La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha logrado contentar a las comunidades autónomas en la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de la nueva legislatura. Al contrario, el rechazo a devolverles 2.500 millones correspondientes a una liquidación del IVA pendiente de 2017 ha provocado el enfado generalizado de los consejeros, incluidos varios socialistas.

Montero ha logrado sacar adelante la nueva senda de estabilidad presupuestaria para las CCAA, con once votos a favor del Ministerio de Hacienda, las regiones del PSOE y Melilla, frente a la oposición de las regiones gobernadas por el PP, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Hacienda.

Esta senda establece un objetivo más flexible de déficit autonómico, fijándolo en el 0,2% del PIB este año, el 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde el ejercicio 2022. El Gobierno otorga más margen a las comunidades, ya que el objetivo autonómico previsto inicialmente por el Ejecutivo de Sánchez era de un déficit de una décima del PIB este año, y que las regiones lograsen estabilidad presupuestaria ya el año que viene. De hecho, la senda que aprobó el PP establecía equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas ya para el ejercicio 2020.

En la reunión, Montero ha trasladado también a los consejeros autonómicos que Hacienda no tendrá en cuenta la parte del déficit imputable al IVA dejado de percibir por el cambio normativo de 2017, unos 2.500 millones de euros en conjunto, a la hora de contabilizar el déficit de las comunidades autónomas de 2019, que estima que cerró en el 0,5% del PIB, si bien calcula que rondaría el 0,3% si se descuenta dicho efecto.

Además, ha flexibilizado los objetivos de déficit y pondrá en marcha un extra Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con un tipo del 0%. De esta forma, tras descontar el efecto del IVA, las comunidades que registren un déficit del 0,1% o inferior se entenderá que cumplieron el objetivo en 2019.

No obstante, las comunidades no han dado una buena acogida a las medidas compensatorias de Hacienda al reclamar el pago y rechazar más endeudamiento, especialmente las regiones que ya presentan superávit. El rechazo ha sido mostrado por los consejeros de las autonomías del PP y por varias socialistas.

Los once votos a favor a favor de la nueva senda han sido los de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria (en coalición con PRC), Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana), más el voto de Melilla (presidida por Cs) y del propio Ministerio de Hacienda. Por el contrario, han rechazado la nueva senda las cinco regiones del PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia), más la ciudad autónoma de Ceuta.

De su lado, Navarra y País Vasco, que se acogen al régimen especial, no han votado, aunque sí ha acudido un representante de la comunidad navarra. Del País Vasco en cambio no se ha enviado a nadie. En el caso de Cataluña, tampoco ha participado en la votación, aunque ha acudido la secretaria de Economía, Natàlia Mass, en vez del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès.