PSOE y Podemos apuestan por gobernar en coalición con un programa económico que propina un golpe fiscal a las rentas más altas. Y que da marcha atrás a una parte importante de las medidas adoptadas en la reforma laboral de Mariano Rajoy.

El documento se titula Coalición Progresista, un nuevo acuerdo para España. Cuenta con 50 páginas, a lo largo de las cuales, los dos partidos desglosan un programa de tinte marcadamente social, que será costeado, de entrada, con un varapalo a quienes más ganan.

El texto arranca directamente por las medidas de corte económico. Y aclara desde el primer párrafo quiénes saldrán más beneficiados -y perjudicados- si el presidente del Gobierno en funciones logra el apoyo definitivo de ERC para su investidura.

"Se desarrollará una política económica orientada a potenciar el crecimiento sostenible y la creación de empleo, garantizando la estabilidad financiera y fiscal, desarrollando una política social activa que reduzca la desigualdad, combata la precariedad del mercado laboral, garantice un trabajo digno, estable y de calidad", señala el primer punto del programa.

A continuación, el gobierno de coalición promete pelear por "unas pensiones justas, impulsando las transformaciones estructurales que posibiliten el crecimiento potencial, la productividad, la capacidad de creación de empleo de calidad y la competitividad de la economía española con el objetivo de modernizar el sistema productivo, hacer efectiva la transición ecológica y sentar las bases de un crecimiento sostenible e inclusivo".

Golpe a las nóminas más elevadas y las empresas

Si consiguen gobernar, PSOE y Podemos activarán rápidamente la maquinaria de Hacienda para recaudar entre los empleados con mayor poder adquisitivo.

En concreto, el impuesto sobre la Renta subirá dos puntos para quienes ingresan más de 130.000 euros al año. La subida será mayor -cuatro puntos- para las rentas superiores a los 300.000 euros. El hachazo también se aplicará a las rentas de capital, con un aumento de cuatro puntos (desde el 23%) a partir de 140.000 euros.

La coalición también endurece la tributación para las empresas. Según el programa, se fijará un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, un porcentaje que crecerá hasta el 18% en el caso de los bancos y las empresas energéticas.

Asimismo, "se limitarán las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial, como prevé y permite la Directiva matriz-filial".

También se establecerán "mejoras en la fiscalidad para las pymes, de modo que aquellas sociedades que facturen menos de un millón de euros pasen de tributar de un tipo de gravamen del 25% al 23%".

PSOE y Podemos aseguran, además, que "estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo". No obstante, el programa no aporta ningún detalle concreto.

Otro de los impuestos prometidos -pero sin definir- tiene que ver con las compañías que proporcionan "determinados servicios digitales". Esta medida afectaría, de entrada, a multinacionales como Facebook o Google, "con el fin de gravar aquellas operaciones de la Economía digital que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea".

En la misma línea -o sea, sin concretar- plantean sacar adelante "el Impuesto sobre las transacciones financieras consistente en gravar las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero".

El contenido fiscal del programa concluye con una apuesta "por la nueva fiscalidad verde como mecanismo para desincentivar comportamientos nocivos para el medioambiente, evitando siempre que cualquier modificación recaiga sobre las clases medias y trabajadoras o sobre autónomos y pymes". "Promoveremos a nivel europeo el establecimiento de un mecanismo de compensación del CO2 en frontera para las importaciones".

Giro a la política laboral

La pata fiscal es una de las dos puntas de lanza del ambicioso programa económico de PSOE y Podemos para gobernar en coalición. La otra es la laboral. Ambos partidos prometen recuperar “los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012".

"Elaboraremos, previo diálogo con los agentes sociales, un nuevo Estatuto de los Trabajadores que compagine la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a los desafíos sociales, tecnológicos y ecológicos del siglo XXI y el reconocimiento de nuevos derechos de los trabajadores propios de la realidad económica, social y laboral actual, con la necesaria competitividad empresarial y el papel de la negociación colectiva como elemento de reequilibrio necesario", señala el documento.

El programa plantea endurecer la subcontratación de servicios especializados, para frenar -entre otras cosas- el boom de los falsos autónomos. Los sindicatos saldrán ganando al recuperar poder en la negociación colectiva, ya que dejarán de tener prioridad los convenios de empresa frente a los sectoriales. Y las empresas tendrán menos poder para cambiar de forma unilateral las condiciones contractuales de sus empleados. La coalición también propone anular la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.

En materia de contratación, PSOE y Podemos quieren combatir la precariedad, reduciendo la dualidad en el mercado laboral y reforzando el control de la contratación a tiempo parcial. "Para ello, revisaremos la normativa sobre trabajo a tiempo parcial, para prevenir su uso fraudulento y para garantizar efectivamente que las condiciones de trabajo y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial son iguales a los de los contratados a tiempo completo", indica el texto presentado este lunes.

Subida del salario mínimo y pensiones ligadas al IPC

El programa económico recoge otra medida estrella: seguir avanzando en la subida del salario mínimo interprofesional. El objetivo está puesto en los 1.200 euros, que deberían alcanzarse de forma progresiva desde el principio al final de la legislatura. "Subiremos el Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España tal y como recomienda la Carta Social Europea", detalla el documento.

En materia de pensiones, Sánchez e Iglesias también dan un giro al sistema vigente. De este modo, propone la eliminación del factor de sostenibilidad y el índice de revalorización. El primero persigue vincular las pensiones a la esperanza de vida y el segundo, ligarlas a la evolución de la economía.

"Plantearemos a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo, que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones", señala el programa. PSOE y Podemos aspiran a actualizar los ingresos de los pensionistas "conforme al IPC real mediante ley de forma permanente". También a aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas.

"Impulsaremos la reducción de la brecha de género en las pensiones y la revisión de las pensiones de viudedad, garantizando la igualdad de trato en los casos de parejas sin vínculo matrimonial", señala el documento.

Las medidas fiscales y laborales serán detalladas en unas horas por los aspirantes a presidente y vicepresidente del gobierno durante los cuatro próximos años. Sánchez e Iglesias tendrán que explicar cómo pretenden cuadrar los ingresos y los gastos, no sólo a los electores, sino también a la Comisión Europea, que mantiene a España bajo la lupa por la evolución del déficit.

Tope a los precios del alquiler

Para combatir la escalada de los alquileres en algunas zonas de España, ambos partidos proponen "ampliar progresivamente el presupuesto actual en materia de Vivienda". Entre las medidas planteadas destaca la imposición de un tope para las "subidas abusivas de precios del alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado".

"Se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica", especifica el documento.

Los dos partidos están dispuestos a ceder poder a los ayuntamientos para declarar "de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda".