El Ayuntamiento de Madrid ya ha ordenado el cierre de uno de cada cuatro pisos turísticos que ha detectado como parte de su labor de control y tramita ya procedimientos con los que puede elevarse esa cifra a una de cada dos viviendas turísticas detectadas en la capital. En sólo seis meses, el Área de Desarrollo Urbano ha realizado inspecciones a 570 edificios de la capital y a un total de 11.025 viviendas. Mediante esos controles los inspectores han comprobado que 1.674 pisos se dedicaban al alquiler turístico.

De ese total de viviendas de uso turístico localizadas por el equipo de inspectores municipales, 418 han recibido ya una orden de cese de actividad y para otras 427 viviendas más se han activado los trámites previos para conseguir dictaminar también el fin de su actividad, según datos del Ayuntamiento a los que ha tenido acceso El Independiente, correspondientes al periodo entre junio y diciembre del pasado año.

Una cuarta parte de las viviendas detectadas ya tiene orden de cierre, pero la mitad de la mitad de los pisos pueden acabar siendo obligados a dejar de dedicarse al alquiler turístico.

En la mayoría de los casos, las inspecciones se realizan después de que el Ayuntamiento reciba denuncia de los vecinos por ruido o por otro problemas de convivencia. Y tras un proceso administrativo que contempla la identificación del propietario y la tramitación del expediente, el consistorio está dictaminando el cese de cientos de pisos turísticos cuando comprueba que realizan esa actividad sin licencia.

Sin embargo, ninguno de los miles de pisos turísticos de Madrid (ninguno) tiene la licencia obligatoria que exige la normativa municipal vigente –heredada del anterior equipo de gobierno comandado por Manuela Carmena- para ser legal. Las viviendas de uso turístico deben contar con un permiso de uso terciario desde el primer día en que funcionen, pero el Ayuntamiento de Madrid no ha concedido ninguna licencia. Así que, en la práctica, todos los pisos turísticos en activo de la capital son ilegales.

El nuevo gobierno municipal, fruto de la coalición de PP y Ciudadanos y con José Luis Martínez-Almeida como alcalde, ya está redactando una nueva ordenanza para tumbar el plan que aprobó el consistorio de Carmena para frenar la expansión de los pisos turísticos en Madrid, según confirman fuentes municipales. No obstante, en principio, se pretende esperar a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre los recursos contra la regulación, (que aún puede tardará en llegar más de un año) para reformar la normativa.

El nuevo Ayuntamiento ha dictado 418 órdenes de cese de actividad de pisos turísticos por incumplir la legislación. Unos mandatos que se unen a los cerca de 450 que ya dictó el consistorio en la anterior legislatura. En total, el Ayuntamiento de la capital ha emitido más de 800 órdenes de cese de actividad de pisos turísticos en la ciudad.

Sin embargo, hasta ahora el consistorio no ha cerrado de facto ningún piso turístico pese a la multitud de órdenes de cese. Y es que el procedimiento legal para conseguirlo es muy largo: tras la orden de cese de actividad el propietario del piso debe presentar alegaciones; si el Ayuntamiento las rechaza, el dueño puede presentar un recurso reposición; una vez resuelto, el consistorio ya puede ordenar el cierre del piso; pero entonces el titular de la vivienda puede ir a los tribunales por la vía de lo contencioso administrativo.

El Ayuntamiento contabiliza un total de 141 recursos interpuestos, pero cada uno de ellos puede corresponder a varios pisos turísticos, así que la cifra de órdenes de cese recurridas es mucho mayor. Del resto de ceses no recurridos algunos propietarios los han acatado, otros los ignoran y siguen con el negocio, y otros dejan de alquilarse durante un tiempo para volver a la actividad después.

Desde el Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento se han detectado en Madrid pisos turísticos que, tras dejar su actividad de alquiler sólo durante unos meses o semanas, vuelven a ser denunciados por los vecinos al recuperar la recepción de turistas. Y entonces el consistorio ha de volver a activar el proceso de inspección, un nuevo expediente y posteriormente emitir una nueva orden de cese de actividad.

Cuando la orden de cese de actividad no es recurrida, los inspectores municipales han de comprobar que efectivamente los propietarios de la vivienda turística la están cumpliendo. Y si la incumplen, el Ayuntamiento puede dictar una orden de precinto de las viviendas (es lo que hizo con los 39 pisos turísticos del bloque de la calle Príncipe 15, pero un juzgado ha paralizado temporalmente la orden municipal).

La baza de las “multas coercitivas”

El consistorio madrileño estudia rearmarse con una nueva herramienta contra los dueños de pisos turísticos que ignoran la orden de cese de actividad. El Ayuntamiento está estudiando la viabilidad jurídica de aplicar sanciones específicas a los dueños de viviendas de uso turístico que incumplan la orden municipal, según confirman fuentes del Área de Desarrollo Urbano, dirigida por Mariano Fuentes (Ciudadanos).

La vía que se explora, aún en análisis, es utilizar la figura de las “multas coercitivas” que, según se recoge en la Ley de Capitalidad de 2006, el Ayuntamiento puede imponer para hacer cumplir la legalidad y hacer posible la ejecución forzosa de sus órdenes. Un tipo de multas que pueden tener una cuantía máxima de hasta 3.000 euros. La Ley de Capitalidad habilita al Ayuntamiento incluso a imponer estas sanciones cada quince días de manera reiterada hasta que se cumpla lo ordenado.

Los 3.000 euros son el tope legal para este tipo de sanciones, pero el Ayuntamiento tiene potestad para fijar la cuantía en función de la gravedad del incumplimiento realizado. Desde el gobierno municipal sólo se confirma que está en estudio aplicar las multas coercitivas al ámbito de las viviendas de uso turístico, pero se evita precisar los importes que se manejan.

Si se confirma la viabilidad jurídica de aplicar este tipo de multas coercitivas a los dueños de pisos turísticos, los planes del Ayuntamiento pasan por empezar a utilizarlas ya sin esperar a la reforma posterior del Plan Especial de Hospedaje que aprobó Carmena.

La ‘ilegalización masiva’ de Carmena

El Ayuntamiento de Madrid comandado por Manuela Carmena aprobó el pasado marzo una nueva normativa para poner freno al boom de pisos turísticos en la capital. La nueva regulación obligaba a los propietarios a obtener una licencia municipal para poder operar como vivienda de uso turístico y se impuso como requisito para conseguirla tener una entrada independiente desde la calle.

Un requisito que en la práctica hacía imposible que cerca del 95% de los pisos turísticos de la capital pudieran seguir siéndolo y provocaba una “ilegalización masiva” de los mismos. Los propietarios de pisos turísticos, desde asociaciones de dueños a empresas gestoras de alquileres de corta estancia, lanzaron una batalla legal para tumbar el plan de Carmena con una batería de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La normativa del anterior equipo de gobierno municipal ha salvado el primer asalto de ese combate legal.

El TSJM ha desestimado suspender de manera cautelar la aplicación del Plan Especial de Hospedaje aprobado por Carmena, como reclamaban dos de los recurrentes (la asociación de dueños de viviendas turísticas Madrid Aloja y la compañía Like Home Madrid). Ahora el Tribunal deberá decidir sobre el fondo de la cuestión y determinar si anula o no la regulación.