El Gobierno da luz verde ya a las denominadas Tasa Google y Tasa Tobin. Dos nuevos impuestos que se han hecho esperar. El Ejecutivo los incluyó en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 que no salió adelante. El Consejo de Ministros los aprobará este martes y da un impulso así a parte de la reforma fiscal pactada por PSOE y Unidas Podemos en su acuerdo de Gobierno de coalición.

El Gobierno calculaba el año pasado que la puesta en marcha de ambos gravámenes serviría para ingresar en las arcas públicas un total de 2.050 millones de euros. El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (la tasa Google) aportaría 1.200 millones de euros en un año y el Impuesto a las Transacciones Financieras (la tasa Tobin) inyectaría 850 millones más.

Unas previsiones gubernamentales que fueron rebajadas por varios organismos que consideraban las estimaciones del Ministerio de Hacienda como demasiado optimistas. Entre las instituciones que desinflaron los cálculos del Gobierno estaba la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que entonces estaba comandada por José Luis Escrivá. Ahora Escrivá es el nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y se sienta en el Consejo de Ministros que aprobará estas tasas.

El informe de la Airef sobre las medidas fiscales incluidas por el Gobierno en el plan presupuestario para los fallidos PGE de 2019 auguraba que en el mejor de los casos los ingresos de ambas nuevas tasas se quedarían unos 230 millones por debajo de la estimación oficial. Pero la Autoridad Fiscal apuntaba que en el peor de los escenarios los ingresos no llegarían ni a la mitad de la inyección prevista.

Según la Airef, los ingresos de la tasa Google contemplada en el plan presupuestario de hace un año serviría para ingresar entre 546 y 968 millones, frente a los optimistas 1.200 millones marcados por Hacienda. En paralelo, la estimación de la Autoridad Fiscal para la tasa Tobin contemplaba una horquilla de entre 420 y 850 millones de ingresos, así que sólo en el mejor de los escenarios se alcanzaría la previsión del Gobierno.

Crear la Tasa Google para cobrarla en 2021

El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales gravará previsiblemente aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. En línea con la propuesta que en su día hizo la Comisión Europea, gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

El Gobierno, que se ha encontrado con el rechazo del sector tecnológico, defiende la creación de este gravamen porque hay ingresos obtenidos en España por grandes empresas internacionales a partir de ciertas actividades digitales que escapan al actual marco fiscal, por lo que están haciendo competencia desleal especialmente al pequeño comercio.

El Gobierno dará luz verde a la Tasa Google esta semana, pero pretende aplazar su primera liquidación hasta final de año a la espera de que avancen las conversaciones en la OCDE para crear una tasa de carácter casi global. Un aplazamiento, como ya sucedió en el caso de Francia, que se produce tras las amenazas del Gobierno de Donald Trump de tomar represalias mediante la subida de aranceles.

No se trataría de una suspensión del gravamen, según ha aclarado la propia vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sino de un aplazamiento de la liquidación hasta finales del ejercicio. "En el caso francés, se han suspendido los pagos a cuenta y la liquidación del impuesto se produce a finales de año. Nosotros prevemos un sistema similar para dar un poco de tiempo y ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional", apuntó Calviño.

En paralelo, el Consejo de Ministros aprobará también el proyecto de ley que crea el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como 'tasa Tobin', que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.

Solamente se someterán a tributación al 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto. Quedan fuera del ámbito de la nueva tasa la  deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados.