La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha decidido suspender el expediente contra el denominado cártel de la basura, medio centenar de compañías y patronales acusados de repartirse contratos públicos y privados de residuos y limpieza. El organismo ha congelado el procedimiento de manera temporal con el objetivo de blindar las sanciones millonarias que se preparan ante recursos presentados por la compañía ante la Audiencia Nacional.

La CNMC ya tiene lista la resolución que sirve para poner fin al expediente contra los grandes grupos de construcción y servicios españoles. De hecho, la propuesta de resolución la Sala de Competencia incluso llegó a elevarse el pasado septiembre para su aprobación por el pleno de la institución.

Pero el consejo de la CNMC ha decidido suspender el procedimiento sine díe hasta que la Audiencia Nacional resuelva los últimos recursos presentados por las compañías expedientadas y así evitar que una sentencia posterior a la resolución vuelva a tumbar todo el caso, según confirman a El Independiente fuentes conocedoras del proceso. La Audiencia aún tiene pendiente emitir sentencia sobre nueve recursos presentados por las compañías entre mayo y junio y 2018, después de que la CNMC reactivara la investigación sobre el caso.

La maniobra del organismo presidido por José María Marín Quemada busca blindar el proceso hasta conocer la decisión de la Audiencia sobre los últimos pleitos. La CNMC congela el expediente y así consigue que, pese a que ya se han cumplido los plazos legales de incoación de la investigación contra las empresas, el procedimiento no caduque y las sanciones puedan aprobarse posteriormente. El organismo debía aprobar la resolución del expediente antes del pasado noviembre, pero con la suspensión del proceso el reloj deja de correr y se gana tiempo.

Sin multa siete años después

La multa que se avecina para las grandes constructoras puede ser histórica… otra vez. Y es que se trata, de hecho, de un segundo intento por parte de la CNMC de castigar las malas prácticas del denominado cártel de la basura después de que la Audiencia Nacional diera al traste con el primer multazo. El caso viene de lejos.

Tras dos años de investigación, la CNMC ya impuso en enero de 2015 multas a más de cuarenta compañías y asociaciones empresariales por 98,2 millones de euros. Por repartirse clientes y las licitaciones públicas durante años. Entre las sancionadas se encontraban varias de las grandes corporaciones nacionales, como FCC, Ferrovial, ACS o Sacyr, y varias de sus filiales, que concentraban el grueso del importe las multas.

El expediente era una auténtica sacudida a los cimientos del sector. Tras la larga investigación, la CNMC consideró demostrada una “práctica concertada global” de las compañías que servía para respetar los clientes respectivos y no quitárselos unas a otras; un reparto de los nuevos clientes según iban apareciendo, el intercambio de información sensible; el reparto de las licitaciones públicas presentando ofertas conjuntas o no compitiendo en algunas licitaciones para luego subcontratar parte de los servicios; la coordinación de las actuaciones a través de asociaciones empresariales…

Unas prácticas que se repitieron durante años, en algunos casos más de una década, en los contratos de residuos industriales, en la actividad de recuperación de papel y cartón, en el negocio de saneamiento urbano y limpieza… A pesar de que la CNMC siempre defendió la solidez de las conclusiones de la investigación y la rotundidad de las pruebas, la Audiencia Nacional fue tumbando una a una las multas impuestas a esa cuarentena de empresas. Aunque aún quedan recursos pendientes por resolver y son éstos los que han congelado ahora el proceso.

Sentencia tras sentencia la Audiencia Nacional fue anulando las sanciones por un defecto en la forma del expediente y no en el fondo. Los magistrados no pusieron en cuestión la existencia de las prácticas prohibidas por parte de las empresas, pero consideraron injustificado que se abordará el expediente como una “infracción única y continuada” de todas las compañías cuando, en muchos casos, las empresas no tenían relación entre sí. Esto es, la CNMC trató el caso como una única trama y la Audiencia no vio probada la interrelación entre todas las empresas.

La Audiencia Nacional “no discute si la conducta de la recurrente en el referido sector y en el ámbito geográfico que se menciona puede ser reprochable desde el punto de vista de las normas de competencia, sino si dicha conducta tiene encaje o no en una infracción única y continuada”, se sostenía en una de las decenas de sentencias. Y como la justicia discutía la forma y no el fondo, la CNMC decidió en 2018 empezar de nuevo con el expediente para poder sancionar a las compañías.

La Dirección de Competencia de la CNMC volvió a incoar en mayo de 2018 el expediente sancionador contra 51 empresas y asociaciones empresariales del sector de la gestión de residuos y saneamiento urbano. Pero en esta ocasión, para sortear las reticencias de la Audiencia, decidió investigar de forma individualizada las posibles infracciones no prescritas. Entre el medio centenar de compañías incluidas en la investigación figuran las filiales del ramo de FCC, Sacyr y Ferrovial, así como Urbaser, que ACS vendió en 2017 a un grupo chino.