la credibilidad del sistema financiero español y llegó a pedir al presidente del gobierno autorización para que el Estado lanzara un salvavidas al Popular, y así facilitar su venta, como, por cierto, acababa de hacer el gobierno de Italia. Draghi autorizó (y la Comisión Europea ratificó) coincidiendo con la caída del Popular una inyección de 17.000 millones de dinero público en el Popolare di Vicenza y Banca Veneto, que fueron adquiridos por un euro por Intesa San Paolo.

Pero Rajoy se negó en redondo a meter dinero público en el Popular. Su explicación fue muy simple: "No tengo apoyos. Ni el PSOE, ni Ciudadanos respaldarían ahora nuevas ayudas para la banca".

El contexto político era importante a la hora de decidir qué se hacía con el Popular. El día 14 de junio (una semana después de la "resolución") se debatía en las Cortes una moción de censura presentada por Podemos contra Rajoy. Eran los momentos del tramabús y los ataques demagógicos de Pablo Iglesias a los banqueros, a los que asimilaba con la corrupción. Otra intervención del Estado para salvar a un banco hubiera dado a Iglesias valiosísima munición para atacar a Rajoy como gran defensor de la banca. El presidente, por ello, recomendó a Guindos que buscara una solución fuera del sector público. La salvación del Popular tenía que venir del sector privado, pero esta vez, sin ayudas del Estado.

El fin de semana anterior a la caída, Guindos viajó a Chantilly (Virginia), donde se celebraba la reunión del Club Bilderberg, para entrevistarse con Ana Patricia Botín. Fue allí donde acordó que el Santander se hiciera cargo del Banco Popular, al que ya daba por muerto.

El sábado 3 de junio, José Antonio Álvarez, consejero delegado del Santander, recibió una llamada de Jaime Ponce cuando se encontraba en el Teatro Real. El presidente del FROB le instó a hacerse cargo del Popular. Álvarez ya tenía luz verde. Aunque, formalmente la adjudicación no se produjo hasta la madrugada del 7 de junio, cuatro días antes ya tenía un comprador en firme.