“Revertir Madrid Central ha sido una promesa electoral. Y como tal la vamos a cumplir”. Lo dijo José Luis Martínez-Almeida apenas unas horas después de que los resultados electorales del 26-M le pusieran en bandeja ser el nuevo alcalde de Madrid.

Durante toda esa campaña electoral, el líder popular hizo del fin de la zona de bajas emisiones impulsadas por su antecesora Manuela Carmena una de sus banderas de campaña. E incluso llegó a prometer que tumbar Madrid Central directamente sería la primera de sus medidas al llegar al despacho del Palacio de Cibeles.

Pero no era tan fácil. La primera vía que encontró el nuevo equipo de gobierno municipal, apoyado en la coalición de PP y Ciudadanos, fue aprobar una moratoria a las sanciones a los conductores que incumplieran las restricciones de acceso en función de la etiqueta ambiental de sus vehículos a la pequeña zona incluida en la normativa. La lógica, aplastante: sin multas, de facto no había Madrid Central. Pero los tribunales tumbaron ese intento de laminar Madrid Central mediante la impunidad de los infractores. Y Madrid Central volvió.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida junto a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La apuesta del consistorio de la capital ahora es impulsar su propio plan integral ambiental Madrid 360. El proyecto incluye medidas para restringir la circulación de los vehículos más contaminantes en zonas cada vez más amplias de la ciudad a medio y largo plazo, pero en la práctica en el corto plazo conllevaría suavizar las restricciones de Madrid Central, permitiendo el libre acceso al meollo de la ciudad a coches con la etiqueta C si hay al menos dos ocupantes (un distintivo ambiental que ahora cuenta con limitaciones).

Es precisamente este punto, de aligerar las cortapisas a la circulación de los coches con etiqueta C, las que han levantado ampollas dentro de la propia coalición de gobierno. El Partido Popular lo impulsa y respalda, Ciudadanos ha llegado ya a votar en contra y en el pleno del Ayuntamiento y muestra su rechazo frontal al levantamiento de ese veto en la zona central de Madrid.

El encontronazo es tal, que alcalde Almeida presentará el plan Madrid 360 ante la Comisión Europea –para intentar evitar la multa millonaria que prepara Bruselas contra España por incumplir los límites de contaminación de manera sistemática en Madrid y Barcelona- y lo hará en solitario y sin la presencia de su vicealcaldesa, la líder de Cs Begoña Villacís. El planeado levantamiento de restricciones a este tipo de vehículos también se ha encontrado con críticas por parte del Gobierno central.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, uno de los pesos pesados del Gobierno de Pedro Sánchez, ha puesto en cuestión el plan ambiental Madrid 360 por “confuso”, porque “se apunta a la idea de invitar a los coches a Madrid, en lugar de reforzar la idea de una movilidad mucho más sana y compatible con la salud de los vecinos”. Unas críticas que llegaban, además, justo después de conocerse el plan de Martínez-Almeida de construir un macroparking con capacidad para 1.000 automóviles junto al Parque del Retiro.

Las críticas de Teresa Ribera, una de las almas ecologistas del Ejecutivo central, han sido constante en los últimos meses. “Lo que no es razonable es que Madrid sea de las pocas capitales europeas donde no haya una zona de bajas emisiones, por no decir una zona de cero emisiones, y no pequeñita como la que con mucho esfuerzo logró sacar adelante la corporación municipal anterior”, abroncó la ministra.

Zonas de bajas emisiones, sí o sí

La propia Ribera pretende imponer por ley que haya zonas de bajas emisiones en cerca de 150 municipios de España y, además, ha diseñado una cláusula para proteger esas restricciones ante los intentos de cualquier alcalde de rebajarlas o de tumbarlas.

El Gobierno trabaja para llevar el próximo mes a las Cortes el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la hoja de ruta que debe llevar a la descarbonización a la economía española en 2050. El nuevo anteproyecto -la enésima versión que conoce el texto en el último año y cuya tramitación quedó en suspenso durante la interinidad del Gobierno entre las dos elecciones generales- endurece alguno de sus aspectos, en especial el referente a la puesta en marcha de zonas de bajas emisiones en las ciudades españolas.

El Ejecutivo ha incluido en la futura norma un auténtico escudo anti-Almeida para blindar los ‘Madrid Central’ que se quieren extender por toda España.  Ribera pretende que el Gobierno y las comunidades autónomas tengan derecho de veto sobre cualquier medida que suponga una reversión o una rebaja de las zonas de baja emisiones vigentes.

“Cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo de las Administraciones estatales o autonómicas competentes en materia de protección del medio ambiente”, se apunta en el último borrador del texto. Una apostilla crucial para evitar recortes de las medidas orientadas a reducir las emisiones de los vehículos en las ciudades y que ha acabado incluyéndose tras la polémica por el intento de minimizar Madrid Central.

En anteriores borradores de la ley el Ministerio para la Transición Ecológica se limitaba a establecer que los ayuntamientos de los municipios de más de 50.000 habitantes (que son 145 en España) “fomentarán” medidas de mitigación para reducir las emisiones. En la nueva versión del anteproyecto de ley, que en breve pasará por el Consejo de Ministros, esas medidas se convierten directamente en obligatorias.

El nuevo borrador fija como obligación que los municipios de más de 50.000 y los territorios insulares establezcan zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023 y que también cuenten con servicios de coches eléctricos compartidos. Un aspecto este último que hasta ahora no se recogía en ninguna de las anteriores versiones. Zonas de bajas emisiones en decenas de ciudades y que no podrán mermarse por los vaivenes políticos municipales sin el visto bueno de Gobierno y comunidades.