El Gobierno augura que el precio de la electricidad y, con ello, también el recibo de luz de millones de clientes bajará este año. Ya lo hizo el año pasado y, según las previsiones que maneja el Ejecutivo la tendencia a la baja continuará durante este 2020.

Un abaratamiento que la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presume de que es gracias a sus planes para disparar el peso de las energías renovables en la producción eléctrica.

“El mercado eléctrico está descontando ya la apuesta de este Gobierno por las renovables”, ha sentenciado Ribera, durante su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados en esta legislatura, para explicar la caída de los precios de la electricidad. Los mercados de futuros anticipan que a finales de 2020 el precio de la electricidad podría rebajarse entre un 12 y un 16% en el conjunto del ejercicio, situándose entre los 40 y los 42 euros por megavatio hora (MWh).

El mercado mayorista eléctrico (conocido como pool), en el que traders y compañías eléctricas compran y venden la electricidad, cerró 2019 con un precio medio de 47,7 euros por megavatio hora (MWh), según los datos de OMIE, el gestor del mercado. Esta cotización que supone un descenso de casi el 17% en relación al precio medio del año pasado, entonces de 57,3 euros MWh (el segundo mayor precio en una década).

Los expertos achacan el descenso del precio medio durante todo 2019 a una combinación de factores. Dos son cruciales: la caída del precio del gas y que en los últimos meses que haya habido récord de producción eólica. En la recta final del año la eólica fue la mayor fuente de energía del sistema eléctrica español, aportando más de un tercio de toda la producción.

La caída del precio de la electricidad tiene un impacto directo en una rebaja del recibo de la luz para los clientes que tienen tarifa regulada, la que pagan unos 11 millones de clientes domésticos en el país adscritos al denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y cuya evolución está directamente ligada a la cotización del mercado mayorista de electricidad. La tarifa regulada cayó en torno a un 7% el año pasado.

El resto de clientes domésticos, los 14 millones con tarifas del mercado libre, pagarán lo que han firmado con sus compañías eléctricas, con independencia del comportamiento del mercado. Según el comparador de tarifas de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), la inmensa mayoría de las tarifas del mercado libre son más caras que el precio regulado.

Ribera ha anticipado que dentro de un tiempo lo que hoy es noticia, como que haya días en que las renovables baten récords de cobertura de la demanda eléctrica, serán algo normal con la penetración que está habiendo de estas energías verdes.  En este sentido, ha recordado que en una determinada hora del 3 noviembre de 2019 la energía eólica cubrió un 76% de la demanda eléctrica instantánea de la Península y que la fotovoltaica el año pasado incrementó su producción un 19 %.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno ha destacado el efecto que ha tenido el desarrollo regulatorio del autoconsumo eléctrico que hizo el Gobierno y que ha permitido que la potencia eólica instalada esté próxima a 1 gigavatio (GW), tras sumar sólo el año pasado la mitad de toda esa potencia.

Los 'impuestos verdes' que vienen

Ribera ha apostado por lanzar en España una “fiscalidad del siglo XXI” en la que los impuestos ambientales son “herramientda imprescindible” para luchar contra la crisis climática. La ministra ha subrayado que “el consumo de la riqueza colectiva no ha encontrado todavía en España una respuesta fiscal adecuada”

La vicepresidenta no ha precisado si se preparan nuevos impuestos ambientales o se baraja una subida de los existentes, apuntando que se trata de competencias que corresponden al Ministerio de Hacienda. Pero ha alertado de la baja presión fiscal ambiental que hay en España frente a la de los países del entorno.

 “En 2017, España logró recaudar 21.382 millones de euros en concepto de impuestos medioambientales, según el INE, y a pesar de ello permanece por debajo del promedio de los países OCDE”, ha advertido Ribera. “En porcentaje sobre el PIB esta cifra supone un 1,83%, lo que sitúa a España por debajo de la media de la Unión Europea (2,4%)”.

La fiscalidad ambiental, ha destacado Ribera, es una “asignatura pendiente y compleja” en España. “Los tributos que se han puesto en marcha bajo la etiqueta medioambiental han sido impuestos imperfectos que no definen ni se vinculan de manera directa a las externalidades ambientales negativas, que no tienen el alcance espacial adecuado, o que no lanzan las señales correctoras necesarias”, ha censurado.