Iberdrola intensifica su  ofensiva legal para protegerse ante la causa abierta en la Audiencia Nacional por los encargos realizados desde la eléctrica al ex comisario José Manuel Villarejo para realizar presuntos trabajos de espionaje a políticos, a jueces, sindicalistas y también a Florentino Pérez, presidente de ACS.

La eléctrica ha interpuesto ante un juzgado de Bilbao una querella criminal por un delito de falsedad contra a su ex director de Funciones Corporativas de la compañía, José Antonio del Olmo, como presunto autor de un informe en el que se acusaba a la dirección de la compañía de ordenar espionajes y usar facturas falsas y sobre el que la compañía insiste que no tiene conocimiento.

La eléctrica ya había denunciado el pasado diciembre ante la Fiscalía Anticorrupción a Del Olmo por ser responsable del supuesto informe. En su cargo el ex directivo de la eléctrica era el responsable de ejercer labores de control dentro de la Dirección General de Administración y Corporación.

Iberdrola sostiene en un comunicado que su Unidad de Cumplimiento ha realizado una investigación interna sobre el informe. Durante la misma, según la eléctrica, Del Olmo “no ha coloaborado en ningún momento en el esclarecimiento de los hechos a pesar de haber sido requerido en varias ocasiones”, “no ha reconocido ni su redacción ni su emisión” y los destinatarios del informe interno “tampoco han tenido conocimiento del mismo”.

La eléctrica, además, subraya que ha detectado en informe presuntamente elaborado por Del Olmo “aparentes incongruencias en sus páginas, no descartándose que haya podio ser objeto de algún tipo de composición”.

Iberdrola formula su querella cuando esta misma semana José Antonio del Olmo ha sido llamado a declarar en condición de testigo ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Ante esta situación, la compañía advierte de que “ejercerá todas aquellas acciones legales que de dicha declaración se desprendan en orden a salvaguardar su reputación y buen nombre”.