El secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, confirmaba esta semana que Francia había decidido congelar el cobro de su tasa a las grandes tecnológicas hasta final de año. La decisión se interpretó como un paso atrás, ante el previsible reacción furibunda del Gobierno de Donald Trump, que podría haber perjudicado a los productores galos con el establecimiento de aranceles. En cualquier caso, escenifica uno de los grandes quebraderos de cabeza de economías modernas; y es el relativo a la dificultad para hacer que las grandes compañías tecnológicas paguen más impuestos en los países donde hacen negocios.

Los estados miembros de la Unión Europea han protagonizado un intenso debate sobre este tema durante los últimos años. Sin embargo, hace unos meses lo aparcaron -al menos, oficialmente- tras abrirse la posibilidad de que los países de la OCDE alcanzaran un acuerdo sobre el gravamen que debería aplicarse a los servicios digitales casi a escala global.

El pacto, de momento, no está cerca, entre otras cosas, por las tensiones comerciales internacionales y por la posición de fuerza de los países donde radican las grandes empresas tecnológicas. Especialmente, Estados Unidos. La ministra de Economía, Nadia Calviño, no descarta que a lo largo de este año se materialice, pero ya ha dejado claro que, en caso contrario, el asunto debe volver a Bruselas. España está a la expectativa, pero no descarta aprobar su propia tasa Google sin no hay acuerdo internacional.

Un 3% de los ingresos

No hay que olvidar que el ex comisario de Asuntos Económicos y Monetarios Pierre Moscovici impulsó hace casi dos años un proyecto de impuesto a las tecnológicas que pretendía gravar con el 3% la actividad de estas compañías en los Estados miembros.

La idea no pudo consensuarse por el desacuerdo de Dinamarca, Suecia o Irlanda, entre otros, que consideraron que esa tasa vulneraba el 'principio de fiscalidad internacional'. También existieron reticencias por la posibilidad de que ese tipo de medidas frenaran la necesaria digitalización de las economías.

El Gobierno aún no ha expresado su renuncia a crear su propia Tasa Google

Calviño hablaba recientemente de la necesidad de que ese debate se traslade a la UE si no se alcanza un acuerdo global, pero el Gobierno de España aún no ha expresado su renuncia definitiva a legislar de forma unilateral. A la vista de esta posibilidad, el Ejecutivo estadounidense advirtió de su disconformidad con esta posible decisión.

La pregunta que se plantea, en este sentido, es la relativa a las consecuencias que podría tener que afrontar la economía española en caso de que el Gobierno lleve a término este proyecto. Según el ICEX, las principales exportaciones que España realiza a Estados Unidos -y las susceptibles de ser perjudicadas por el establecimiento de barreras de entrada en este mercado, como represalia- son los aceites de petróleo, seguidas de los automóviles, los antisueros, el aceite de oliva y el vino.

Mientras esta situación se resuelve -y no parece que se hará por la vía rápida-, los gobiernos de varias de las principales economías de la eurozona lanzan frecuentes mensajes sobre la necesidad de que las compañías tecnológicas globales realicen aportaciones mayores a sus respectivas arcas públicas.

Un mero vistazo a los datos que figuran en el Registro Mercantil permite apreciar que entre Facebook, Amazon y Apple pagaron en 2018 entre todas un total de 14,7 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades. Es decir, prácticamente lo mismo (14,4 millones) que Ence, que es la empresa 'más pequeña' del Ibex 35.

Facebook, Amazon y Apple pagaron en 2018 un total de 14,7 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades.

La cifra de negocios de esta última fue de 429 millones de euros, mientras que los tres citados gigantes tecnológicos superaron los 1.000 millones en el mercado español de manera conjunta.

En concreto, Amazon facturó en 2018 casi 500 millones en España y abonó 3,76 millones en concepto de impuesto de beneficios. Por su parte, Facebook ingresó 112 millones y aportó 860.000 euros; y Apple, 485 y pagó 10 en este concepto.

El gran gigante tecnológico mundial, Google, hizo frente a casi 7 millones de euros en este concepto en España, donde superó los 100 millones de ingresos. La empresa con más capitalización del Ibex 35, Inditex, también presente en diversos países, pagó 360 millones sobre sus ganancias.

La táctica que emplean estas empresas para lograr este ahorro impositivo pasa por declarar sus beneficios en países con una fiscalidad más laxa, como Holanda o Irlanda. Por esta razón, países como España actúan como una especie de proveedores de la empresa matriz, que es la que se encuentra en estos países y hacia la que se desvía su negocio.

Netflix y HBO

Otro caso significativo es el de las empresas de contenidos audiovisuales de pago, de creciente presencia en España como consecuencia de las nuevas demandas de los consumidores y del interés que han despertado entre las compañías de telecomunicaciones, dado que les sirven para engordar sus ofertas convergentes.

A la espera del desembarco de Disney+ en este país, algo que ocurrirá el próximo marzo, la líder del sector es Netflix, que cuenta con más de 2 millones de usuarios, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Pues bien, en 2018 abonó un total de 3.146 euros en impuesto de sociedades. En el caso de HBO, fueron algo más de 100.000.

La patronal de las televisiones privadas, UTECA, ha reclamado al Gobierno recientemente que ponga fin a la "asimetría" que existenen el mercado audiovisual, en el que estas nuevas compañías internacionales no sólo realizan una escasa aportación a la Agencia Tributaria, sino que tampoco aportan el 5% de sus ingresos en España a la financiación del cine español y europeo, algo que las empresas 'convencionales' han de hacer, por ley.

Todas estas son derivadas de la eclosión de la denominada 'nueva economía', que ha dificultado la adaptación a las economías domésticas de las empresas digitales que operan en el mercado global

Todas estas son derivadas de la eclosión de la denominada 'nueva economía', que ha dificultado la adaptación a las economías domésticas de las empresas digitales que operan en el mercado global. La gran pregunta que se plantea es si el establecimiento de la Tasa Google, bien en España o bien en la Unión Europea, solucionará ese problema; o si tendrá más inconvenientes que ventajas, dado que, entre otras cosas, los productos que comercializan estas compañías también generan impuestos indirectos.

Del debate que se ha producido en los últimos años se obtiene la conclusión de que no hay una solución fácil y de que cualquier medida que se salga del ámbito de la OCDE podría implicar represalias por parte de Estados Unidos.