España se resiste a disparar el precio máximo permitido en su mercado de electricidad como pretende la Unión Europea.  Una nueva normativa comunitaria reclama a todos los países miembros que igualen los precios máximos y mínimos de sus respectivos mercados mayoristas diarios, donde compañías energéticas y traders compran y venden la electricidad, y cuya cotización determinan una parte de lo que los usuarios acaban pagando en su recibo de luz.

El cambio que reclama la Unión Europea supondría para algunos países un cambio radical. Y es que supondría que algunos estados, entre ellos España, tuvieran que disparar el precio máximo de electricidad. La UE aspira a que los topes vigentes en todos los estados pasen a ser de un máximo de 3.000 euros por megavatio hora (MWh) y un mínimo de menos 500 euros (sí, precio negativo).

En España formalmente esos límites a los precios de casación ya se aplican, pero las ofertas que se pueden presentar para comprar electricidad tienen límites más estrictos. En el mercado diario mayorista eléctrico español los límites de las ofertas se sitúan entre los 0 y los 180 euros por MWh. Así que en la práctica esos son los límites del precio de la electricidad (salvo contadas excepciones de ofertas que acaban colándose procedentes de otros países europeos).

El nuevo Reglamento comunitario del Mercado Interior de la Electricidad establece que “no habrá un límite máximo ni un límite mínimo para los precios al por mayor de la electricidad”. Pero se habilita a las diferentes autoridades nacionales a fijar límites en sus mercados diarios e intradiarios (en los que se concentra la máxima mayoría de la negociación” e insta a los países a armonizar sus límites de precio.

La UE reclama a los estados miembro garantizar que estos límites sean “lo suficientemente altos para no restringir innecesariamente el comercio”. La norma obliga a que los Gobiernos de los países que no los tienen ya vigentes –entre ellos, España- a presentar  a la Comisión Europea antes del próximo 5 de enero un informe con las medidas adoptadas o que se van a adoptar para actualizar sus topes.

La propuesta que prepara España implica alejarse muchísimo de esos máximos planteados por Europa. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) solicitó al gestor del mercado mayorista de electricidad, OMIE, que realizara una consulta pública sobre cómo aplicar el reglamento europeo. El supervisor, no obstante, marcó previamente ciertos criterios sobre cómo efectuar la actualización de los límites que hacen que muy probablemente nunca estén vigentes en España.

El plan de la CNMC, que aún debe concretarse en una propuesta formal, pasa por elevar de momento de 180 a 300 euros por MWh el precio máximo de las ofertas y mantener el mínimo en los 0 euros. Muy lejos de los 3.000 y los -500 euros a los que aspira Bruselas para toda la Unión y que ya se aplican en varios estados miembros.

Los límites se irían ampliando según fueran registrándose un valor de casación superiores a ellos en el mercado. Si se registran valores de casación un 60% superior a los límites aplicados (de 0 y 300 euros), dos meses después se ampliarían los topes de manera progresiva: en 100 euros por MWh en caso del precio máximo y en -15 euros por MWh en caso del límite mínimo.

El objetivo de la CNMC y de OMIE es adaptar los límites de precio del mercado eléctrico muy poco a poco, de manera muy progresiva, para evitar distorsiones. Por un lado, porque las instituciones españoles consideran que los actuales límites no suponen una restricción al mercado porque nunca se han alcanzado en el mercado ibérico diario.

Y, por otro, porque el sistema eléctrico español tiene la particularidad que el precio del mercado mayorista tiene una traslación directa al recibo de luz que pagan los clientes y determina un 35% de la factura final de los usuarios con tarifa regulada (o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC), a la que están adscritos unos 11 millones de usuarios en el mercado español.