Jordi Sevilla apura sus últimas horas como presidente de Red Eléctrica. Este martes, a las 10.30 horas está convocada la reunión del consejo de administración del grupo energético que tiene la renuncia del presidente como único punto del día y en el que está previsto que se materialice su salida de la compañía.

El detonante de la dimisión de Sevilla serían las "continuas injerencias" de la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, en la gestión del grupo energético -en el que el Gobierno controla un 20% del capital a través de la Sepi-, según fuentes conocedoras de la situación. Desde Red Eléctrica la única explicación oficial es que la dimisión se produce por "razones personales".

El ex ministro ya había planteado su salida el pasado noviembre, pero entonces el propio presidente Pedro Sánchez logró convencerle para que se mantuviera en el cargo. Y también ahora se están produciendo movimientos, en este caso dentro del consejo de administración de la compañía, para frenar la renuncia de Sevilla.

Estas mismas fuentes aseguran que algunos miembros del consejo de Red Eléctrica se han dirigido personalmente a Sevilla para pedirle que no deje la compañía. Entre estos consejeros, todos independientes, existe cierta inquietud por que Ribera aproveche el relevo en la presidencia del grupo energético para situar a su frente a alguna persona próxima, más dispuesta a ejecutar sus directrices.

Un 80% de capital privado

Desde el entorno de Sevilla se considera que Ribera ha intentado gestionar Red Eléctrica como si se tratara de una "dirección general más de su ministerio", sin tener en consideración que el 80% de su capital es privado y que, por ello, debe defender también los intereses de estos accionistas.

Además del holding público Sepi, que es el principal accionista del grupo, con un 20% del capital, varios fondos de inversión internacionales cuentan con participaciones significativas en Red Eléctrica. Es el caso de Blackrock, la mayor gestora del mundo, que controla un 3,14% del capital, o de Lazard, que el pasado mayo redujo su presencia, hasta el 2,98%, tras llegar a controlar más del 5% del grupo.

En general, y según los datos facilitados por el grupo, el 66% de las acciones son propiedad de inversores institucionales internacionales, mientras que un 4% estaría en manos de institucionales españoles y un 10% lo controlaría accionistas minoristas.

Actualmente, el consejo de administración de Red Eléctrica cuenta con 12 miembros, incluidos el propio Jordi Sevilla y el consejero delegado del grupo, Roberto García Merino, designado para el cargo por Sevilla el pasado mes de mayo como parte de la reorganización de la compañía.

Además, hay tres consejeros independientes dominicales, nombrados a propuesta de la Sepi (Mercedes Real Rodrigálvarez, Antonio Gómez Expósito y María Teresa Costa Campi) y siete consejero externos independientes. Entre éstos se encuentra Carmen Gómez de Barreda, que ostenta la condición de consejera independiente coordinadora y, por ende, está llamada a asumir las tareas de coordinación del consejo una vez que se consume la marcha de Sevilla y hasta el nombramiento de un nuevo presidente, para lo que no hay un plazo determinado.

Un año y medio de roces

Desde la propia compañía han señalado que a lo largo del año y medio en el que Sevilla ha ocupado la presidencia del grupo, ha contado con un amplio respaldo en el consejo de administración, en decisiones de gran relevancia como la compra de Hispasat, la configuración de un nuevo plan estratégico o la inversión en la compañía brasileña Argo Energía.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica zanjan la polémica apuntando su respeto "por las decisiones personales de los directivos" de Red Eléctrica y afirman que siempre han mantenido "un respeto escrupuloso por la autonomía de la compañía". Otras fuentes conocedoras sugieren que la relación entre Jordi Sevilla y Teresa Ribera ha llegado a unos niveles de tirantez que han acabado por forzar la renuncia del ex ministro.

Desde el entorno de Sevilla se relata que casi cada uno de los pasos ejecutados a lo largo de su año y medio al frente de la compañía ha contado con la oposición del ministerio de Ribera.

Así sucedió con la compra de Hispasat, que molestó a la ministra a pesar de que el movimiento se entendió como una maniobra alentada por el Gobierno, para evitar la caída de un activo estratégico en manos privadas. El Ministerio para la Transición Ecológica ultima su nueva Ley de Cambio Climático y en ella se estudia incluir un refuerzo del control del Gobierno sobre las adquisiciones de empresas con negocios regulados como Red Eléctrica o Enagás.

Estas fuentes explican también que la sustitución del consejero delegado, resuelta el pasado septiembre con el nombramiento de Roberto García Merino -un hombre de la casa y con más experiencia en la pata de los negocios de telecomunicaciones que en el energético- también generó roces, ya que la ministra quiso condicionar la elección.

Y, más recientemente, han sido los recursos de Red Eléctrica contra los decretos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para recortar los ingresos de las actividades reguladas en el sector energético. La ministra habría instado a Sevilla a dar carpetazo a esos recursos contra el organismo regulador.