El nuevo Gobierno de coalición negociará con la Comisión Europea flexibilizar el objetivo de déficit de este año (aprobado en un 0,5% del PIB por el Gobierno de Mariano Rajoy pero estimado en un 1,1% o un 1,7% a políticas constantes por el Ejecutivo de Pedro Sánchez), y trabajará con los grupos para recabar apoyos y presentar el límite de gasto no financiero (techo de gasto) y la nueva senda a partir de febrero, previo al proyecto de Presupuestos de 2020.

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Hacienda, que señalan la intención del Ejecutivo de poder sacar adelante cuanto antes el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020, si bien matizan que anteriormente deben asegurarse y realizar pasos previos.

En primer lugar, han explicado las fuentes, el Gobierno negociará con Bruselas el objetivo y la nueva senda de déficit, en un contexto en el que espera haber podido reducir del 2,5% del PIB al 2% en 2019, informa Europa Press.

La intención del Gobierno es poder "flexibilizar" la senda de déficit, que normalmente se fija para tres ejercicios, y conseguir un mayor margen para este año, ya que la meta de déficit oficial en 2020, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, es del 0,5% del PIB, si bien el Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha podido aprobar aún ninguna senda ni ningún techo de gasto, comunicó a Bruselas que estimaba un desajuste del 1,1% del PIB, que podría alcanzar el 1,7% del PIB a políticas constantes.

La intención del Gobierno es poder "flexibilizar" la senda de déficit, que normalmente se fija para tres ejercicios, y conseguir un mayor margen para este año

La senda oficial de Rajoy proyectaba estabilidad presupuestaria ya en 2021, mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez calcula un déficit del 0,4% del PIB en 2021 y haber cuadrado las cuentas en 2022. A su vez, calcula que la ratio de deuda pública podría haber concluido 2019 en el 95,9% del PIB, y se marca la meta de rebajarla al 94,6% este año.

Una vez logre acordar una nueva senda de estabilidad presupuestaria (objetivos de déficit y de deuda pública) con Bruselas, el Gobierno dará paso a las negociaciones con los distintos grupos para recabar apoyos suficientes como para poder aprobar en el Congreso y en el Senado dicha senda y el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto'.

Así, empezarán a trabajar en las negociaciones con el fin que no vuelva a repetirse el rechazo de la Cámara Alta que se produjo en el año 2018 con la primera senda presentada por el Gobierno de Sánchez. Para ello, desde el nuevo Ejecutivo tendrán que intentar conseguir el respaldo de grupos como Ciudadanos, a pesar de que mantiene críticas "ácidas", o la abstención de ERC, un apoyo no asegurado pese a que ha facilitado la formación de Gobierno. La estrategia será ir "paso a paso" y "no prometer nada que no se tenga atado".

En cualquier caso, previsiblemente no se presentará el techo de gasto ni la nueva senda presupuestaria antes del mes de febrero, dados los pasos previos a dar, y posteriormente se aprobará en el Consejo de Ministros y se llevará al Congreso el proyecto de ley de Presupuestos de 2020, con el fin de aprobar las nuevas cuentas y dejar atrás las actuales en vigor, que datan de año 2018 y fueron elaboradas por el exministro del PP, Cristóbal Montoro.

Sobre las nuevas cuentas se conoce que seguirán buena parte de las directrices del fallido proyecto presupuestario del año pasado, que contemplaban cambios fiscales como un tipo mínimo del 15% en Sociedades, el aumento del IRPF para las rentas altas, la equiparación del Impuesto de Hidrocarburos del diésel al de la gasolina o la bajada del IVA a servicios veterinarios y productos de higiene femenina, así como aprobar las tasas 'Google' y 'Tobin', avanzar en fiscalidad 'verde' y estudiar pasos en materia tributaria sobre la llamada 'comida basura', entre otros.

También está prevista la derogación de buena parte de la reforma laboral de 2012, una nueva subida -a ser posible consensuada con los agentes sociales- del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la aprobación de un ingreso mínimo vital, extraer los gastos impropios de la Seguridad Social y reformar el sistema.