Covical 2000 es el nombre de una de tantas firmas inmobiliarias víctimas del estallido de la burbuja del sector en España, hace ya algo más de una década. Un pinchazo que junto a miles de compañías del sector se llevó por delante los planes residenciales de miles de familias que vieron cómo la vivienda que habían comprado sobre plano se convertía en papel mojado y los ahorros que habían destinado a su adquisición se evaporaban.

En el sector se calcula que la crisis dejó diseminadas por toda España más de 500 'promociones fantasma', en las que varios centenares de miles de personas vieron esfumarse su dinero en proyectos nunca terminados. Y con la quiebra de la promotora parecía desaparecer la opción de recuperar ese dinero.

El de Covical 2000 es uno de estos casos. La cooperativa proyectó en los años previos a la crisis la construcción de unas 15 viviendas en el barrio zamorano de Pinilla, que nunca llegaron a construirse. Pero algunos de sus afectados han encontrado la manera de recuperar el dinero perdido en aquel proyecto.

El pasado 27 de enero un juzgado de Zamora falló a favor de una de las víctimas de aquel caso, condenando a Unicaja a devolverle los 3.000 euros (más los intereses) que ingresó en julio de 2007 en una cuenta bancaria abierta en Caja España (entidad ahora integrada en Unicaja), amparándose en que la caja no exigió al promotor -o al menos no logró acreditarlo- la apertura de una cuenta especial, separada y debidamente garantizada.

Una sentencia del Supremo responsabiliza a los bancos por no abrir para este fin cuentas con garantías especiales

El fallo está apoyado en una sentencia del Tribunal Supremo, de diciembre de 2015, en la que se establece que "las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad".

La jurisprudencia del Supremo representa una puerta abierta para la recuperación del dinero perdido que no muchos afectados han aprovechado aún según estiman diversas asociaciones de defensa de los consumidores.

"Todos estos afectados, que son muchos y que ya en su día perdieron el dinero y la esperanza de que la promotora les devolviese el dinero pueden recuperarlo reclamando directamente al banco donde ingresaron las cantidades, exigiendo lo que dieron a cuenta, así como el interés legal del dinero desde la fecha de ingreso", explica Patricia Suárez, presidenta de Asufin, la asociación que respaldó al afectado del citado caso de Covical 2000.

Sin embargo, esa puerta está cerca de cerrarse. Las víctimas de estas promociones fallidas previas a 2015 (es decir, todas las vinculadas a la crisis) tienen apenas ocho meses para presentar las pertinentes demandas.

El abogado Antón Echevarrieta recuerda que la ley 42/2015 introdujo una modificación en los plazos de prescripción de las llamadas "acciones personales que no tengan plazo", entre las que se incluirían las reclamaciones por viviendas fallidas, por la que el periodo de prescripción se redujo de 15 a 5 años.

En 2015 se modificó el plazo legal para reclamar, desde los 15 años previos a tan solo 5

Como este plazo comenzó a aplicar -para los casos producidos con anterioridad- a partir de la entrada en vigor de la ley, el 7 de octubre de 2015, los afectados por estos casos tendrían hasta el mismo día del presente año para tramitar las reclamaciones contra la banca.

Aunque no existen datos fiables, desde las asociaciones de usuarios creen que los casos de afectados por promociones 'fantasma' procedentes de los años de la crisis que no han recuperado aún su dinero, y temen que el plazo legal para reclamarlo se agote sin que ni siquiera sean conscientes de la opción de solicitar al banco la restitución de los fondos perdidos.

Mientras tanto, desde el sector financiero se observa la situación con relativa tranquilidad. Aunque algunas entidades admiten que el porcentaje de afectados por este tipo de prácticas que no ha reclamado su dinero es aún elevado, aseguran no temer una avalancha de demandas en los próximos meses y relativizan el impacto que este caso puede tener en sus cuentas.

"Teniendo en cuenta que están sobre la mesa asuntos como el IRPH, de mucho mayor calado, este tipo de cuestiones no están entre las grandes preocupaciones del sector", reconocen desde un banco del Ibex.

En cualquier caso, desde el sector sí insisten en declarar que, aunque los tribunales puedan hacerles responsables de la devolución del dinero a las familias afectadas por las viviendas fallidas, las entidades nunca se quedaron esos ingresos, que normalmente fueron empleados por las promotoras para fines distintos a los que habían sido destinados.