Todos los clientes eléctricos españoles llevan más de una década pagando con su recibo de luz ayudas millonarias a la gran industria. Unas ayudas que sirven para contener los costes energéticos que soportan las grandes fábricas y, a cambio, garantizar la seguridad de suministro y evitar desajustes que provoquen subidones del precio de la luz.

Se trata del denominado servicio de interrumpibilidad, un mecanismo que sirve para garantizar que grandes fábricas pararán y dejarán de consumir electricidad (o reducirán su consumo) si hay picos de demanda u otras incidencias que supongan un riesgo para el suministro o puedan provocar subidas disparadas de los precios eléctricos. Se trata de un seguro, de un por si acaso, y los clientes pagan por esa garantía. ¿Cuánto? Este año, casi 200 millones de euros.

Las ayudas –que desde el sector industrial no se consideran como tal y se insiste en que se trata por el pago de un servicio- se reparten mediante un sistema de subastas. Unas pujas en las que las fábricas presentan sus ofertas a la baja sobre el precio que están dispuestas a cobrar por parar las fábricas en caso de ser necesario.

Las dos subastas que se han celebrado para cubrir el servicio de interrumpibilidad de este año se saldaron, respectivamente, con adjudicaciones de potencia por 101 millones y 95 millones de euros, respectivamente. En total ,196 millones de euros a repartir entre unas 120 fábricas electrointensivas, singularmente de los sectores de la metalurgia y la siderurgia. Gigantes como ArcelorMittal, Asturiana de Zinc y durante años también Alcoa se encuentran entre los beneficiarios de las ayudas.

El de este año se trata del menor importe adjudicado desde que se puso en marcha el sistema de ayudas, y lleva varios años acumulando caídas. Los 196 millones de euros de este año están un 38% por debajo de los 316 millones de euros repartidos en 2018 y es un 63% inferior a los 525 millones de 2017. En los años previos también rondaron siempre los 500 millones anuales.

Sólo tres órdenes, sólo la mitad de las fábricas

La necesidad de utilizar el servicio durante todo este año ha sido mínima. Las fábricas acogidas al servicio de interrumpibilidad sólo han tenido que parar 3 horas en lo que va de año, según confirman a El Independiente fuentes conocedoras de unos datos que son tratados por los gestores del sistema eléctrico como confidenciales.

Entre enero y noviembre, Red Eléctrica de España (REE) sólo ha emitido tres órdenes de parada, todas por motivos económicos y ninguna por problemas de seguridad del suministro eléctrico. Tres órdenes que han afectado a aproximadamente la mitad de las factorías adscritas al servicio, siendo 65 los proveedores que recibieron el mandato de reducir su consumo eléctrico. El resto de plantas no ha tenido que parar en todo el año.

Estas tres órdenes, estas tres horas de parada, son la en sentido estricto la única utilización de la interrumpibilidad durante 2019. Sin embargo, las factorías han de atender de manera obligatoria a paradas para realizar comprobaciones de que el sistema funciona bien.

Unas paradas de prueba que son exigidas por la normativa desde 2013 y que pueden ser como máximo de un 1% del total de horas del periodo previsto. Esto es, son unas 44 horas por cada semestre y que las compañías tienen siempre que cumplir. Según confirman fuentes del sector energético y del industrial, en lo que va de año han sido 81 las órdenes de reducción de potencia por pruebas del sistema (37 de las cuáles se han concentrado sólo en noviembre).

Más de 5.200 millones en una década

Hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy reformó el servicio de interrumpibilidad a finales de 2017 para poder activarlo más fácilmente por motivos económicos, Red Eléctrica en la práctica casi no lo utilizaba. Durante años, las industrias cobraban por ofrecerse a parar, pero sin verse obligadas a parar prácticamente nunca. Los datos son confidenciales, pero fuentes conocedoras del sistema apuntan que durante una década se obligó a parar factorías sólo cinco horas (aparte de las pruebas del sistema).

Con la última reforma se disparó el número de veces en que las factorías beneficiarias de las ayudas tuvieron que parar el año pasado. En 2018, Red Eléctrica obligó a dejar de consumir electricidad y detener su actividad en 50 ocasiones. Y en todos los casos –todos- la razón esgrimida por Red Eléctrica fue la de los motivos económicos, nunca por problemas de seguridad de suministro.

Durante la década en que el servicio de interrumpibilidad ha estado funcionando el coste asumido por los consumidores es milmillonario. Los clientes han pagado entre 2008 y 2019 a través de sus recibos de luz 5.258 millones de euros a la gran industria, según datos de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y de la actual Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

La propia CNMC se ha mostrado muy crítica durante años con el mecanismo de interrumpibilidad por su “elevado coste” a pesar de estar “apenas utilizado”, y por ha reclamado con insistencia que el Gobierno justifique la necesidad de mantener este servicio. Asimismo, el organismo ha arremetido contra el secretismo que gira en torno a este sistema y solicita que Red Eléctrica o el Gobierno hagan pública información sobre el uso efectivo del servicio de interrumpibilidad de manera periódica.

Una ¿última? subasta

La Comisión Europea exige a España desde hace tiempo que ponga fin a este las subastas para repartir ayudas a la gran industria y el Gobierno prepara una reforma integral de las ayudas. El Ejecutivo proclamó que la anterior subasta, celebrada el pasado junio, sería la última. Sin embargo, la situación de bloqueo político y tener un Gobierno eternamente en funciones ha impedido poner en marca esa reforma y en un par de semanas se celebrará una nueva puja pese a las advertencias de Bruselas.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, se ve forzado a lanzar otra subasta, pero maniobra para rebajar el coste de las ayudas que se concederán a las grandes plantas industriales y que pagarán los consumidores con su recibo de luz. Lo hará reduciendo la potencia de electricidad subastada y modificando los lotes en que se trocea esa potencia para que las empresas tengan que bajar al mínimo el precio de sus ofertas.

La próxima subasta, la que asignará el servicio de interrumpibilidad para el primer semestre de 2020, se celebrará entre el 16 y el 20 de diciembre próximos. El Gobierno sólo subastará 1.000 megavatios (MW), menos de la mitad que en la anterior puja, en la que fueron repartidos 2.340 MW entre los grandes consumidores de electricidad.

Y, además, en la nueva cita sólo se subastarán bloques de electricidad de 5 MW, eliminando los lotes de 40 MW de anteriores subastas que son los que más interesan a las grandes fábricas industriales. El precio de salida de los bloques de 5 MW será de 125.000 euros, tras la rebaja ya aplicada en la anterior proceso desde los 150.000 euros de pujas previas.

Con mucha menos potencia subastada y toda repartida en bloques pequeños, desde el sector industrial ya anticipan que se producirá un auténtico desplome de las ayudas. Para la industria le supone un problema, pero cuanto más cae la retribución a las fábricas menor es el recargo a la factura de luz de los consumidores.