Desde hace más de una década, todos los clientes eléctricos pagan con su recibo de luz ayudas millonarias a la gran industria. Unas ayudas pensadas para contener la factura eléctrica que soportan las fábricas, y que se reparten mediante subastas a través del denominado servicio de interrumpibilidad.

Este programa garantiza que grandes fábricas pararán y dejarán de consumir electricidad (o reducirán temporalmente su consumo) en caso de que existan picos de demanda tales como para generar un riesgo para garantizar el suministro o para evitar fuertes subidas de luz del mercado eléctrico por desajustes de oferta y demanda.

El sistema se ha venido organizando a través de subastas en las que las fábricas presentan sus ofertas a la baja sobre el importe de las ayudas que recibirán para optar a las ayudas, y a cambio han de estar dispuestas a desconectarse de la red en caso de ser necesario.

La Comisión Europea exige a España desde hace tiempo que ponga fin a este tipo de subastas para repartir ayudas a la gran industria y el Gobierno prepara una reforma integral de las ayudas. Sin embargo, la situación de bloqueo político y tener un Gobierno eternamente en funciones ha impedido poner en marca esa reforma y en un par de semanas se celebrará una nueva subasta pese a las advertencias de Bruselas.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, se ve forzado a lanzar otra subasta, pero maniobra para rebajar el coste de las ayudas que se concederán a las grandes plantas industriales y que pagarán los consumidores con su recibo de luz. Lo hará reduciendo la potencia de electricidad subastada y modificando los lotes en que se trocea esa potencia para que las empresas tengan que bajar al mínimo el precio de sus ofertas.

La próxima subasta, la que asignará el servicio de interrumpibilidad para el primer semestre de 2020, se celebrará entre el 16 y el 20 de diciembre próximos. El Gobierno sólo subastará 1.000 megavatios (MW), menos de la mitad que en la anterior puja, en la que fueron repartidos 2.340 MW entre los grandes consumidores de electricidad.

Y, además, en la nueva cita sólo se subastarán bloques de electricidad de 5 MW, eliminando los lotes de 40 MW de anteriores subastas que son los que más interesan a las grandes fábricas industriales. El precio de salida de los bloques de 5 MW será de 125.000 euros, tras la rebaja ya aplicada en la anterior proceso desde los 150.000 euros de pujas previas.

Con mucha menos potencia subastada y toda repartida en bloques pequeños, desde el sector industrial ya anticipan que se producirá un auténtico desplome de las ayudas. El Ministerio para la Transición Ecológica reconoce en la resolución con la que aprueba la subasta que la fórmula elegida es la que “ofrece a priori la concurrencia de na mayor presión competitiva”. Para la industria le supone un problema, pero cuanto más cae la retribución a las fábricas menor es el recargo a la factura de luz de los consumidores.

Recortes año tras año

La anterior subasta, la del pasado junio y que servía para cubrir el servicio de interrumpibilidad durante el segundo semestre de este año, ya se cerró con el resultado más bajo de su historia: con 95 millones a repartir entre 123 fábricas durante seis meses y repartiéndose potencia interrumpible por 2.340 MW.

En la subasta correspondiente a la primera mitad del año las ayudas alcanzaron un total de 101 millones. Así que en el conjunto de este año la gran industria percibirá por estar dispuestas a pagar sus fábricas un total de 196 millones, un 38% menos que los 316 millones del año pasado y un 63% menos que los 525 millones que se repartieron en 2017. En los años previos también rondaron siempre los 500 millones anuales.

Los planes del Ministerio para la Transición Ecológica pasaban por que la del pasado junio fuera la última subasta de ese tipo. La intención era acabar con estas subastas y emprender una reforma integral de las ayudas. El Gobierno se encomendó al futuro estatuto de los consumidores electrointensivos en que trabaja para articular otro tipo de bonificaciones y descuentos en la factura energética que pagan las factorías.

Pero la situación de bloqueo político, con el Gobierno en funciones, impide la reforma del sistema de subastas que reclama Bruselas y la aprobación del esperado estatuto de consumidores electrointensivos, que ya se frenó la anterior legislatura por las dudas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la legalidad de las ayudas que contemplaba.

Ayudas directas millonarias a las grandes fábricas

El Gobierno prepara un hachazo a las ayudas a la industria que se cargan en el recibo de luz a través del servicio del interrumpibilidad, pero hace poco más de un mes aprobó ayudas directas millonarias para las grandes fábricas. El Ejecutivo do un respiro a la gran industria a unos días de las elecciones del 10-N y autorizó aumentar hasta los 172,23 millones de euros el presupuesto destinado a las subvenciones para compensar los costes de emisiones indirectas de CO2 que soportan las industrias.

El Ministerio de Industria concedía así ayudas extra por 81 millones de euros, que se suman a los 91 millones aprobada ya el pasado marzo. Desde el departamento comandado por Reyes Maroto se subrayó que con las ayudas adicionales se consiguía atender las 192 solicitudes presentadas por compañías industriales.

El importe final de más de 172 millones se acerca al máximo que permite Bruselas para no ser considerado ayudas de estado a las industrias. Los planes del Ejecutivo pasan por efectuar los pagos antes de que termine el año. El Ministerio de Industria destacó también que en el último año y medio, desde la moción de censura que llevó a Moncloa a Pedro Sánchez, el Gobierno ha otorgado compensaciones por costes indirectos por un total de 256 millones de euros a la gran industria.