El Gobierno quiere impulsar la implantación de nuevas energías renovables en España. Sus objetivos pasan por llegar a 2030 con un 35% de renovables en el consumo de energía final y un 70% de generación renovable en el sector eléctrico, y con la meta final de un sistema eléctrico 100% renovable en 2050.

Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, confirma en el nuevo anteproyecto de Ley de Cambio Climático contempla la convocatoria de subastas de nueva potencia renovable cada año hasta 2030, con un mínimo de 3.000 megavatios (MW) anuales en licitación.

El Gobierno desbloquea así el lanzamiento de nuevas subastas, que no se celebran en España desde 2017, pero es más que improbable que dé tiempo a inaugurar este año el nuevo tipo de pujas que quiere implantar el Ministerio. El Ejecutivo no podrá poner en marcha el nuevo sistema de pujas hasta 2021, a la espera de aprobar la Ley de Cambio Climático, por un lado, y otra ley con la normativa que permita reformar las condiciones de la subasta.

Y es que Ribera pretende reformar por completo la metodología de las pujas anteriores. El objetivo es utilizarlas no sólo para promover la implantación de nuevas renovables, sino también para hacer posible una rebaja del precio de la electricidad y, con ello, del recibo de la luz que pagan los consumidores.

La pretensión del Ministerio pasa por revolucionar la fórmula que regía hasta ahora las subastas para que las empresas compitan por los nuevos proyectos ofreciendo un precio fijo de la electricidad que se mantendría durante un periodo largo de tiempo (10, 15 o 20 años). Quien ofrezca la electricidad más barata gana.

Las compañías calculan con qué precio de venta de la electricidad su inversión en las nuevas plantas ya les resulta rentable y ofrecen mantenerlo a largo plazo. El Gobierno, en principio, fijaría un precio máximo  permitido (que se mantendría en secreto para no condicionar las ofertas de las empresas) y así asegurarse una rebaja en relación al precio de mercado.

“El producto subastado será la energía y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía, con el objeto de que el resultado de las subastas impacte positivamente en el precio que abonan los consumidores por la electricidad”, resumen fuentes del Ministerio.

Las subastas se podrán convocar distinguiendo entre diferentes tecnologías (eólica, fotovoltaica…), por criterios de localización de las instalaciones, por niveles de gestionabilidad o por el grado de madurez de cada tecnología. Se busca segmentar lo máximo posible para no condicionar los procesos de unas tecnologías y otras y para ajustarse a las necesidades de cada territorio.

Para sacar adelante el nuevo modelo de subastas de renovables, el Gobierno debe aprobar una reforma de la Ley del Sector Eléctrico. El anterior Ejecutivo del PP dejó atado en la norma que las futuras subastas sólo puedan realizarse según su metodología. Si ahora el departamento comandado por Teresa Ribera quiere poner en marcha las subastas con nuevas reglas tendrá que modificar esa ley, aunque se insiste en que el objetivo es lanzar esas subastas "cuanto antes".

En el anteproyecto de ley se abre la puerta a celebrar subastas con la fórmula actual heredada del Gobierno del PP a la espera de cambiar el modelo. Pero es una apostilla con la que el Ministerio busca guardarse las espaldas por si se retrasara la aprobación de la Ley de Cambio Climático, pero que es una opción que no quiere ejercitar ni el Gobierno y que rechaza todo el sector renovable.

El modelo vigente

El antiguo Ministerio de Energía -dirigido por Álvaro Nadal- impulsó una pequeña subasta en 2016 y dos megasubastas en 2017 con una metodología sui generis. Una fórmula complicada alejada de los sistemas utilizados de manera generalizada en otros países.

El Gobierno establecía una previsión de costes de inversión para cada tipo de tecnología, las empresas que participaban en las subastas ofrecían un descuento en relación a esos costes de inversión (a la postre casi todas empataban, ofreciendo el máximo descuento permitido) y en base a este coste final se calculaba una rentabilidad razonable a cada proyecto a largo plazo (aunque cada tres años esa rentabilidad podría revisarse).

El Gobierno garantizaba esa rentabilidad razonable y sólo daría ayudas públicas a los proyectos ganadores de las subastas si no se cumplía, aunque la previsión es que no se dará ninguna ayuda pública. No había ayudas públicas y sólo se garantizaba una suerte de precio suelo figurado, pero estas subastas -según subrayan desde el sector renovable- no servían para abaratar la luz de manera directa, ya que la electricidad de estos proyectos que ahora se están instalando se venderá al precio del mercado eléctrico.

Récord de renovables gracias a las subastas

España batió el año pasado su récord de instalación de nuevas energías renovables. El sistema eléctrico sumó plantas verdes con una potencia de 6.456 megavatios (MW), 20 veces más que el año anterior (en 2018 se instalaron 330 MW) y un nuevo máximo histórico que supera la anterior marca conseguida hace una década, según datos de Red Eléctrica de España (REE).

El anterior máximo histórico era el registrado en 2008, cuando se instalaron 4.658 MW de plantas renovables. Entonces el boom se produjo al calor de las ayudas públicas aprobadas en aquellos primeros años dos mil para impulsar al sector.

La avalancha de nuevas renovables se produce sin esas ayudas, pero en su mayor parte es consecuencia de las subastas de potencia verde organizada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2017, que adjudicó proyectos por algo más de 8.000 MW garantizando sólo un precio suelo de venta de electricidad. Pero de toda esa nuevas potencia subastada casi un tercio se han convertido en proyectos fallidos.