El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reservó su primer acto institucional netamente económico para mostrar su apoyo al turismo como sector clave de la economía española. Lo hizo inaugurando el X Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur –un lobby que agrupa a una treintena de grandes empresas del sector nacional- en vísperas de la gran cita del ramo, Fitur.

Y en su intervención, volcada en ensalzar la importancia y las virtudes del turismo, se metió en un jardín al, aparentemente, tomar parte en la pugna regulatoria entre los hoteles y los pisos turísticos. Sánchez  apostó por “mejorar el marco regulador” de las viviendas de uso turístico “que tanto están afectando a los buenos empresarios que pagan sus impuestos y que cumplen las normas, me refiero a los hoteleros”.

No sólo tomaba parte, el presidente también vinculaba de manera implícita el negocio del alquiler turístico con la economía sumergida, frente a esos “buenos empresarios” hoteleros que sí “pagan impuestos”.

Desde la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), en la práctica la patronal del sector nacional, no se entra al trapo directamente, pero se aprovecha para dar contexto sobre su actividad. “Sánchez se refería sólo a la oferta ilegal de alquiler turístico. Y ésa hay que erradicarla. Estamos totalmente de acuerdo con el presidente”, explica el presidente de Fevitur, Tolo Gomila.

Pero ante las dudas sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias por parte de  los dueños de viviendas turísticas y los intermediarios (como los gigantes Airbnb, Booking.com o HomeAway). “Ningún sector está tan regulado, tan controlado, desde el punto de vista fiscal como el nuestro”, sentencia el presidente de Fevitur. “Ya es el más controlado”.

En este sentido, la patronal del alquiler turístico subraya que desde hace un año todos los intermediarios del sector –incluidas las grandes plataformas digitales- están obligadas a remitir a la Agencia Tributaria información periódica identificando a los propietarios de las viviendas de uso turístico y desvelando los cobros percibidos. “El sector aporta información de manera permanente, es absolutamente transparente”, apunta Gomila.

Hace un año, el propio Gobierno de Pedro Sánchez tomó medidas para limitar la expansión de las viviendas de uso turístico al calor del boom de plataformas online como Airbnb o HomeAway. El Ministerio de Fomento incluyó en el real decreto de medidas urgentes de vivienda y alquiler una batería de iniciativas para poner coto al alquiler turístico, como parte de su estrategia para limitar la subida de los precios del alquiler y facilitar el acceso de viviendas a los ciudadanos.

Por un lado, se reformó la Ley de Propiedad Horizontal para reducir la mayoría necesaria para vetar nuevos pisos turísticos en las comunidades de vecinos. Hasta ahora se requería unanimidad para reformar los estatutos, ahora con una mayoría cualificada de tres quintos de los propietarios y de las cuotas de participación se podrá limitar o condicionar el ejercicio del alquiler turístico. Y por esa misma mayoría de tres quintos, los vecinos pueden obligar a los pisos turísticos a pagar más comunidad.

Asimismo, el Gobierno reformó también la Ley de Arrendamientos Urbanos para excluir de su ámbito las viviendas de uso turístico para que pasen a estar reguladas por las normativas turísticas de cada comunidad autónoma, lo que además deja fuera a este tipo de viviendas de algunas deducciones en el IRPF de los propietarios.

La mayor fiscalización por parte de la Agencia Tributaria y las medidas adoptadas por Gobierno (además de algunas regulaciones regionales y municipales restrictivas) estarían provocando, según Fevitur, un efecto “desmotivador” entre los dueños de viviendas para que las alquilen a turistas y es lo que está derivando en que el sector está decreciendo. Según las estimaciones del lobby Exceltur, el año pasado se redujo por primera vez en España la oferta de viviendas de uso turístico (con un descenso del 4%, hasta las 413.000 en el país).

En paralelo, el acuerdo programático de PSOE y Unidas Podemos para conformar el Gobierno de coalición incluía medidas en el ámbito del alquiler turístico, apostando por reformas para que las comunidades de vecinos “puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio”. Una promesa que ha generado desconcierto en el sector, dado que consideran que esa media ya fue la que se adoptó hace un año y no entienden cómo pretende el Ejecutivo ir más allá.