El nuevo Gobierno de coalición echa a andar. El primer Consejo de Ministros del recién estrenado Ejecutivo ha aprobado una subida del 0,9% de las pensiones para este año, que se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero y que afectará a pensiones contributivas y no contributivas, y también de clases pasivas. La medida afecta más de 11 millones de pensionistas.

El coste de esta revalorización asciende a 1.406 millones de euros, de los que 1.229 millones de euros corresponden a la subida de las pensiones contributivas, 144 millones a la de clases pasivas, 23 millones de euros a las pensiones no contributivas y 10 millones de euros a las prestaciones familiares por hijo a cargo, que también se revalorizan un 0,9% en 2020.

La subida de las pensiones era una medida que había dejado congelada por el anterior gabinete hasta dejar de estar en funciones y que ahora se retoma tras conformar un nuevo Ejecutivo. “Era nuestro compromiso”, ha explicado el presidente Pedro Sánchez en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros. “El compromiso es que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo”.

La revalorización de las pensiones aprobada se fija en el 0,9% porque es la estimación media de subida de la inflación para 2020. Pero Sánchez ha garantizado que, si el índice de precios al consumo (IPC) durante este año es finalmente es superior a ese tope previsto, los pensionistas recibirán una paga extra única que compensaría la diferencia y que se abonaría antes de abril de 2021.

El Gobierno aprueba una subida de las pensiones que supera con mucho el tope legal que establece la reforma aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que establece que la revalorización debería ser de sólo el 0,25%. Se trata del segundo año consecutivo en que se incumple este tope máximo, ya que el anterior Gobierno ya aplicó una subida para este del 1,6% con carácter general y del 3% en el caso de las pensiones mínimas y de las no contributivas.

Con la subida del 0,9%, el importe de la pensión mínima para los jubilados de 65 años con cónyuge a cargo quedará en 843,3 euros al mes (frente a los 835,6 euros actuales), la de sin cónyuge en 683,49 euros (677,4 euros actualmente) y la de con cónyuge no a cargo en 648,68 euros mensuales (frente a los 642,9 euros actuales). Por su parte, la pensión máxima de jubilación se situará en 2.683,34 euros mensuales.

En paralelo, la pensión mínima de viudedad para los titulares con cargas familiares se situará en 790,6 euros mensuales, en contraste con los actuales 783,6 euros al mes. En el caso de ser mayor de 65 años o de tener una discapacidad mayor o igual al 65% la pensión mínima de viudedad será de 683,49 euros. Si el titular de la pensión tiene entre 60 y 64 años, la cuantía será de 639,4 euros, mientras que en el caso de los beneficiarios menores de 60 años la prestación será de 517,7 euros mensuales.

En el caso de las pensiones de orfandad, el importe mínimo ascenderá a 208,8 euros mensuales por beneficiario (antes 207 euros), mientras que si el beneficiario tiene menos de 18 años y cuenta con una discapacidad superior o igual al 65% la cuantía será de 410,96 euros mensuales.

De momento, la subida aprobada para este año es apenas un remiendo frente a la reforma que dejó aprobada Rajoy. Pedro Sánchez ha emplazado a la reapertura del Pacto de Toledo, a la negociación con el resto de partidos de oposición y al diálogo social con sindicatos y patronales para emprender una reforma del sistema de pensiones integral.

Sánchez ha destacado que con esta subida "se corrige" de nuevo el alza mínima del 0,25% que se aplicó durante cinco años y que supuso para los pensionistas pérdidas de poder adquisitivo. El presidente ha subrayado que ese techo del 0,25% que establece el Índice de Revalorización de las Pensiones no ha sido de momento derogado, sino sólo "orillado" a la espera de un acuerdo con las fuerzas políticas y los agentes sociales.

El acuerdo de coalición de PSOE y Unidas Podemos contempla vincular de manera permanente la revalorización de las pensiones con el IPC real para evitar la pérdida de poder adquisitivo por parte de los beneficiarios.