Con la cancelación del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona se abre una pugna sobre quién paga la factura del cierre del congreso, que podría traducirse en indemnizaciones millonarias y devolución de pagos a las compañías que iban a participar. Una batalla en la que el factor fundamental es determinar la razón de la suspensión y el grado de justificación de la medida.

Desde GSMA, patronal mundial del móvil y organizadora del evento, se alegan con contundencia “causas de fuerza mayor” para la cancelación, un término clave para rebajar sustancialmente o librarse de los pagos millonarios por echar la persiana de la feria de Barcelona. Para la organización la única razón de la suspensión la crisis del coronavirus y el miedo generado entre los expositores a acudir a la feria por posibles contagios.

Desde hace días, el Gobierno ha salido en tromba para poner en cuestión la necesidad de la suspensión del Mobile, con mensajes de tranquilidad y garantizando que se podía celebrar con normalidad pese a la alerta internacional por el coronavirus.

E incluso tras la decisión de suspenderlo, pesos pesados del Ejecutivo, como las vicepresidentas Calvo y Calviño, han subrayado que no había ninguna razón de salud pública para cancelarlo y se ha llegado incluso a apuntar que detrás de la decisión “hay otras razones”.  La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apuntado hoy mismo que ve “incomprensible” la cancelación mientras que se mantienen sin cambios otros congresos en Europa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también cuestiona la necesidad de echar el cierre del Mobile World Congress. “No hemos recomendado en ningún caso que se cancele ningún tipo de congreso o evento”, sentencia la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del organismo, la española María Neira, en declaraciones a la Cadena SER.

Frente a las razones de fuerza mayor que alega GSMA, frente a la imposibilidad de seguir con el congreso que argumentan los organizadores, la agencia de Naciones Unidas no ve motivo para aplicar restricciones en este sentido. “Desde el principio, desde OMS hemos dicho que no parecían necesarias de momento ningún tipo de restricciones de viaje o comerciales, precisamente por este pánico innecesario y las consecuencias socioeconómicas innecesarias que no nos ayudan para combatir el virus”.

La GSMA se agarró ayer a las recomendaciones del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades sobre evitar aglomeraciones de personas en un mismo espacio para frenar la expansión del coronavirus. “Entendemos que es una directriz muy clara. Se trata de una razón de fuerza mayor”, subrayó ayer Mats Granryd, director general de GSMA. Si la razón es de fuerza mayor podría sortear o reducir mucho las indeminizaciones.

GSMA no ha cuantificado el coste de la suspensión y se remite a que tendrá que estudiar los términos de cada uno de los contratos suscritos con los 2.800 expositores previstos. “La cantidad depende de lo que diga el contrato de cada uno”, ha zanjado el consejero delegado.

Está en juego un golpe millonario por la devolución de los pagos de las compañías, que rondan los 300 millones de euros sólo por pagos adelantados para reservar la superficie de exposición en la Fira de Barcelona y otros centros, según varias fuentes del sector. El precio por metro cuadrado varía mucho en función de la calidad del espacio (si es una zona privada, según en qué pabellón se encuentra, si es pasillo central o en los laterales…), pero oscila entre los menos de 1.000 euros de las peores ubicaciones a los en torno a 9.000 de las mejores.

A esas cantidades se sumarían otros costes irrecuperables, que algunas fuentes sitúan cerca de otros 100 millones por diferentes conceptos, desde reservas de hoteles -que para los expositores gestiona también directamente y en exclusiva GSMA- a los costes de la construcción de los stands, así como otros conceptos paralelos.