La Guardia Civil empieza a poner en duda que fuera la presencia de un dron en sus inmediaciones la causa que motivó este lunes el cierre durante casi dos horas del aeropuerto Madrid-Barajas, después de que los agentes no encontraran ningún rastro durante el operativo puesto en marcha tras cerrarse el espacio aéreo. No obstante, la investigación sigue en marcha y no se descarta ninguna opción.
El aviso de los pilotos de tres aviones a la torre de control en un corto espacio de tiempo sobre la presencia de una aeronave de pequeñas dimensiones no tripulada hizo activar la alerta sobre las 12.40 horas y, siguiendo el protocolo establecido, se suspendió temporalmente las operaciones al haberse divisado el supuesto aparato en una zona de riesgo del aeródromo madrileño. La restricción al tráfico aéreo se mantuvo hasta las 14.20 horas, obligando a desviar casi una treintena de vuelos y provocando retrasos en varias decenas más.
Fuentes de la Guardia Civil han informado a El Independiente de que el rastreo y las pesquisas realizadas no han arrojado hasta el momento ningún rastro, lo que les lleva a poner en duda que realmente se tratara de un dron. Las patrullas tienen previsto realizar inspecciones durante toda la noche para tratar de localizar e identificar al propietario del supuesto aparato.
En 2018, meses después de que entrara en vigor el decreto que regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas de forma remota, el Instituto Armado creó un equipo específico en el aeropuerto de Barajas -bautizado como 'Pegaso', en alusión al caballo alado de la mitología griega- para el control de drones ante el auge que empezaban a experimentar. Esta unidad se encarga de que estos aparatos puedan poner en riesgo despegues o aterrizajes, maniobras críticas en todo vuelo.
El incidente que provocó el cierre del espacio aéreo del aeropuerto inglés de Gatwick en diciembre de 2018 durante más de un día sigue por la presencia de drones sobrevolando incluso una pista de despegue sin resolverse, pese a que la policía de Sussex llegó a detener a dos sospechosos. Finalmente fueron puestos en libertad sin cargos.
El operativo puesto en marcha tras decretarse el cierre del espacio aéreo no ha arrojado luz, si bien la investigación continúa abierta
La normativa que regula el uso de aeronaves pilotadas de forma remota (RPA) en España prohíbe -salvo excepciones y con las autorizaciones correspondientes- el vuelo de este tipo de aparatos en las cercanías de los aeropuertos y prevé sanciones de hasta 90.000 euros para los pilotos que cometan esta infracción, que está tipificada como "grave".
En concreto, en el caso de los vuelos recreativos, el dron no puede volar a menos de ocho kilómetros de un aeródromo -hasta 15 kilómetros en el de Barajas- ni hacerlo dentro de lo que se conoce como espacio aéreo controlado (CTR), una burbuja que protege el tráfico de entrada y salida.
No es la única prohibición. La normativa también impide que estas aeronaves vuelen en zonas urbanas salvo que el aparato pese menos de 250 gramos, no superen los 20 metros de altura, no se acerquen a edificios a menos de 50 metros y, por supuesto, no sea una zona CTR. Además, los vuelos no pueden realizarse de noche y con condiciones climáticas adversas.
Restricciones de vuelo
Fuentes del sector consultadas por este diario aseguran que es "casi imposible" que un dron pueda volar en las inmediaciones de un aeropuerto por las restricciones establecidas. Para lograr la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el piloto tendría que acreditar que tiene un curso de radiofonista, contar con una radio de banda aérea y presentar el preceptivo estudio de seguridad, antes de coordinarse con la torre de control y esperar que el gestor de navegación aérea Enaire conceda el plácet.
En el caso de los vuelos sobre zonas urbanas, AESA exige también que las aeronaves estén equipadas con dispositivos que mitiguen el impacto, como un paracaídas. "La tramitación es muy larga y muy complicada", resume César Gónzález, director técnico y piloto de Godrone desde hace seis años.
Tanto en el caso de vuelos recreativos como profesionales, la aeronave debe contar con una placa identificativa en la que consten los datos del piloto y del aparato y un teléfono o dirección de correo electrónico de contacto. En el caso de los pilotos profesionales, estos deben contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra daños hasta 300.000 euros, si bien la aseguradora se desentendería en el caso de vuelos ilegales.
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