El nuevo Ministerio de Consumo, comandado por Alberto Garzón, se estrenará estudiando una denuncia presentada contra las grandes eléctricas. La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha formalizado la primera denuncia ante el departamento recién estrenado por el “fraude generalizado” de grandes comercializadoras eléctricas que en los precios que publicitan no incluyen los impuestos indirectos, y así inducen a creer a los consumidores que sus servicios con más baratos de lo que son realmente.

La asociación de consumidores reclama al Ministerio que aperciba a las eléctricas para que cesen estas prácticas de presunta “publicidad engañosa”. Y si las compañías no rectifican, solicitan al ministro Garzón que emprenda acciones judiciales contra las compañías.

La denuncia de FACUA va dirigida contra diez comercializadoras eléctricas: Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Cepsa, CHC Energía, Feníe, Holaluz, Lucera y Som Energía. La organización de consumidores denuncia que la publicidad e información comercial de todas estas compañías no incluyen en ningún caso en el precio del kilovatio (kW) de potencia contratada y el kilovatio hora (kWh) el coste final del 27,19% que representan el pago por parte del cliente el IVA y el impuesto especial sobre la electricidad.

FACUA subraya en un comunicado que el artículo 20 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que todas las ofertas comerciales deben informar de “precio final completo, incluidos los impuestos". Y también apunta que el artículo 60, relativo a la información previa al contrato, y el 97, sobre los datos facilitados a los consumidores antes de firmar contratos a distancia o fuera de establecimientos mercantiles, indican que las empresas están obligadas a indicar los precios con los impuestos y tasas incluidos.

FACUA alerta de que al “facilitar tarifas que no incluyen los impuestos indirectos, además de infringir los citados preceptos legales, las comercializadoras eléctricas inducen a error a los consumidores sobre el importe real que pagarían de contratarlas, incurriendo con ello también en publicidad engañosa”. La asociación subraya que algunas de las compañías denunciadas ni siquiera aclaran en sus páginas webs que a las tarifas ofertadas hay que sumarles los impuestos indirectos y otras incluyen esta advertencia en un lugar poco visible.

FACUA también está presentando denuncias contra esta decena de eléctricas por las citadas prácticas ante las autoridades de protección al consumidor de varias comunidades autónomas, donde las comercializadoras tienen su sede social. Las administraciones autonómicas de consumo tienen competencias directas para abrir expedientes sancionadores por estas presuntas irregularidades.

En este sentido, la asociación de consumidores reclama un cambio en la ley para que el Ministerio de Consumo pueda compartir estas competencias con las comunidades, de manera que cuando se produzcan fraudes a nivel nacional sea el organismo del Gobierno de España el que incoe el expediente y no sea necesaria la apertura de diecisiete procedimientos a nivel autonómico para sancionar las irregularidades de manera proporcional a las dimensiones de las irregularidades y los beneficios ilícitos obtenidos.