El Gobierno busca prevenir que los problemas normativos y políticos provoquen un caos en el recibo de la luz y en el del gas. El Ministerio para la Transición Ecológica maniobra para tener lista sendas órdenes ministeriales para fijar los peajes de acceso que se cargan directamente en la factura eléctrica y en la del gas natural de todos los consumidores ante la posibilidad de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no tenga listas las nuevas normativas que debería aprobar antes del 1 de enero de 2020.

Tras años de disputas e incluso de batallas legales, Gobierno y CNMC se han repartido la regulación de los costes millonarios que se cargan en el recibo de la luz y en la factura de gas que pagan los 29 millones de clientes españoles como exige la Unión Europea.

El Ministerio para la Transición Ecológica se encargará de gestionar los cargos de la factura de luz unos 10.000 millones que se reparten entre las primas a renovables, el coste de las extrapeninsulares y la deuda acumulada por el sistema. Y la CNMC tiene que modular los 7.000 millones en peajes de acceso para pagar fundamentalmente los costes por las redes de transporte y de distribución. En el caso del gas, el Ejecutivo fija los cánones y la CNMC asume la gestión de los peajes de acceso.

El Gobierno se encuentra que a un mes de que termine el año la CNMC aún tiene en tramitación las circulares con la que debe establecer las metodologías para calcular los peajes de transporte y distribución tanto de la electricidad como del gas, y no está claro que consiga aprobarla formalmente para que entre en vigor el 1 de enero de 2020. Además, en el caso de la electricidad, el Ministerio de Teresa Ribera también tiene aún que aprobar un real decreto para regular cómo calcular los cargos de la factura de luz.

Ante la posibilidad de llegar al nuevo año sin la nuevas normas aprobadas, el Ejecutivo ha hecho pública sendas propuestas de órdenes ministeriales para mantener el control sobre el recibo de luz y el del gas sin esperar a que la CNMC tenga lista su parte. Dos órdenes con las que el Ministerio plantea prorrogar los peajes eléctricos y los del sector del gas de este año y mantenerlos para 2020 de manera transitoria hasta que el supervisor consiga aprobar su circular.

El Gobierno realmente busca blindar cualquier posibilidad de incertidumbre legal. En principio, los peajes de 2019 se puede entender que siguen vigentes  mientras no sean derogados por una disposición posterior, pero "en aras de la seguridad jurídica se ha considerado conveniente realizar una prórroga expresa de dichos valores a partir del 1 de enero de 2020, habida cuenta del elevado número de sujetos (millones de consumidores y centenares de agentes) que se ven afectados directamente por estos precios regulados", explica el Ministerio para la Transición Ecológica en su propuesta de texto legal sobre peajes de electricidad.

La prórroga que promueve el Gobierno es apenas un parche ante la falta de las normas de peajes y de cargos a apenas un mes de que tengan que empezar a aplicarse. El apagón regulatorio hace imposible, según reconoce el propio Ministerio en su propuesta de orden, hacer una estimación precisa para 2020 de los costes y de los gastos del sistema eléctrico. Mantener cargos y peajes supondrá congelar los peajes que se cargan en la factura por sexto año consecutivo.

A la espera de que consiga aprobar en tiempo y forma su normativa, la propuesta de metodología de los peajes eléctricos de la CNMC y que ya ha remitido al Consejo de Estado pasa por recortar los peajes que pagan los consumidores en un 5,6% de media. El último texto del supervisor incluye como principales modificaciones la simplificación de la estructura de peajes de aplicación a los consumidores domésticos, manteniendo seis periodos para el resto de consumidores incluyendo las pymes de baja tensión.