Los sindicatos de Ryanair abren un nuevo frente legal. El sindicato de pilotos Sepla y los de tripulantes Sitcpla y USO han presentado en la Audiencia Nacional una demanda de impugnación del ERE que la low cost quiere aplicar en España y que finalmente afecta a 224 trabajadores. Un proceso de despido colectivo que los sindicatos denuncian que “está plagado de múltiples irregularidades e incumplimientos de la legislación laboral española”.

Las tres organizaciones sindicales argumentan que, desde el anuncio de cierre de bases en España, llevado a cabo por la aerolínea irlandesa en el mes de agosto, hasta finalizar el periodo de consultas del ERE y también posteriormente se han dado toda una serie de “ilegalidades” que deberían conducir a la Audiencia Nacional a declarar la nulidad o no ajustado a derecho.

Los sindicatos denuncian que las causas productivas y organizativas en las que Ryanair basa su decisión de presentar el ERE no quedan acreditadas, e incluso, algunas de ellas son “inexistentes”. Concretamente, las causas del cierre de bases esgrimidas por Ryanair eran el retraso en las entregas de los aviones Boeing 737-MAX; la ineficiencia de las bases de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife por tarifas bajas, elevado coste de operaciones y la incertidumbre ante el Brexit y su impacto en el negocio de Ryanair en Canarias, y la disminución de la demanda en el aeropuerto de Girona durante la temporada de invierno.

 Sepla, USO y Sitcpla defienden que la aerolínea no ha demostrado en ningún momento ese descenso en la demanda ni en la facturación en las operaciones en las bases canarias, del mismo modo que no se ha acreditado cambios en la operativa de Girona, siendo la estacionalidad de su actividad una constante desde la apertura de la base.

 En cuanto al retraso en la entrega de los Boeing 737 MAX por motivos de seguridad, hecho que sí es constatable, los sindicatos consideran que no puede argumentarse como causa productiva ya que Ryanair contempla en su Informe Anual de 2019 disponer de unas 60 aeronaves inmovilizadas como estrategia estacional, por lo que la no entrega de aviones no puede justificar el cierre de bases.

Y respecto a las causas organizativas, que se refieren a cambios en los sistemas o métodos de trabajo del personal, o en el modo de organizar la producción, Ryanair “ni siquiera las incluye en el informe técnico ni en la memoria, limitándose exclusivamente a proponer el cierre de las bases”, argumentan los sindicatos.

En paralelo, los sindicatos incluyen en la demanda la existencia de “múltiples irregularidades cometidas por Ryanair en todo el procedimiento desde el anuncio del ERE hasta la actualidad”, tanto desde el punto de vista formal como desde la conducta e intencionalidad de la empresa.

La falta de petición de informe a los sindicatos, pese a las advertencias realizadas por la Dirección General de Trabajo, que finalmente se realizó el último día del periodo de consultas -14 de noviembre-; la falta de aportación del plan de recolocación externo; o la diferencia entre la comunicación de decisión final de la empresa a los representantes sindicales y la realizada a la autoridad laboral en cuanto a indemnizaciones por despido, vacantes, listado definitivo de afectados (224 de los 502 que recibieron la carta anunciando el ERE), fecha efectiva de los despidos o situación de la base de Girona, entre otras, son hechos que según los sindicatos incumplen la legislación laboral española.

Asimismo, la promoción de soluciones individuales a los trabajadores al margen del periodo de consultas -pasar a otras empresas del grupo con peores condiciones, permisos sin sueldo o el traslado de trabajadores afectados a otras bases españolas o extranjeras- ha sido también una tónica general desde que Ryanair comunicara en agosto de este año su decisión de cierre de bases en España.

El “chantaje” de Girona

Finalmente, la demanda contiene un apartado en el que se analiza la actuación de la empresa con respecto de la base de Girona, que los sindicatos consideran una “auténtica coacción, fraude de ley, intento de engaño y un claro ejemplo de incumplimiento de la obligación de negociar con buena fe”.

En la penúltima reunión del periodo de consultas, Ryanair hizo una propuesta en la que condiciona no cerrar la base de Girona, dejándola como base estacional y con la conversión de contratos de la plantilla a fijos discontinuos.

A cambio de evitar la clausura de la base los sindicatos debían aceptar las condiciones del ERE para el resto de trabajadores afectados -indemnización de 20 días por año y limitadas vacantes fuera de España que no son bloqueadas-, es decir, aceptar el despido del resto de compañeros en términos de mínimos legales. Una propuesta que los tres sindicatos consideran un “chantaje”.