El Gobierno maniobra para recortar las ayudas que recibe la gran industria española para rebajar sus costes energéticos y que pagan todos los consumidores a través de su recibo de luz. El Ministerio para la Transición Ecológica ha convocado una nueva subasta del servicio de interrumpibilidad –que reparte ayudas a grandes fábricas por ofrecerse a parar le hace falta al sistema eléctrico- y lo ha hecho cambiando las condiciones para bajar al mínimo los importes que recibirán las factorías.

La gran industria carga con dureza contra la decisión del Gobierno y alerta de que con los costes energéticos que soportan –un 30% por encima de sus rivales alemanes y franceses- les resulta imposible competir con Europa. La subasta del servicio interrumpibilidad es de momento la única ayuda disponible para 2020 para compensar los altos costes energéticos de la industria y el hachazo que supondrán las nuevas condiciones impuestas al Gobierno pone en alerta a todo el sector.

“El Gobierno nos hace un roto. El recorte drástico que se avecina deja tocadas a muchas empresas”, denuncia Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE). “Pone en riesgo de desaparecer a sectores industriales al completo. Muchas empresas se plantearán la deslocalización, directamente irse a otros países”.

Desde hace más de una década, todos los clientes eléctricos pagan con su recibo de luz ayudas millonarias a la gran industria. Unas ayudas que garantiza que grandes fábricas pararán y dejarán de consumir electricidad (o reducirán temporalmente su consumo) en caso de que existan picos de demanda tales como para generar un riesgo para garantizar el suministro o para evitar fuertes subidas de luz del mercado eléctrico por desajustes de oferta y demanda.

El sistema se ha venido organizando a través de subastas en las que las fábricas presentan sus ofertas a la baja sobre el importe de las ayudas que recibirán para optar a las ayudas, y a cambio han de estar dispuestas a desconectarse de la red en caso de ser necesario. La Comisión Europea exige a España desde hace tiempo que ponga fin a este tipo de subastas para repartir ayudas a la gran industria y el Gobierno prepara una reforma integral de las ayudas, pero la situación de bloqueo político ha hecho que se convoque una nueva subasta.

Para la nueva subasta, el Ministerio para la Transición Ecológica reducirá la potencia de electricidad subastada y modificará los lotes en que se trocea esa potencia para que las empresas tengan que bajar al mínimo el precio de sus ofertas. La próxima subasta, la que asignará el servicio de interrumpibilidad para el primer semestre de 2020, se celebrará entre el 16 y el 20 de diciembre próximos. El Gobierno sólo subastará 1.000 megavatios (MW), menos de la mitad que en la anterior puja, en la que fueron repartidos 2.340 MW entre los grandes consumidores de electricidad.

Y, además, en la nueva cita sólo se subastarán bloques de electricidad de 5 MW, eliminando los lotes de 40 MW de anteriores subastas que son los que más interesan a las grandes fábricas industriales. El precio de salida de los bloques de 5 MW será de 125.000 euros, tras la rebaja ya aplicada en la anterior proceso desde los 150.000 euros de pujas previas.

Con mucha menos potencia subastada y toda repartida en bloques pequeños, desde el sector industrial ya anticipan que se producirá un auténtico desplome de las ayudas. “Las empresas que decidan ir a la subasta lo van a hacer con el cuchillo entre los dientes. Las nuevas condiciones del Gobierno deja a la industria en shock”, sostiene el director general de AEGE.

 “El sistema de respaldo a la industria se va a reformar, pero ha de haber una transformación justa para que en 2020 y 2021 no caigan empresas. Muchas no van a poder aguantar. No pueden esperar”, apuntan desde la asociación. “Muchas grandes consumidores soportan un factura energética que supone la mitad de todos sus costes de producción. Los costes eléctricos hacen que caiga la rentabilidad, provoca pérdidas, obliga a reducir las inversiones y las plantas envejecen y se quedan obsoletas. Hay una deslocalización silencioso, una muerte silenciosa de la industria”.

La anterior subasta, la del pasado junio y que servía para cubrir el servicio de interrumpibilidad durante el segundo semestre de este año, ya se cerró con el resultado más bajo de su historia: con 95 millones a repartir entre 123 fábricas durante seis meses y repartiéndose potencia interrumpible por 2.340 MW.

En la subasta correspondiente a la primera mitad del año las ayudas alcanzaron un total de 101 millones. Así que en el conjunto de este año la gran industria percibirá por estar dispuestas a pagar sus fábricas un total de 196 millones, un 38% menos que los 316 millones del año pasado y un 63% menos que los 525 millones que se repartieron en 2017. En los años previos también rondaron siempre los 500 millones anuales.

Los planes del Ministerio para la Transición Ecológica pasaban por que la del pasado junio fuera la última subasta de ese tipo. La intención era acabar con estas subastas y emprender una reforma integral de las ayudas. El Gobierno se encomendó al futuro estatuto de los consumidores electrointensivos en que trabaja para articular otro tipo de bonificaciones y descuentos en la factura energética que pagan las factorías.

El Gobierno insiste en que estando en funciones no puede emprender la reforma del sistema de subastas que reclama Bruselas y no puede aprobar el esperado estatuto de consumidores electrointensivos, que ya se frenó la anterior legislatura por las dudas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la legalidad de las ayudas que contemplaba.

Desde AEGE se rechazan los argumentos del Gobierno y considera que el bloqueo político es sólo una excusa. Y recuerda que acaba de aprobar la nueva retribución de las plantas de energías renovables para los próximos años mediante un real decreto de medidas urgentes. “Aprobar el Estatuto de Consumidores Electrointensivo también es urgente. Urgentísimo”, sentencia Soto. “El Gobierno da un hachazo al servicio de interrumpibilidad pero no hay nada concreto para compensarlo en 2020. Nada”.

Ayudas directas para 2019

El Gobierno hace poco más de un mes aprobó ayudas directas millonarias para las grandes fábricas. El Ejecutivo dio un respiro a la gran industria a unos días de las elecciones del 10-N y autorizó aumentar hasta los 172,23 millones de euros el presupuesto destinado a las subvenciones para compensar los costes de emisiones indirectas de CO2 que soportan las industrias.

El Ministerio de Industria concedía así ayudas extra por 81 millones de euros, que se suman a los 91 millones aprobada ya el pasado marzo. Desde el departamento comandado por Reyes Maroto se subrayó que con las ayudas adicionales se consiguía atender las 192 solicitudes presentadas por compañías industriales.

El importe final de más de 172 millones se acerca al máximo que permite Bruselas para no ser considerado ayudas de estado a las industrias. Los planes del Ejecutivo pasan por efectuar los pagos antes de que termine el año. El Ministerio de Industria destacó también que en el último año y medio, desde la moción de censura que llevó a Moncloa a Pedro Sánchez, el Gobierno ha otorgado compensaciones por costes indirectos por un total de 256 millones de euros a la gran industria.