Con el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona de este año cancelado, ahora se abre una pugna por quién paga la factura del cierre del congreso. GSMA, patronal mundial del móvil y organizadora del evento, señala como única razón de la suspensión la crisis del coronavirus y el miedo generado entre los expositores a acudir a la feria por posibles contagios.

“Ayer comprobamos que la gran mayoría de las empresas que habían planeado asistir no estarían”, ha sentenciado el consejero delegado de GSMA, John Hoffman, en rueda de prensa en la Ciudad Condal. “Era imposible seguir con la celebración”.  Desde la organización se insiste en que la epidemia de coronavirus y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de evitar aglomeraciones hacían inviable mantener el Mobile de este año.

“No es una decisión financiera, es una decisión basa en la salud y el bienestar”, ha subrayado el máximo responsable de la patronal del móvil. Para la GSMA, la crisis del coronavirus conlleva “razones de fuerza mayor” para suspender el Mobile. Y aunque se insista en que no se trata de una decisión financiera, la justificación en esa “fuerza mayor” tiene una carga financiera crucial.

La decisión de GSMA de suspender el MWC de este año en principio conlleva asumir la devolución de los pagos realizados por los expositores y la asunción de indemnizaciones millonarias. Pero si hay una razón de fuerza mayor, se abre la puerta a librarse total o parcialmente del golpe económico.

El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades "pide evitar o reducir el número de personas en un mismo espacio [para frenar la expansión del coronavirus]. Entendemos que es una directriz muy clara. Se trata de una razón de fuerza mayor”, ha sostenido también Mats Granryd, director general de GSMA. Y aunque la organización ha evitado desvelar los términos de sus pólizas de seguro sobre cancelación, ha apuntado que “uno no se puede asegurar para causas de fuerza mayor”.

GSMA no ha cuantificado el coste de la suspensión y se remite a que tendrá que estudiar los términos de cada uno de los contratos suscritos con los 2.800 expositores previstos. “La cantidad depende de lo que diga el contrato de cada uno”, ha zanjado el consejero delegado.

Está en juego un golpe millonario por la devolución de los pagos de las compañías, que rondan los 300 millones de euros sólo por pagos adelantados para reservar la superficie de exposición en la Fira de Barcelona y otros centros, según varias fuentes del sector. El precio por metro cuadrado varía mucho en función de la calidad del espacio (si es una zona privada, según en qué pabellón se encuentra, si es pasillo central o en los laterales…), pero oscila entre los menos de 1.000 euros de las peores ubicaciones a los en torno a 9.000 de las mejores.

A esas cantidades se sumarían otros costes irrecuperables, que algunas fuentes sitúan cerca de otros 100 millones por diferentes conceptos, desde reservas de hoteles -que para los expositores gestiona también directamente y en exclusiva GSMA- a los costes de la construcción de los stands, así como otros conceptos paralelos.

En algunos de los contratos suscritos de GSMA y los expositores, a cuyo contenido ha tenido acceso El Indepnediente, se apunta que los organizadores podrían librarse de devolver esas cantidades millonarias alegándose a una razón de “causa mayor”, entre las que se especifican escenarios como una guerra civil, una revolución, amenaza terrorista, sabotaje…

Pero, según las compañías del sector, GSMA va a tener difícil justificar que alerta sanitaria internacional declarada por la OMS se traduzca en una emergencia o un riesgo concreto en Barcelona. Y más dado que las Administraciones españolas al unísono insisten desde hace días en el mensaje exactamente contrario al que le serviría a GSMA para sortear el golpe económico a expensas de una solución pactada con los propios expositores.

Gobierno central, Generalitat catalana y los Ayuntamientos de Barcelona y de L’Hospitalet de Llobregat han seguido lanzando hasta horas antes de la cancelación de ayer y también durante la mañana de hoy mensajes sobre la inexistencia de razones de salud pública en España y en la Ciudad Condal que justifiquen la cancelación. E incluso la vicepresidenta Carmen Calvo ha apuntado a que existirían “otras razones” detrás de la suspensión.