Endesa y el sindicato mayoritario UGT se han encomendado a un arbitraje para desatascar unas negociaciones sobre el nuevo convenio colectivo que, tras dos años de conversaciones, seguían sin acuerdo. El árbitro elegido, el ex ministro de Trabajo Manuel Pimentel, emitirá su laudo sobre los puntos más espinosos del nuevo marco laboral esta misma semana.

La eléctrica quiere que el nuevo convenio lleve emparejado un recorte de plantilla. Endesa lanzará un plan de bajas voluntarias para sus empleados de más edad con el objetivo de conseguir la salida de más de 1.000 trabajadores, alrededor del 11% de una plantilla de 8.800 personas. El proceso de bajas incentivadas, adelantado por La Información, arrancaría de manera inmediata y se ejecutaría durante los próximos meses.

La dirección de Endesa ha trasladado a los sindicatos las condiciones del plan de bajas. Las indemnizaciones de salida se articulan en cuatro tramos en función del tiempo que le queda al trabajador para su jubilación efectiva y los pagos se alargarían como máximo durante 15 años, así que el proceso se dirige en principio a empleados mayores de 50 años.

A los trabajadores que le restan 15 años para la jubilación se les abona el 60% de su sueldo durante esos tres lustros. La proporción del sueldo que se mantiene se eleva hasta el 70 o el 75% cuanto menor es el tiempo hasta la jubilación y alcanzará el 80% para los trabajadores a los que les resta sólo 5 años en activo, según confirman fuentes de la eléctrica.

A la espera del laudo

Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo en el primer Gobierno de Aznar entre 1999 y 2000 y experto en mediación laboral (lo fue en conflictos sonados como los de Iberia y sus sindicatos, Aena y los controladores, y ya lo fue con Endesa y sus sindicatos para el anterior convenio), tiene de plazo hasta el 24 de enero para emitir su laudo sobre el nuevo convenio.

Un arbitraje que sólo lo respaldan la dirección de Endesa , pero no CCOO y SIE. UGT, con una mayoría del 56% de la representación sindical, subraya que tiene potestad legal para acudir a un arbitraje con la eléctrica incluso sin el respaldo de las otras fuerzas sindicales.

Hasta el choque entre las secciones, los tres sindicatos habían diseñado una oferta conjunta a la compañía que, entre otros aspectos, proponía una subida salarial del 3% retroactiva para 2018 y para cada uno del resto de años del convenio, hasta 2023, un incremento de las tablas salariales del 1,5%, una paga extra lineal para toda la plantilla del 1,3% de la masa salarial, un pago adicional y una paga de eficiencia en función de la rentabilidad de la compañía y una cláusula de revisión de los salarios si la inflación supera el 2% algún año. Endesa sólo ofrecía una subida del 1% anual.

El descuento de luz de jubilados

La negociación del convenio colectivo se ha encontrado con un escollo crucial que ha acabado por frenar cualquier avance. La compañía ejecutó el pasado 1 de octubre su decisión de suspender el descuento en el recibo de luz del que se benefician 26.000 ex trabajadores del grupo ya jubilados. Según la compañía, sin convenio vigente no tiene por qué seguir reconociendo ese salario en especie.

Hasta entonces, tanto los trabajadores como los ex empleados sólo se hacían cargo en su recibo de luz de los peajes regulados de la factura y de los impuestos, mientras que la parte del consumo eléctrico (entre un 35 y un 40% del recibo final) es gratuita. Para todos los jubilados ese enorme descuento –considerado como un pago en especie y por el que pagan también impuestos en su declaración de la renta- se ha acabado.

Endesa ha venido proponiendo a los sindicatos para alcanzar un acuerdo y cerrar el conflicto la posibilidad de rebajar el  máximo de consumo eléctrico gratis del que se beneficia la plantilla y los jubilados, pasando y dejarlo en un máximo de 3.500 kilovatios hora (kWh) al año para todos. Actualmente algunos disfrutan de consumo gratuito ilimitado, otros de 30.000 kWh, otros de 20.000 kWh y otros de 15.000 kWh.

Los sindicatos UGT, CCOO y SIE presentaron hace unas semanas una propuesta común en la que se reclamaba que la plantilla actual y los jubilados mantuvieran un consumo gratuito de 15.000 kWh al año, así como una compensación para los empleados y ex empleados que tienen límites de consumo superiores a esa cota. Esto es, los sindicatos reclamaban cuatro veces más consumo eléctrico gratuito que el que hasta ahora ofrece la compañía.